Un decreto del Ministerio de Hacienda resolvería el rifirrafe en la industria de los licores y vinos, y la Federación Nacional de Departamentos, por cuenta de los impuestos que pagan estos productos en el país.
Mientras en el primer cuatrimestre de 2016 las aprehensiones equivalían a 2.849 millones de pesos, a la misma fecha de 2017 van 1.098 millones. Antes no se escuchaba sobre contrabando de vino, hoy sí. El impuesto a las bebidas alcohólicas es de los más altos de la región, pero no se ven resultados.
La Federación de Departamentos fue clara en su concepto: la teoría de la nueva Ley de Licores aún es difícil de asimilar en las distintas regiones del país. Por ello, desde la entidad pedirán nuevas reglas de juego que permitan equiparar las cargas.
Mediante el artículo 20 de la Ley 1816 de 2016, correspondiente a la Ley de licores, se modificaron las tarifas del impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares.
Se trata de la Ley 1816 de 2016, que fija desde el 1º de enero del 2017 el régimen propio del monopolio rentístico de licores destilados. También se modifica el impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares.
Se espera que el Estado reciba 1,8 billones de pesos adicionales cuando el presidente Santos sancione la Ley de Licores. Según los críticos, la ley hará que se incremente el contrabando y, además, que se produzca un aumento desmedido en el precio de los licores.
Con la ley de licores se modifican los impuestos al consumo de licores destilados, vinos, aperitivos y bebidas similares, estableciendo reglas sobre cómo se introducen y producen licores en los departamentos, al tiempo que brinda mayor equidad para los productores nacionales.
La nueva Ley de Licores pese a algunos cambios sugeridos a última hora, fue aprobada tal y como la pasó en comienzo el Ministerio de Hacienda. Ahora, lo que sigue es la implementación de lo pactado en la sociedad nacional.