Etiqueta: junio 5 2018

Las administradoras de pago o pasarelas de pago no son entidades vigiladas por la Superfinanciera, y prestan servicios de aplicación de comercio electrónico para almacenar, procesar y/o transmitir el pago correspondiente a operaciones de venta en línea. Sin embargo, en la norma se encuentran establecidos los estándares de seguridad para que dichas plataformas puedan prestar sus servicios a través de bancos y redes de pagos.
En consecuencia, la Superfinanciera, mediante la circular 008 de 2018, establece los mecanismos para la protección de la información de los consumidores financieros, que realizan operaciones monetarias a través de los servicios de las pasarelas de pago.
Las modificaciones realizadas a los canales, medios, seguridad y calidad en el manejo de información en la prestación de servicios financieros y realización de operaciones, así como a los soportes de las operaciones monetarias, comenzarán a regir a partir del 1 de diciembre de 2018.

Debido al auge de la digitalización de los servicios financieros y la manifestación en el uso de canales electrónicos, la Superfinanciera imparte nuevas instrucciones para la gestión del riesgo de ciberseguridad en las entidades vigiladas.
Dentro de los requerimientos que deberán cumplir las entidades vigiladas se encuentran el hecho de informar a los consumidores sobre los incidentes cibernéticos que hayan presentado, conformar una unidad que gestione los riesgos de seguridad de la información y la ciberseguridad, entre otros.
Con la presente circular se adiciona el capítulo V al título IV de la parte I de la Circular Externa 029 de 2014, el cual se titulará: “Requerimientos mínimos para la gestión del riesgo de ciberseguridad”. De igual manera, las instrucciones antes impartidas entrarán a regir dentro de seis meses.

El Ministerio de Hacienda adicionó un artículo al libro 2, parte 2, titulo 4, capítulo 1, sección 1, subsección 4 del Decreto 1082 del 2015, en lo relacionado con los términos para la verificación de los requisitos de los proyectos de inversión que se presenten al OCAD PAZ.
En la presente norma se ajustan los términos con que cuenta el DNP para efectuar la respectiva verificación de requisitos que la normativa del sistema general de regalías exige, por lo cual el DNP dispondrá de 15 días hábiles para emitir un concepto de verificación de requisitos de los proyectos presentados a la OCAD PAZ. A su vez, las entidades que presentan los proyectos, en caso de que se les solicite información adicional para que el DNP pueda adelantar la respectiva revisión de este, contarán con 4 días hábiles para remitir la respectiva información.

Con el Decreto 962, el Ministerio de Hacienda adicionó el título 11 a la parte 11 del libro 2 del Decreto 1068 del 2015, único reglamentario del sector, relacionado con normas de buen gobierno, aplicables a organizaciones de economía solidaria que prestan servicios de ahorro y crédito.
En la presente norma se regulan temas alusivos a la información para los asociados, convocatoria y políticas mínimas para la asamblea general, nombramiento de delegados; elección del consejo de administración o junta directiva; gerencia; junta de vigilancia o comité de control social; revisoría fiscal y conflictos de interés y transacciones con partes relacionadas, los cuales serán aplicables a las cooperativas de ahorro y crédito, las cooperativas multiactivas e integrales con sección de ahorro y crédito, y los fondos de empleados de categoría plena.

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público emitió el Decreto 960 de 2018, por el cual se adicionan disposiciones al Decreto 2555 de 2010 en lo relacionado con el sector de economía solidaria, que presta servicios de ahorro y crédito.
En la presente norma se incorporan los títulos 6, 7, 8, 9 y 10 a la parte 11 del libro 2 del DUR 1068 del 2015, donde se informa sobre la toma de posesión, la gestión del riesgo, los servicios prestados por medio de corresponsales, la captación por medio del ahorro contractual, y las normas prudenciales para las cooperativas financieras, cooperativas de ahorro y crédito, y las cooperativas multiactivas o integrales con sección de ahorro y crédito; entre otras disposiciones.

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público emitió el Decreto 960 de 2018, por el cual se adicionan disposiciones al Decreto 2555 de 2010 en lo relacionado con el sector de economía solidaria, que presta servicios de ahorro y crédito.
En la presente norma se incorpora el título 2 al libro 4 de la parte 2 del Decreto 2555 del 2010, donde se informa sobre las medidas preventivas en la toma de posesión, la posesión para administrar y la posesión para liquidar las cooperativas financieras, cooperativas de ahorro y crédito, y las cooperativas multiactivas o integrales con sección de ahorro y crédito; entre otras disposiciones.

El Consejo Técnico de la Contaduría Pública reitera que las empresas y sociedades que se creen con la participación exclusiva de una o varias empresas industriales y comerciales del Estado, se rigen por las disposiciones establecidas en los actos de creaciones y las disposiciones del Código de Comercio.

El Consejo Técnico de la Contaduría Pública reitera que los libros y papeles del comerciante deben conservarse por un período de 10 años, desde la fecha del último asiento, documento o comprobante.

Cuando los recursos del fondo de imprevistos son exigibles, son reconocidos como ingreso en el estado de resultados, y una cuenta por cobrar en el estado de situación financiera. No obstante, si estos no son utilizados en el mismo período, pueden ser clasificados como una reserva dentro del activo.

El Consejo Técnico de la Contaduría Pública, mediante el presente concepto, reitera que “El contador público deberá tener y demostrar absoluta independencia mental y de criterio con respecto a cualquier interés que pudiere considerarse incompatible con los principios de integridad y objetividad”. Por ende, las actuaciones del revisor fiscal deben estar alineadas con lo planteado en la ley.

l Consejo Técnico de la Contaduría Pública, mediante el presente concepto, reitera que el incumplimiento del pago de los honorarios del revisor fiscal, pactados en el contrato de prestación de servicios profesionales, da lugar a la interposición de las acciones judiciales que conduzcan al cobro de dichos honorarios.

La NIFF 16 – Arrendamientos es obligatoria para las entidades del grupo 1, a partir del 1 de enero de 2019. Así mismo, los principios, la fecha de aplicación y el período de transición, se encuentran plasmados en la parte A y B de la norma.