El Ministerio del Trabajo ha implementado importantes modificaciones a las normas que regulan el trabajo penitenciario en Colombia. Estas reformas impactan directamente en la remuneración de las personas privadas de la libertad –PPL–, su afiliación a la seguridad social y la relación entre los centros penitenciarios y las entidades que requieren trabajar con personal recluso.
La Corte Suprema de Justicia puso en estudio, mediante el Auto AP3580-2016, la aplicabilidad de ejercer el derecho al trabajo de las personas que están condenadas a prisión domiciliaria frente a aquellas que cumplen condena en un centro carcelario y penitenciario.
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