Etiqueta: junio 2 2017

Por la cual se establecen los requisitos para obtener autorización para actuar como agentes autorretenedores de rendimientos financieros y se adopta el trámite correspondiente para su aprobación.

Teniendo en cuenta que las federaciones deportivas y las operaciones que realizan no se encuentran exceptuadas de la obligación de expedir factura o documento equivalente, es obligación de estas cumplir con este deber legal, y para ello, deben incluir todos los requisitos de facturación del artículo 617 del ET y demás normas reglamentarias. Por otra parte, la DIAN señala que si existe la obligación legal de expedir factura, no es posible elaborar cuentas de cobro como equivalente de la misma, toda vez que la ley no las menciona taxativamente como documento equivalente, por lo que el mismo no tiene eficacia alguna para efectos tributarios. Cabe resaltar que la factura es el documento soporte de la operación comercial, y asimismo, la prueba de los costos y gastos en el impuesto sobre la renta, así como de impuestos descontables en el impuesto sobre las ventas, según lo establece el artículo 771-2 del ET.

Los artículos 10 del Decreto 1372 de 1992 y 1.3.1.1.3.7 del Decreto 1625 de 2016 excluyen la posibilidad de llevar como costo o gasto en la declaración de renta, el impuesto pagado en la adquisición de bienes muebles y servicios cuando el mismo debe ser tratado como descontable. Con esta prohibición se elimina la posibilidad de llevar el mismo concepto de manera concurrente en las declaraciones ventas y renta; de otra parte, circunscribe al impuesto sobre las ventas el concepto de impuesto descontable, que no puede cambiar su naturaleza de manera caprichosa, para tornarse como deducción en el impuesto sobre la renta. Así pues, en el respectivo ciclo económico en que se grava el licor tanto con el IVA del 5% como con el impuesto departamental al consumo, llámese frente al importador o productor, el impuesto departamental no hace parte de la base para liquidar el IVA, pero ya en los ciclos económicos posteriores que se genera el IVA y que dicho impuesto departamental de consumo ya generado hace parte del costo o gasto, si se genera el IVA sobre el valor total de la transacción.

El CTCP señala que las copropiedades están obligadas a llevar contabilidad, la cual debe ser adelantada por contadores públicos titulados con tarjeta profesional vigente, y al hacerlo, deben aplicar los nuevos marcos técnicos normativos compilados en el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, modificado por los Decreto 2496 de 2015, 2131 y 2132 de 2016.

Uno de los requisitos para poder acceder al beneficio establecido en el artículo 306 de la Ley 1819 de 2016 respecto a la terminación por mutuo acuerdo de los procesos administrativos, tributarios, aduaneros y cambiarios, es ls notificación previa a la entrada en vigencia de la citada ley de requerimiento especial, liquidación oficial o resolución de recurso de reconsideración.

Con respecto a los contratos de concesión de infraestructura de transporte, la DIAN señala que si fueron suscritos con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 1819 de 2016, las modificaciones introducidas al régimen del IVA por esta, no le son aplicables a los contratos de construcción e interventoría derivados de la mencionada concesión, aun cuando sean celebrados en el transcurso de los años 2017 y subsiguientes.

El parágrafo del artículo 32 de la Ley 675 de 2001 establece que para la facturación de los servicios públicos de las zonas comunes, la propiedad horizontal será considerada como usuaria frente a las prestadoras de servicios públicos domiciliarios; de igual manera, el artículo 80 de la misma ley dispone que las prestadoras de servicios públicos domiciliarios deben elaborar las facturas de cada inmueble. En consecuencia, es dable colegir que no se puede predicar la existencia de solidaridad entre la propiedad horizontal y los propietarios de las unidades habitacionales que conforman la copropiedad, ni para el pago de los servicios públicos a cargo de la prima, ni el pago de los servicios a cargo de los copropietarios.

En los nuevos marcos técnicos normativos no se hace distinción entre impuesto no recuperable o impuesto indirecto no recuperable, sin embargo, en criterio del CTCP, los impuestos no recuperables de forma directa o indirecta, son aquellos que no pueden ser descontados en la fecha de reconocimiento inicial de la transacción, como por ejemplo, el impuesto sobre las ventas en la adquisición de inventarios. Por otra parte, todos aquellos impuestos que no sean recuperables podrán ser capitalizados como mayor valor de la propiedad, planta y equipo, tales como los impuestos sobre las ventas, aranceles, legalización de importaciones, entre otros. Será responsabilidad de la entidad identificar los impuestos no recuperables de acuerdo con los requerimientos fiscales de la entidad, para determinar el efecto en el reconocimiento inicial de un activo (propiedad, planta y equipo).