Etiqueta: septiembre 21 2017

El 19 de septiembre de 2017 la Dian publicó un proyecto de resolución con la cual seleccionaría a unos contribuyentes para facturar electrónicamente.

La Superintendencia de Industria y Comercio precisa que las páginas web informativas que promocionan la publicidad de ciertos anunciantes o establecimientos de comercio se consideran como medios de comunicación al tenor de lo establecido en el artículo 30 de la Ley 1480 de 2011. Cabe señalar que, aunque la citada ley no impone una responsabilidad solidaria en cabeza de los medios de comunicación, estos si deberán responder en cuanto se demuestre que su comportamiento es doloso o gravemente culposo respecto de los perjuicios causados al consumidor y al cabo de un proceso judicial o administrativo en el que sean declarados jurídicamente responsables. La determinación del dolo o la culpa grave frente a los medios de comunicación deberá ser considerada en el marco de un proceso judicial o administrativo y luego del debate probatorio respectivo, por consiguiente, se insiste en que la responsabilidad en este caso es subjetiva y corresponderá al implicado comprobar que su comportamiento fue diligente y cuidadoso al momento de publicar la información del anunciante.

La Corte Constitucional precisa que, de acuerdo con el artículo 25 de la Constitución Política, todas las personas tienen derecho al trabajo en condiciones dignas y justas. Al respecto, señala que el acoso laboral (comportamiento que viola el derecho mencionado) constituye una práctica presente en los sectores público y privado mediante la cual de manera recurrente o sistemática se ejerce contra un trabajador actos de violencia psicológica, que incluso pueden llegar a ser físicos, encaminados a acabar con su reputación profesional o autoestima, agresiones que pueden generar enfermedades profesionales, en especial, “estrés laboral”, y que en muchos casos inducen al trabajador a renunciar. Entonces, en el acoso laboral suelen encontrarse presentes los siguientes elementos: 1) Asimetría de las partes; 2) Intención de dañar; 3) Causación de un daño y 4) Carácter deliberado, complejo, continuo y sistemático de la agresión.

La Supersociedades precisa que el objeto de la liquidación privada es la realización de los bienes del deudor para atender el pago del pasivo externo; así pues, los bienes destinados a ser distribuidos en especie podrán ser vendidos cuando los demás activos sociales sean suficientes para pagar el pasivo externo, y solo puede realizarse el pago del pasivo interno una vez el patrimonio social haya quedado depurado de todas las deudas a favor de terceros. Finalmente, aclara que de modo excepcional hay lugar al pago de anticipos a los asociados a cuenta de su cuota final de liquidación cuando resulte evidente que los activos sociales sobrepasan el monto del pasivo social, previsión cuyo objeto es no diferir inútilmente hasta el final de la liquidación el pago parcial de participaciones a los asociados o el reembolso de sus aportes cuando exista un sobrante de activos que no va a ser necesario para atender el pago del pasivo externo.

De acuerdo con el artículo 48 de la Ley 43 de 1990, el Contador Público no puede prestar servicios profesionales como asesor (empleado contratista) a personas naturales o jurídicas a quienes haya auditado o controlado en su carácter de funcionario público o revisor fiscal. Esta prohibición se extiende por el término de un año contado a partir de la fecha de su retiro del cargo.

La Dian precisa que el numeral 24 del artículo 476 del ET, adicionado por el artículo 187 de la Ley 1819 de 2016, que hace referencia a que el suministro de páginas web, servidores (hosting), computación en la nube (cloud computing) y mantenimiento a distancia de programas y equipos se encuentra exceptuado del IVA, no requiere reglamentación para efectos de su procedencia.

La Superservicios precisa que la regla general en materia de facturación es que esta se produzca con posterioridad al consumo, habida cuenta que este es el elemento principal del precio que se cobra al usuario, y que el mismo solo puede determinarse al momento de la lectura. No obstante, esta regla tiene dos excepciones: la primera, relativa a la posibilidad de acogerse a esquemas de medición y pago anticipado de servicios bajo la modalidad de prepago, partiendo de la base de que tanto prestador como usuario calculan la cantidad de kilovatios o metros cúbicos de agua o gas a consumir y el usuario los paga a un valor determinado por prestador, limitando su consumo a la cantidad prepagada, sin que exista la posibilidad de exceder el consumo por encima de la misma, salvo que se efectúe una nueva recarga; la segunda tiene que ver con la posibilidad de que se pacte el abono del valor del servicio contra la posibilidad de realizar pagos o recibir devoluciones dependiendo la facturación real de consumos.

Respecto a la solicitud de devolución de saldos a favor generados en las declaraciones de IVA de un contribuyente no obligado a presentar declaración de renta, la Dian precisa que es algo que escapa de la previsión legal y el tema debe ser tratado vía decreto reglamentario, pues interpretando la norma no es posible llegar a una solución efectiva.