Etiqueta: semana 22 de mayo

El Ministerio de Hacienda publicó un proyecto de Decreto con el cual se pretende ampliar el plazo para la inscripción del RUT de los contribuyentes del monotributo hasta el 31 de agosto del 2017. Lo anterior con el fin de que la Administración Tributaria pueda adelantar las jornadas de divulgación para la aplicación de las disposiciones contenidas en el Decreto 738 de mayo 8 de 2017 –Reglamentario del monotributo–, de tal manera que se facilite a los contribuyentes el proceso de formalización.

La mercancía industrial importada por un usuario altamente exportador por la modalidad de importación temporal a corto plazo, no cumple con el requisito previsto en el literal g) del artículo 428 del ET, toda vez que el beneficio tributario solo procede para la importación ordinaria.

El artículo 10 del Decreto 4334 de 2008 establece el procedimiento a seguir para efectos de la devolución del dinero de los afectados por la captación ilegal, en el cual el interventor deberá aceptar o rechazar la reclamación siguiendo los siguiente criterios: 1). Se atenderán todas las devoluciones aceptadas dividiendo por el número de solicitantes, hasta concurrencia del activo y hasta el monto de lo aceptado; 2). En caso de que sean puestos a disposición o aparezcan nuevos recursos, se aplicará el procedimiento anteriormente señalado para el pago de devoluciones aceptadas insolutas; y 3). En el evento en el que demuestre que se han efectuado devoluciones anteriores a la intervención a cualquier título, estás sumas podrán ser descontadas de la suma aceptada por el agente interventor. Cabe señalar que los criterios de devolución de los dineros y la imputación de los intereses previamente recibidos a las sumas que deben ser devueltas, son un asunto propio y exclusivo que debe definir el interventor de la sociedad.

El artículo 429 del Código de Comercio establece que si se convoca a la asamblea y ésta no se lleva a cabo por falta de quórum, se deberá citar a una nueva reunión que sesionará y decidirá válidamente con un número plural de socios cualquiera que sea la cantidad de acciones que esté representada, advirtiendo que la nueva reunión deberá realizarse no antes de los diez días ni después de los treinta contados desde la fecha fijada para la primera reunión. Cabe resaltar que, para que proceda la convocatoria de una reunión de segunda convocatoria, es indispensable que se haya convocado una primera reunión que no se realizó, por no haberse configurado el quórum deliberativo. Situación diferente es que, después de constituido de manera regular el máximo órgano social e iniciada la respectiva reunión, el quórum se desintegre a causa del retiro de los asistentes; en este caso, se deberá levantar el acta correspondiente teniendo en cuenta que las decisiones adoptadas válidamente surtirán todos sus efectos legales; adicionalmente, se deberá convocar una nueva reunión para someter a su consideración los temas de su competencia que no se hubieren tratado.

La Supersociedades precisa que la sociedad en proceso de liquidación voluntaria no está obligada a notificar a los acreedores del inicio del trámite de liquidación para que hagan valer sus acreencias, sino que el requisito de publicidad se satisface mediante la inscripción en el registro público administrado por la Cámara de Comercio y la publicación del aviso en un periódico que circule regularmente en el lugar del domicilio social, el cual también deberá fijarse en un lugar visible de las oficinas o establecimientos de comercio de la sociedad. Cabe señalar que, cuando una obligación cierta, clara y exigible no es incluida en el inventario de activos y pasivos de una sociedad en liquidación voluntaria, el acreedor presentar su acreencia ante el liquidador para que la incluya dentro del mismo, formular una demanda ejecutiva y solicitar la práctica de medidas cautelares para el pago de la misma, o adelantar contra el liquidador el proceso de responsabilidad a que haya lugar para el pago de los perjuicios derivados del incumplimiento de sus deberes.

El Ministerio de Salud señala que no hay normatividad que posibilite la devolución de los dineros provenientes de los descuentos de los aportes a salud realizados sobre mesadas pensionales retroactivas, puesto que estos son debidamente cotizados al Sistema General de Seguridad Social en Salud. Así pues, es claro que la obligación legal del pensionado, es la de cotizar sobre los recursos de las mesadas pensionales retroactivas, en especial si se tiene en cuenta que los aportes en salud tienen una destinación específica y un carácter parafiscal, es decir, que estos son de obligatorio pago y recaudo, independientemente de que se haya prestado o no el servicio de salud, por cuanto los mismos tienen por finalidad garantizar la prestación de los servicios de salud a la población más pobre y vulnerable.

En contratos de compraventa, la dación en pago entre la sociedad como acreedora y el accionista como deudor, deberá recaer sobre bienes distintos a las acciones de la compañía, pues de manera imperativa la legislación mercantil fija los casos en los cuales una sociedad puede readquirir sus propias acciones. Por lo tanto, aceptar como dación en pago, en favor de la sociedad las acciones de que es titular el accionista en la compañía implicaría un desacato legal, desconociendo el espíritu que le dio origen a la ley. Asimismo, precisa la Supersociedades, que la readquisición de acciones solamente se puede realizar recurriendo a las utilidades, en los términos del artículo 396 del Código de Comercio, norma de carácter imperativo y por ende, de obligatorio cumplimiento, lo que a su turno significa que no se puede llevar a cabo a través de ningún otro mecanismo previsto en la ley para la extinción de obligaciones, tales como la dación en pago o la compensación; aceptar estas figuras implicaría un desacato legal, desconociendo en esta forma el espíritu que le dio origen a la ley.

Solo gozarán del tratamiento de renta exenta aquellos proyectos cuyo valor en su conjunto, es decir, unidad habitacional y bienes muebles e inmuebles que prestan usos y servicios complementarios o conexos a esta, entre los cuales se encuentran los parqueaderos, depósitos, buhardillas, terrazas, antejardines, patios, o el correspondiente contrato de mejoras o acabados suscritos con el oferente o con terceros, no exceda los topes establecidos en la ley para este tipo de proyectos. Por consiguiente, los proyectos cuya unidad habitacional y servicios conexos o complementarios señalados en el parágrafo 1 del artículo 2.1.1.1.1.1.7 del Decreto 1077 de 2015 superen los topes máximos establecidos legalmente en salarios mínimos para vivienda de interés social y prioritaria, no tendrán el tratamiento de renta exenta de que trata la ley.

La DIAN aclara que cuando el literal b) del artículo 420 del ET consagra como hecho generador la cesión o venta de activos intangibles, la condiciona a aquellos que constituyen la propiedad industrial, más no a la cesión o venta del intangible que constituye el solo derecho de autor.

La DIAN aclara que para las rentas de las cédula de rentas de trabajo, la suma total de las deducciones a que se refiere el artículo 387 del ET y las rentas exentas establecidas en el artículo 206 ibídem, no puede superar el 40% del resultado de restar del monto del pago o abono en cuenta los ingresos constitutivos de renta ni ganancia ocasional imputables. Dicha limitación únicamente no aplicará en el caso en el caso del pago de pensiones de jubilación, invalidez, vejez, de sobrevivientes y sobre riesgos profesionales, las indemnizaciones sustitutivas de las pensiones y las devoluciones de ahorro pensional. En conclusión, las rentas exentas de licencia de maternidad y las incapacidades laborales están dentro del cálculo que se somete a la limitante del 40%.

La persona natural obligada a llevar contabilidad puede detraer los costos y gastos procedentes y debidamente soportados, de acuerdo con los artículos 26 y 107 del ET, para efectos de la determinación de la renta líquida por concepto de rentas de capital y de rentas laborales, sin que le sea aplicable el límite del 10% de que trata el inciso 2 de los artículo 339 y 341 del ET, pues el mismo esta diseñado para rentas exentas y deducciones que no tengan relación directa con la actividad productora de renta.

De acuerdo con el inciso 6 y el parágrafo 1 del artículo 580-1 del ET, las declaraciones del impuesto de renta de personas naturales que hayan sido diligenciadas virtualmente, correspondientes a los años gravables 2006 a 2015, se tendrán como presentadas siempre que haya ingresado a la administración tributaria un recibo oficial de pago atribuible a los conceptos y periodos gravables contenidos en dichas declaraciones.