Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
El 3 de enero de 2019, la Dian expidió la Resolución 000002 de 2019, por la cual establece que los grandes contribuyentes indicados en la Resolución 000010 de febrero 6 de 2018, y las personas naturales, jurídicas y demás sujetos que a la fecha de publicación de la presente norma y durante los 6 años anteriores a la citada fecha hayan solicitado rangos de numeración para la factura electrónica (sujetos indicados en la Resolución 000072 de diciembre de 2017), estarán obligados a facturar electrónicamente a partir de la vigencia de la presente resolución. A su vez, también estarán obligados a expedir factura electrónica quienes de manera voluntaria hayan optado por ser facturadores electrónicos a más tardar el 18 de enero de 2019.
En caso de impedimento, inconvenientes tecnológicos y/o de tipo comercial, el obligado a facturar electrónicamente podrá utilizar los sistemas de facturación previstos en la ley, siempre que los mismos cumplan con las condiciones y requisitos que regulan la obligación formal de facturar.
Según lo establecido en el artículo 2 del acuerdo 0434 de 2017, modificatorio del artículo 44 del Decreto extraordinario 411.0.20.0259 de 2015, la Dirección del Departamento Administrativo de Hacienda Municipal y la Subdirección de Impuestos y Rentas Municipales deben determinar anualmente las fechas en que deberá pagarse el impuesto predial unificado.
Por lo anterior, la Alcaldía de Santiago de Cali dio a conocer la resolución 4131.010.21.0003 de 2019, en la cual establece el calendario tributario para el pago del impuesto predial unificado por la vigencia fiscal 2019. Al respecto, cabe resaltar que a través del Decreto 4112.010.20.0807 de 2018 se determinaron los porcentajes de descuento por pronto pago para los contribuyentes de dicho impuesto.
La Junta Central de Contadores –JCC– dio a conocer la Resolución 000-1148 de 2018, por la cual fijó las tarifas para la vigencia 2019, correspondiente a los trámites de inscripción por primera vez, sustitución, modificación, duplicado, expedición de tarjeta profesional de Contador Público y tarjeta de registro profesional de las entidades que presten servicios propios de la ciencia contable.
Cabe resaltar que el valor de la tarjeta profesional del contador público se reajusta anualmente con el porcentaje en que se incremente el salario mínimo legal vigente. Por lo anterior, el valor de la misma se situó en $ 321.000 para la vigencia 2019, presentando un aumento del 6% en relación con la vigencia 2018.
El 19 de octubre de 2018 la Dian dio a conocer la Resolución 000051, por medio de la cual fueron establecidos los mecanismos de declaración y pago del impuesto sobre las ventas –IVA– para los prestadores de servicios desde el exterior. Para ello se requería prescribir el formulario para la presentación de dicha declaración para el año 2018 y siguientes.
Por lo anterior la Dian expidió la Resolución 000069 de 2018, por medio de la cual prescribió el formulario 325 en sus versiones inglés y español, para que los prestadores de servicios desde el exterior cumplan con sus obligaciones sustanciales y formales en materia de impuesto sobre las ventas –IVA–.
Cuando una entidad disminuya su patrimonio (resultados cumulados) por efecto de la corrección de un error realizado conforme al marco de información financiera aplicable, esto afectará su posibilidad de distribuir ganancias futuras, hasta que el monto de las pérdidas haya sido recuperado.
El CTCP concluye que legalmente la obligación de tener revisor fiscal es posterior a la obtención de la constitución y otorgamiento de la personería jurídica de la copropiedad.
El CTCP concluye que el hecho de que el revisor fiscal haya sido el contador público de la empresa matriz o controlante en el período anterior puede generar la existencia de amenazas para la aplicación de los principios del Código de Ética.
El acto de determinar quién debe firmar los estados financieros al cierre del ejercicio contable tendrá lugar de conformidad con lo acordado contractualmente entre el contador público y la respectiva entidad.
El CTCP concluye que el hecho de que el revisor fiscal de una Esal sea uno de los donantes de fondos podría representar una amenaza para la aplicación de los principios del Código de Ética, la cual podría no ser eliminada ni reducida a un nivel aceptable.
El CTCP concluye que las correcciones de períodos anteriores se deben hacer de forma retroactiva, salvo que se trate de una entidad clasificada en el grupo 3, en la cual se permite que el error sea corregido en el mismo período en que es detectado.
Dentro de los párrafos 31 a 37 de la sección 28 de la NIIF para Pymes se encuentran establecidas las directrices que se deben considerar para efectos del reconocimiento y medición cuando se da por terminado un contrato laboral.
El CTCP concluye que para el reconocimiento de los ingresos por venta de los bienes se considerarán los requerimientos contenidos en el marco técnico que sea aplicado por la entidad. Lo anterior, sin perjuicio de considerar la jerarquía normativa que está prevista en la sección 10 de la NIIF para Pymes.
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