La actual situación de emergencia sanitaria, social y económica que se vive a raíz del COVID-19 ha propiciado nuevas condiciones laborales para muchos empleados, lo que supone un incremento en las novedades a reportar al sistema de seguridad social.
La Ley 1438 de 2011 señala que todo aquel que cumple con el principio de capacidad de pago queda obligado a cotizar a seguridad social, es decir, salud, pensión y ARL. No hacerlo implica quedar expuesto a la notificación de sanciones por la UGPP.