Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
La nueva ley que regirá desde el primero de enero de 2017 contempla un cobro equitativo de $220 por grado alcoholímetro para los licores nacionales y extranjeros que se vendan en el país, a excepción de los vinos, más un 25% de impuesto sobre el valor final de cada licor y un 5% de IVA general sobre el precio al consumidor.
La ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Claudia Lacouture, afirma que gracias a la firma de la paz con las Farc el crecimiento del sector industrial en 10 años sería del 20%. En este mismo tiempo la inversión extranjera se triplicaría.
Mientras los comerciantes aseguran que aumentar los impuestos a los licores y a las bebidas azucaradas es propiciar el contrabando, la posición del Gobierno es la de brindarle beneficios y bienestar a la población, lo que no significa que se incrementará el contrabando.
El proyecto de la ley de licores ha despertado el malestar de importadores, productores, pero en especial del comercio, que ha mostrado su rechazo enfático al texto que es objeto de estudio.
Así lo expresó el Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, en la sesión de las comisiones conjuntas económicas del Congreso de la República. «Si algo tiene este proyecto de ley son más controles al contrabando de licores», dijo.
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