Etiqueta: julio 18 2018

La Supersociedades emitió la Resolución 514-000549 de 2018, por la cual hace oficial el monto de la contribución del año en curso, a cargo de las sociedades vigiladas y controladas que se encuentren en condiciones normales de operación, así como aquellas que se encuentren en procesos de insolvencia, reorganización y/o liquidación.
Por lo anterior, dichas entidades sometidas a control y vigilancia por parte de la Supersociedades deberán pagar 14 centavos por cada $1.000 en activos, lo cual implica una disminución de 8,9 % frente a lo que se desembolsaba el año pasado, cuando la contribución era de 15,37 centavos por cada $1.000 de activos totales.
Por otro lado, en la presente normatividad se estipula que las sociedades sometidas al régimen de insolvencia deberán pagar la tarifa mínima, la cual equivale a un salario mínimo legal vigente ($781.242).

La Supersociedades, mediante el presente oficio, se pronuncia frente a la readquisición de acciones y el pago de utilidades, trayendo a colación el artículo 396 del Código de Comercio.
Después de analizada la norma, se concluye que la enajenación de acciones readquiridas debe corresponder a un contrato de suscripción de acciones, cuya naturaleza difiere de aquella que atañe al pago de utilidades; puesto que estas últimas corresponden a un pago proporcional a la parte pagada del valor nominal de las acciones, cuotas o partes de interés de cada asociado, por lo que la Supersociedades afirma que son figuras diferentes.

La Supersociedades, mediante el presente oficio, se refirió a la capitalización de la sociedad y a la colocación de acciones cuando los accionistas hayan renunciado estatutariamente al derecho de preferencia en el contrato social.
Por lo anterior, se precisa que el compromiso de futuras capitalizaciones debe estar previsto en los estatutos de la sociedad y, por ende, no es posible que la asamblea general apruebe un reglamento de emisión y colocación de acciones en el que de manera autónoma se imponga a los accionistas la obligación de suscribir otras acciones.
Por otra parte, la Supersociedades precisa que es obligación de la sociedad, por conducto de sus administradores, permitir a los accionistas el ejercicio del derecho de preferencia, salvo que, por estipulación estatutaria o por decisión de la asamblea general de accionistas, se disponga la emisión de acciones sin sujeción al derecho de preferencia.

La Supersociedades, mediante el presente oficio, se refirió a la posibilidad que tiene una persona natural no residente de realizar, mediante el mercado cambiario, un préstamo a una sociedad radicada en territorio colombiano.
Por lo anterior, la Supersociedades trae a colación el parágrafo 2 del artículo 44 de la Resolución externa n.° 1 del 25 de mayo de 2018 (expedida por la junta directiva del Banco de la República), por el cual se estipula que las personas naturales no residentes no podrán otorgar créditos en divisas a residentes colombianos ni a intermediarios del mercado cambiario. Adicionalmente, la entidad afirma que, si una persona natural no residente tiene la intención de realizar el envío de dinero a una sociedad, debe realizarlo por medio del envío de capital a la compañía.

La Supersociedades, mediante el presente oficio, se refirió a que las acciones son derechos patrimoniales que se extinguen por el trascurso del tiempo, cuando no se ejercitan los derechos concedidos. El plazo para que opere la prescripción no se encuentra reglamentado, pero se entiende que se extinguen ordinariamente por prescripción de largo tiempo, es decir, 10 años.
Por lo anterior, en el caso de que prospere la prescripción extintiva de los derechos de las acciones de los socios desaparecidos, se debe tener en cuenta lo estipulado en el Oficio 220-179538 de 2014, en el cual se plantea la alternativa de la disminución del capital social en una cuantía igual a la correspondiente a los títulos objeto de prescripción; caso en el cual la suma pertinente podría llevarse a la cuenta de pérdidas y ganancias.

El CTCP reitera que, cuando los recursos del fondo de imprevistos son exigibles, son reconocidos como ingreso en el estado de resultados, y una cuenta por cobrar en el estado de situación financiera. No obstante, si estos no son utilizados en el mismo período, pueden ser clasificados como una reserva dentro del activo.

La Supersociedades, mediante el presente oficio, reitera que la Ley 1700 del 27 de diciembre de 2013 reglamentó la actividad de comercialización en red o mercadeo multinivel. A su vez, prohíbe que se desarrollen ciertas actividades comerciales a través de la modalidad multinivel, como lo son: “(i) servicios o productos cuya prestación constituya la actividad principal de cualquiera de las entidades sometidas a la vigilancia de la Superintendencia Financiera, la (ii) venta o colocación de valores, incluyendo todos aquellos “mediante los cuales se capten recursos del público”, respecto de los cuales “primará la realidad económica sobre la forma jurídica al determinar si cualquier instrumento, contrato, bien o servicio que se ofrezca mediante actividades multinivel es, o no, un valor de naturaleza negociable” y los (iii) servicios relacionados con la promoción y la negociación de valores.”
Igualmente, hace alusión a la definición y manejo del bitcoin como moneda virtual, a la vez que advierte que la junta directiva del banco de la república y la superintendencia financiera han afirmado que las entidades vigiladas no tienen autorización para custodiar, invertir, intermediar ni operar con estos instrumentos, así como tampoco para permitir el uso de sus plataformas con el fin de realizar operaciones con monedas virtuales.

En virtud de lo establecido en los artículos 82 al 85 de la Ley 222 de 1995, le corresponde a la Superintendencia de Sociedades, la inspección, vigilancia y control de las sociedades comerciales.
Por lo anterior, toda sociedad operadora de libranza está sometida, como mínimo, a la inspección de la Supersociedades, lo cual implica la remisión de información sobre la situación jurídica, contable, económica y administrativa o sobre operaciones específicas de la misma, sin que pueda inferirse que dicha sociedad presenta irregularidades en su administración u operación.

La Supersociedades, mediante el presente oficio, se pronuncia frente a la terminación de los acuerdos de reestructuración y el cumplimiento de un fallo de tutela debidamente ejecutoriado.
Por lo anterior, la Supersociedades reitera que el artículo 35 de la Ley 550 de 1999 determina los eventos o causales y procedimientos para que la terminación del acuerdo de reestructuración de una sociedad pueda operar de pleno derecho y sin necesidad de declaracion judicial. Por otra parte, la Supersociedades se pronunció, estableciendo que, “frente al cumplimiento de un fallo de tutela debidamente ejecutoriado, será necesario poner en conocimiento del nominador del acuerdo, los pormenores por los cuales al parecer no se ha cumplido con las órdenes impartidas por el fallo de tutela, sin perder de vista la prelación del crédito, lo que determina el orden de pago de

El CTCP reitera que los hechos económicos deben documentarse mediante soportes, y deben adherirse a los comprobantes de contabilidad respectivos. Además, se deben conservar en orden cronológico, de tal manera que sea posible su verificación.

La Supersociedades, mediante el presente oficio, se refirió al nombramiento de liquidador por parte de esta en procesos de liquidación privada.
Por lo anterior, se reitera que se debe tener en cuenta que, previo al nombramiento del liquidador por parte de la entidad, se deben agotar los medios legales y estatutarios indicados para el nombramiento del liquidador.
Finalmente, la designación del liquidador, prevista en el artículo 24 de la Ley 1429 de 2010, se hará de conformidad con lo previsto en la reglamentación que el gobierno nacional se encuentra próximo a expedir.

La Supersociedades, mediante el presente oficio, se pronuncia frente a la aplicación del Decreto 667 de 2018, el cual regula el trámite sobre el registro del control ejercido por la persona natural accionista único, en una sociedad por acciones simplificada.
En efecto, la regulación del Decreto 667 de 2018 se refiere al trámite de la inscripción de la situación de control. Cabe resaltar que la cámara de comercio pertinente, donde se constituya la sociedad por acciones simplificada, inscribirá la situación de control en los casos de accionista único persona natural; la persona que se rehúse a inscribirse como controlante deberá manifestarlo en la constitución y por escrito, dirigiéndose a la Cámara de Comercio.