Etiqueta: semana 12 de junio

Los contratos que involucren actividades diferentes a las que se refiere la definición legal de obra pública, como el servicio de mantenimiento, pueden tratarse como contratos de prestación de servicios, evento para el cual la tarifa puede ser del 4% o el 6% dependiendo de las circunstancias del beneficiario del pago que puede ser declarante o no.

El Decreto 2364 de 2012, por medio del cual se reglamenta el artículo 7º de la Ley 527 de 1999 sobre la firma electrónica, no especifica cuáles son las consecuencias jurídicas que se derivan del hecho de que el firmante no cumpla con sus obligaciones, sin embargo, la consecuencia jurídica en caso de incumplimiento de las mismas y la configuración de perjuicios frente al receptor del documento, recaerá sobre el firmante dada su conducta omisiva.

Respecto a la remuneración de cargos directivos de contribuyentes pertenecientes al régimen tributario especial, la DIAN señala que, de acuerdo con el artículo 356-1 del ET, se pueden realizar pagos a fundadores, aportantes, donantes, representantes legales y administradores y sus vinculados, siempre y cuando correspondan a precios comerciales promedio, de acuerdo con la naturaleza de los servicios o productos objeto de la transacción.

La regla contenida en el parágrafo 2 del artículo 1.2.1.18.62 del Decreto 1625 de 2016 opera en doble vía, según la fluctuación de la TRM. Por lo anterior, si la diferencia en cambio es negativa, se presenta una aminoración del gasto por intereses al haberse revaluado el peso colombiano, que físicamente se traduce en la posibilidad de llevar una mayor proporción del gasto como deducible para efectos de la determinación del impuesto sobre la renta y complementarios, de acuerdo con la regla de subcapitalización.

La DIAN precisa que las personas jurídicas originadas en la constitución de la propiedad horizontal, exceptuando las de uso residencial, que destinen uno o varios de sus bienes o áreas comunes para la explotación comercial o industrial, gozarán de la exoneración de aportes parafiscales a favor del SENA, ICBF y cotizaciones al régimen contributivo de salud que trata el artículo 114-1 del ET, en la medida que se encuentra sometida al régimen ordinario del impuesto sobre la renta y complementarios. Si por el contrario no se destina uno o varios bienes o áreas comunes para la explotación comercial o industrial, o la persona jurídica se originó de la constitución de propiedad horizontal de uso residencial, es importante comprender que al pertenecer al régimen tributario especial del impuesto sobre la renta y complementarios, y no puede solicitar la exoneración de los aportes antes señalados.

Los bienes descritos en las subpartidas arancelarias 21.06.90.79.00 y 21.06.90.90.00 con un criterio residual, así como todos los bienes mencionados por el legislador sin consideración a su clasificación, y necesarios complementos alimenticios para ser suministrados vía enteral o alimentación enteral o por tubo, se encuentran excluidos del IVA.

El CTCP señala que al determinar el “gasto por intereses” para calcular el indicador de cobertura de intereses, que es requerido por el Decreto 1082 de 2015, la entidad deberá tener en cuenta que estos gastos están conformados por los conceptos mencionados en las normas técnicas y que son aplicables para las entidades clasificadas en los grupos 1 o 2. Para el Grupo 3, el entendimiento del concepto es similar en los tres marcos técnicos y la diferencia principal podría encontrarse en la forma en que se causan dichos rendimientos cuando se utiliza una base de costo histórico o una base de valores corrientes. Por otra parte, cabe señalar que en los estados financieros y en las notas, una entidad que aplique adecuadamente los principios contables deberá incluir la información necesaria sobre sus costos de préstamos incurridos durante un periodo, de tal forma que los usuarios de dichos estados puedan evaluar la capacidad de una entidad para generar flujos de efectivo y la gestión de los administradores.

La DIAN aclara que con la modificación realizada al primer inciso del artículo 147 del ET, efectuada por el artículo 88 de la Ley 1819 de 2016, quedó establecido que las sociedades pueden compensar las pérdidas fiscales con las rentas de los períodos siguientes, en el entendido de que la renta debe permitir la recuperación del patrimonio que se ha visto afectado por las pérdidas ocurridas en períodos anteriores. Dichas pérdidas se podrán compensar con las rentas ordinarias que se obtengan en los 12 períodos gravables siguientes, es decir, dentro de los 12 años siguientes a que sufra la pérdida fiscal. Por otra parte, la entidad indica que la figura de la compensación de las pérdidas fiscales es un mecanismo que imprime equidad y justicia al sistema impositivo de renta, a partir de la premisa de que la tributación de los sujetos debe medirse de acuerdo con la capacidad económica global, es decir, con base en la renta obtenida durante toda su existencia y no solamente en su composición anual; dicho de manera más simple, procura gravar en el tiempo la capacidad contributiva real de los sujetos.

La Corte Suprema de Justicia recuerda que los incrementos elevados en el ingreso base de cotización para el periodo a tomar, con incidencia en el cálculo del monto pensiones, son admisibles cuando guardan coherencia con los ingresos reales o efectivamente percibidos o devengados por el trabajador.

La DIAN señala que las entidades emisoras de tarjetas de crédito y/o débito son agentes retenedores del impuesto de renta, por lo que las mismas son las encargadas de efectuar la retención sobre todos los pagos o abonos en cuenta susceptibles de constituir ingreso tributario para los contribuyentes del impuesto sobre la renta. Sin embargo, de considerar el contribuyente, usuario de la entidad emisora, que la retención realizada fue excesiva o indebida por comprender pagos o abonos que no cumplen con las características de constituir ingreso tributario, deberá él mismo presentar solicitud escrita manifestando los hechos que configuran la retención excesiva o indebida, y acompañarla de las pruebas que demuestren el exceso, para que así el agente retenedor pueda reintegrar los valores retenidos en exceso o indebidamente, de acuerdo a lo estipulado por el artículo 6 del Decreto 1189 de 1988.

Mediante sentencia en la cual se resuelve la solicitud de anulación de los artículos 2 y 28 del acuerdo 024 del 7 de junio de 2005, expedido por el Consejo de Bucaramanga, y considerando que el Congreso de la República no ha expedido una ley que establezca las tarifas por la obtención de licencias de intervención y ocupación del espacio público en lo relacionado con las redes de servicios públicos, el Consejo de Estado señaló que las leyes 9 de 1989, 142 de 1994 y 388 de 1997 no consagraron la posibilidad de gravar el uso de vías públicas, ni el derecho al cobro de un tributo que compense los costos por servicios administrativos que deriven para la entidad pública respectiva. Así pues, precisa que el legislador no ha autorizado el cobro de tarifas o derechos por la expedición de las licencias para la ocupación o intervención del espacio público, sin que ello implique que las empresas prestadoras de servicios públicos no tengan la obligación de solicitar los permisos correspondientes para ejecutar sus actividades.

El incumplimiento de la obligación de llevar contabilidad conforme a los principios de contabilidad de general aceptación, puede generar las sanciones que están contempladas en el artículo 58 del Código de Comercio y en otras normas, como por ejemplo el artículo 655 del ET, además de impedir que la contabilidad pueda ser utilizada como medio de prueba para efectos legales. Por lo anterior, el estado de situación financiera debe elaborarse con saldos a 31 de diciembre de 2014.