Etiqueta: semana 1 de enero

El articulo 454 del Estatuto Tributario contempla los requisitos para que los descuentos se detraigan de la base para la aplicación del IVA, haciendo alusión a que estos últimos no deben estar sometidos a condiciones. Por lo tanto, los descuentos condicionados, como lo son aquellos por pronto pago, no se reflejan en la factura, y forman parte de la base gravable del IVA.
Cabe resaltar que el Concepto 013716 de 2017 no es aplicable para aquellos compradores que dentro de la técnica contable no llevan una política generalizada de compra con descuento por pronto pago.

La Junta Central de Contadores expidió la Resolución 000-0003 del 2 de enero de 2018, con la cual fija los valores de los trámites y servicios de esta entidad para la vigencia 2018. Así, el valor de la tarjeta profesional de contador público expedida por primera vez es de $303.000, mientras que el valor de la tarjeta de registro profesional expedida por primera vez de las entidades que presten servicios de la ciencia contable asciende a $3.907.000; en cuanto a la matricula profesional y a la modificación de la tarjeta de registro profesional, tendrán un valor de $303.000 y $391.000, respectivamente. Así mismo, el certificado de vigencia y de antecedentes disciplinarios para contadores públicos tendrá un valor de $28.000, en tanto que el de las entidades que presten servicios de la ciencia contable tendrá un valor de $52.000.

El 30 de diciembre de 2017, el Ministerio del Trabajo expidió el Decreto 2270 con el cual fija a partir del 1 de enero de 2018 el auxilio de transporte al que tienen derecho los servidores públicos y los trabajadores particulares que devenguen hasta dos veces el salario mínimo legal mensual vigente, en la suma de ochenta y ocho mil doscientos once pesos ($88.211), que se pagará por los empleadores en todos los lugares del país, donde se preste el servicios público de transporte. Con esta norma se deroga el Decreto 2210 de 2016, el cual establecía el auxilio de transporte para el 2017.

En su calidad de Presidente de la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, la Ministra del Trabajo señaló, mediante certificación del 30 de diciembre de 2017, que el salario mínimo mensual legal vigente para el año 2018 se fijó de manera concertada en la suma de setecientos ochenta y un mil doscientos cuarenta y dos pesos ($781.242). Por lo anterior, el Ministerio del Trabajo expidió el Decreto 2269 con el cual queda establecido el valor del salario mínimo en la cifra antes mencionada, el cual rige a partir del 1 de enero de 2018.

Considerando que el artículo 365 de la Ley 1819 de 2016 dispuso como incentivo al incremento de los inversiones de exploración y explotación de hidrocarburos y exploración en minería, el otorgamiento de un Certificado de Reembolso Tributario –CERT– a los contribuyentes que incrementen dichas inversiones, el cual corresponderá a un porcentaje del valor del incremento, y que el parágrafo 1 del mismo artículo que el gobierno nacional debía reglamentar este incentivo teniendo en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: 1) los niveles de precios internacionales de referencia; 2) niveles de inversiones y 3) metas de reservas y producción. Por lo anterior, el Ministerio de Minas y Energía expidió el Decreto 2253 del 29 de diciembre de 2017 con el cual expide la reglamentación del incentivo al incremento de los inversiones de exploración y explotación de hidrocarburos y exploración en minería.

El 29 de diciembre de 2017, la Alcaldía de Santiago de Cali expidió la Resolución 4131.040.21.1614 con la cual establece los plazos para la presentación y pago de la declaración del impuesto de industria y comercio y su complementario de avisos y tableros del año gravable 2017, vigencia fiscal 2018, y los plazos para la presentación de la declaración y pago de las retenciones y autorretenciones en la fuente del impuesto de industria y comercio. Además, dicha resolución modifica el artículo 106 del Decreto 411.0.20.0259 de 2015 referido a la periodicidad bimestral para la presentación y pago de la retención y autorretención del ICA, quedando así: enero-febrero; marzo-abril; mayo-junio; julio-agosto; septiembre-octubre; noviembre-diciembre; y adiciona un parágrafo transitorio al artículo 17 de Acuerdo 0434 de 2017, con el cual indica que las retención y autorretenciones de ICA practicadas en el mes de diciembre de 2017, deberán ser declaradas y pagadas en el mes enero de 2018.

El 29 de diciembre de 2017, la Dian expidió el concepto unificado 001466 del 29 de diciembre de 2017 sobre el gravamen a los movimientos financieros – GMF (4 x1000). Con dicho concepto, la Dian explica las generalidades de este impuesto, el hecho generador, los sujetos pasivos, el momento en que se debe hacer la causación y la base gravable. Asimismo, hace precisiones sobre los agentes de retención en la fuente del 4×1000 las exenciones aplicables a este gravamen, así como la declaración y pago, y el régimen sancionatorio aplicable a este impuesto.

La DIAN expidió la Resolución 000072 del 29 de diciembre de 2017, con la cual establece los contribuyentes que deberán facturar electrónicamente, señalando que deberán cumplir con esta obligación aquellos que a la fecha de publicación de la misma y durante los 5 años anteriores a la citada fecha, hayan solicitado rangos de numeración para la factura electrónica de que trata el Decreto 1929 del 29 de mayo de 2007, compilado en el Decreto 1625 del 11 de octubre de 2016. Igualmente, precisa que los contribuyentes seleccionados que en el periodo comprendido entre el 1° de enero y el 31 de octubre del año 2017, hayan expedido mensualmente una cantidad de facturas de venta y/o documentos equivalentes, superior a tres millones ($3.000.000), contarán con un término adicional de 3 meses para iniciar la facturación electrónica, contados a partir de la vigencia de la resolución.

El artículo 1.7.1 del Decreto 1625 de 2016 señala que el reporte de conciliación fiscal forma parte de la conciliación fiscal, y que corresponde al informe de los saldos contables y fiscales en donde se consolidan y explican las diferencias que surjan entre la aplicación de los marcos técnicos normativos contables y las disposiciones del Estatuto Tributario. Igualmente, mediante el artículo 1.7.4 del Decreto 1625 de 2016, se facultó a la DIAN para que prescribiera el formato para el reporte de conciliación fiscal, labor que debía realizar a más tardar el 29 de diciembre de 2017. En cumplimiento de lo anterior, la DIAN expidió la Resolución 000073 de Diciembre 29 de 2017, con la cual prescribe el formato de reporte de conciliación fiscal para el año gravable 2017; dicha resolución se encuentra acompañada de dos anexos: el primero, corresponde al reporte de conciliación fiscal – Formato 2516, y el segundo, a la guía de diligenciamiento del mismo.

El artículo 1 de la Ley 1819 de 2016, modificó el título V del libro I del Estatuto Tributario en lo relacionado con la determinación del impuesto sobre la renta y complementario de las personas naturales residentes en el país, estableciendo un sistema de determinación cedular de la renta para las personas naturales, aplicable a las sucesiones ilíquidas, así: a) rentas de trabajo; b) rentas de pensiones; c) rentas de capital; d) rentas no laborales; y d) rentas de dividendos y participaciones. En consecuencia, ante la necesidad de reglamentar diversos aspectos de cada una de las cédulas, tales como: imputación de costos y deducciones, rentas exentas, entre otros, el Ministerio de Hacienda expidió el Decreto 2250 del 29 de diciembre de 2017 con el cual se reglamenta la parte I de la Ley 1819 de 2016, referente a esta materia.

Considerando que para efectos de la aplicación del artículo 32 del ET, modificado por el artículo 3 de la Ley 1819 de 2016, y el numeral 8 del artículo 290 del ET modificado por el artículo 123 de la Ley 1819 de 2016, se requiere reglamentar el tratamiento en materia del impuesto sobre la renta y complementario de los contratos de concesión y asociaciones público privadas –APP– y desarrollar el régimen de transición aplicable a los saldos de los activos pendientes de amortización a la entrada en vigencia de la Ley 1819 de 2016. El Ministerio de Hacienda expidió el Decreto 2235 del 27 de diciembre de 2017 con el cual adiciona el capítulo 25 del título 1 de la parte 2 del libro 1 del Decreto 1625 de 2016, para reglamentar esta materia.

Los compradores tienen el derecho de recibir información completa, veraz, transparente, oportuna, verificable, comprensible, precisa e idónea respecto a los productos y servicios que se le ofrecen. Por tanto, cuando se presente un incumplimiento de tales condiciones, la responsabilidad recaerá en cabeza de los productores y proveedores. Lo anterior no pretende otra cosa más que garantizar que los consumidores cuenten con los elementos de juicio suficientes que le permitan elegir entre la variedad de los bienes y servicios que se ofrecen en el mercado, y así adoptar decisiones de consumo razonables.