Etiqueta: octubre 12 2017

Como producto de las mejoras que conllevan los procesos de regulación originadas en la revisión interna de la Contaduría General de la Nación, en la retroalimentación de las entidades públicas y demás interesados, así como en el intercambio de experiencias con el Banco Mundial, con expertos internacionales y con organismos de regulación contable en diferentes países, se identificó la necesidad de ajustar las normas para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos económicos del marco normativo para entidades de Gobierno; por ello, la CGN expidió la Resolución 484 de 2017, con la cual modifica el anexo de la Resolución 533 de 2015 en lo relacionado con las normas para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos económicos del marco normativo para entidades del Gobierno, y el artículo 4 de la Resolución 533 de 2015.

El impuesto de industria y comercio recae sobre todas las actividades comerciales, industriales y de servicio (hecho generador) que se ejerzan o realicen en las respectivas jurisdicciones municipales (sujeto activo), directa o indirectamente, por personas naturales, jurídicas o por sociedades de hecho, así como consorcios, uniones temporales y patrimonios autónomos, de conformidad con el artículo 54 de la Ley 1430 de 2010 (sujeto pasivo), ya sea que se cumplan en forma permanente u ocasional, en inmuebles determinados, con establecimientos de comercio o sin ellos. Cabe señalar que la realización de actividades industriales, comerciales o de servicios, puede ser gravada con el impuesto de industria y comercio por los municipios, sin importar la naturaleza de la persona (natural o jurídica) que la realice, ni la existencia o no de un establecimiento de comercio; por tanto, dentro de esta posibilidad está la de gravar las actividades de prestación de los servicios públicos domiciliarios.

Ante la certeza del incumplimiento de los deberes formales y el deber sustancial del pago del tributo, los funcionarios competentes de las entidades territoriales podrán imponer las sanciones (en virtud del artículo 59 de la Ley 788 de 2002) previstas en el Estatuto Tributario Nacional con el posible ajuste o disminución acorde con la naturaleza de los tributos de la entidad territorial, caso en el cual se requiere acto administrativo expedido por la corporación que así lo establezca. En cada caso, corresponderá a la administración municipal verificar si se materializó el hecho sancionable y, establecer la no entrega de la información o, si se entregó, la forma en que se hizo, a efectos de verificar cuál es la sanción a aplicar.

El CTCP recuerda que los descuentos por pronto pago se deben llevar a la contabilidad como un menor valor, a menos que se trate de un período posterior, caso en el cual no habría otra opción que llevarlo como un ingreso.

Al participar en una licitación se deben presentar los estados financieros que cumplan con las normas legales vigentes, pues los lectores de estos deben evaluar la información en el contexto del marco técnico aplicable en cada caso, así los indicadores difieran como consecuencia del cambio de la base contable.

El CTCP es un organismo de carácter consultivo que tiene como misión responder a consultas en materia técnico contable; no, ejercer control o estadística acerca de las renuncias presentadas por contadores públicos a la posición de revisor fiscal.

Respecto a la información contable y financiera, el CTCP precisa que esta pertenece únicamente a la empresa, y el contador no puede apoderarse de la misma. Cabe señalar que todas las actuaciones de los contadores públicos deben estar enmarcadas dentro de los términos del Código de Ética compilado en el anexo 4 del Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015.

De conformidad con la Ley 44 de 1990 los municipios pueden establecer la declaración o liquidación privada del impuesto predial unificado, para lo cual la base gravable liquidada por el contribuyentes será el auto avalúo del predio que deberá atender los criterios contenidos en el artículo 14 de dicha ley; adicionalmente, con la entrada en vigencia del artículo 187 de la Ley 1753 de 2015, en la liquidación privada del impuesto los contribuyentes declarantes deberán tener en cuenta las bases presuntas mínimas que defina la administración municipal. Significa lo anterior, que para dar aplicación a lo establecido en el artículo 187 de la Ley 1753 de 2015, los municipios deberán adoptar la declaración privada del impuesto predial unificado, y los contribuyentes en general podrán optar por declarar el avalúo catastral vigente o el auto avalúo determinado a partir de las bases presuntas mínimas para cada año. En el caso de los contribuyentes cuyos predios carezcan de avalúo catastral fijado por la autoridad catastral, deberán auto liquidar su impuesto y determinar como base gravable el auto avalúo resultante de aplicar las bases presuntas mínimas que para cada año establezca la administración municipal.