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Un análisis realizado por Transparencia por Colombia identifica 184 casos de corrupción en regiones priorizadas para la construcción de paz en el país. Los actores implicados en estos hechos son en más del 54% autoridades elegidas por voto popular y funcionarios de administraciones públicas.

Cifras muestran que la corrupción es uno de los delitos más problemáticos para la estabilidad económica del país. La Secretaría de Transparencia publicó un informe que revela el funcionamiento de la corrupción en el país y la forma en que esta afecta a toda la estructura estatal.

Elisabeth Ungar, directora de Transparencia por Colombia, asegura que existe un uso excesivo de contratación directa en el Distrito y que está en deuda con la transparencia activa. Además, que el control interno en las entidades del Distrito es débil.

Elisabeth Ungar, directora de Transparencia por Colombia, confirma que los ministros del gabinete publicarán sus declaraciones de renta y bienes, lo que es un gesto de transparencia. De igual manera, se muestra preocupada por la demora en varias acciones con las cuales el Congreso de la República se había comprometido para combatir la corrupción.

Para Elizabeth Ungar Bleier, directora ejecutiva de Transparencia por Colombia, los planes de desarrollo que se formularán este año requerirán de información de calidad, pertinente y oportuna para una gestión eficiente y transparente que evite la improvisación, el retraso injustificado de obras y la pérdida de recursos públicos por culpa de la corrupción.

Las empresas, al momento de luchar contra la corrupción, deben reconocer sus debilidades y gestionar riesgos para prevenir, detectar y sancionar; lo que hace parte de una cultura de transparencia.

En Colombia se presenta un desequilibrio de fuerzas entre la rama Legislativa y Judicial en relación con la rama Ejecutiva. El Gobierno viene implementando medidas para combatir la corrupción, pero aún falta garantizar su efectividad.

La campaña de Transparencia por Colombia antes de la época electoral, el llamado del presidente Santos a tener mano dura contra miembros del poder judicial y la queja de Juan Ricardo Ortega porque no existe una legislación más dura frente a actos corruptos, son las más recientes manifestaciones de este flagelo a nivel nacional.