Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
Para Walter Ante, se requiere que las instituciones de la contaduría pública no estén politizadas.
Miembros del Tribunal Disciplinario de la JCC y el CTCP deben llegar por concurso de méritos.
A contadores y revisores fiscales se les debe practicar un examen, y deben demostrar horas de actualización.
Continuando con los aspirantes que participarán en las próximas elecciones del mes de marzo que buscan representar a la contaduría pública, presentamos la opinión de Walter Ante Potes, candidato a la Cámara de Representantes por el Valle del Cauca por el partido Nuevo Liberalismo – Centro Esperanza, número 111 en el tarjetón.
Él también participó en nuestro debate Contadores haciendo política para contadores.
La falta de respeto a nuestra profesión surge de la laxitud en la que ha caído la cultura moderna por el excesivo énfasis que hemos puesto a la libertad y los derechos de los individuos con el olvido de la responsabilidad y el deber como contraparte complementaria.
Esta actitud ha traído como consecuencia una mala interpretación de lo que significa la dignidad de la persona y su responsabilidad social, pilar fundamental del contador público. Me refiero a una interpretación generalizada de que nuestro individualismo es “sagrado”, de que al sentirnos dueños de nuestra propia manera muy personal de interpretar al mundo podemos criticar a quien sea y ridiculizar a la persona que represente cualquier autoridad.
Como estudiantes no respetamos las clases que imparten nuestros maestros y ejercemos nuestra profesión con prepotencia en función de nuestros privilegios, de la misma manera que nos sentimos con el derecho de no respetar normas, ni políticas, ya que las normas y las políticas fueron hechas con base en una autonomía de la conciencia.
Respeto significa responsabilidad hacia uno mismo y esto a la vez significa ser libre. El sentimiento moral es el respeto. No basta con ser honesto, debemos ser íntegros. La honestidad habla de lo que yo hago, la integridad habla de lo que yo soy. La honestidad habla de lo que yo digo, la integridad habla de lo que yo pienso. La honestidad habla de mis actos públicos, la integridad habla de lo que yo hago aunque nadie me esté viendo.
Por lo anteriormente expuesto, propondré que los miembros del tribunal disciplinario de la Junta Central de Contadores lleguen por concurso de méritos, que tengan ocupación exclusiva; por ende, que estén debidamente remunerados.
De igual manera, que el director de la Junta Central de Contadores llegue por concurso de méritos, que tenga ocupación exclusiva; por ende, que esté debidamente remunerado. Que los miembros del Consejo Técnico de la Contaduría Pública lleguen por concurso de méritos, que tengan ocupación exclusiva; por ende, que estén debidamente remunerados. Que no se fusionen estas entidades y menos con la Contaduría General de la Nación.
Para lo anterior se requieren instituciones no politizadas, que los dignatarios de nuestras instituciones sean profesionales y técnicos demostrados que den ejemplo con su actuar íntegro y proceder probatorio.
No veo la participación masiva de la comunidad contable, somos más de 270.000 contadores y creo que ni el 0,1 % ha participado; y de esos, ni la décima parte “han empujado un lápiz” en su vida; es decir, la mayoría son docentes de las universidades del país, con gran experiencia en la academia, pero nula o muy poca en la aplicación.
Modernizar implica hacer cambios sustantivos desde la base. A medida que la automatización y la tecnología continúen impulsando modelos de negocio cambiantes, el papel de los contadores públicos y revisores fiscales deberá evolucionar y adaptarse rápidamente.
Mi propuesta va dirigida a concertar, pero no como se ha hecho hasta ahora. Entender y tomar ventaja de la disrupción requiere promover el diálogo sobre el mercado total alcanzable de la profesión en Colombia, que es una manera de ver la medida de profesión por los encargos requeridos de contadores y revisores fiscales. Las predicciones del futuro de los trabajos muestran que el mercado total para la profesión contable disminuirá, suponiendo que la profesión no tome medidas. Por eso la modernización de la profesión debe responder: ¿de qué manera podemos hacer crecer nuestro mercado total? ¿Qué acciones podemos tomar hoy para incrementar nuestro mercado total para mañana?
Se debe preparar una profesión que esté lista para el futuro. La academia debe dejar de ser el escampadero de profesionales desempleados que no tienen vocación de maestro. El Ministerio de Educación debe reparar en el proceso que está entregando registro calificado a programas de contaduría pública obsoletos y vetustos que no permiten alistar para el mercado contadores públicos capaces, preparados para el futuro, que propendan por actualizarse permanentemente, crecer profesionalmente y aseguren el mercado.
De igual forma, apoyar la adopción e implementación de Estándares Internacionales de alta calidad, así como exigir la habilitación para revisores fiscales con una periodicidad de 3 años para contadores públicos que actúan en interés público cada 5 años. Que se les practique un examen y se les exija demostrar horas de actualización y estudio.
Finalmente, crear una colegiatura. Hoy en Colombia existen más de 75 asociaciones de contadores públicos, politiqueras y politizadas internamente, sin posibilidad de subsistir; lo que es peor, sin aplicar los marcos normativos actuales. Debe existir una sola y, cuando esto pase, se debe hacer cargo de administrar la profesión y guiarla técnicamente.
Ni son viables, ni son sensatos. Los contadores públicos somos garantes de la confianza pública. Una contaduría pública fortalecida hará crecer más y mejor al país. Los países más sostenibles y económicamente más grandes cuentan con profesionales de la contaduría pública cumplidores de su deber y responsables socialmente.
Son profesionales íntegros, abocados, rectos, decentes, correctos, con excelentes remuneraciones, a partir de su reconocimiento como personas y profesionales a carta cabal. Los legisladores quieren transparencia y crecimiento de las regiones y el país, entonces, deben apoyar mi proyecto de ley para actualizar y modernizar la profesión.
El ejemplo no es la mejor forma de enseñar, es la única. Espero que mi labor sea la razón, y mi comportamiento y actuación sean referentes para que más contadores públicos incursionen en estas lides.
Pero que quienes lleguen sean dolientes de la profesión. Que quienes lleguen no sigan politizando esta hermosa profesión. Ya es aberrante lo que viene pasando desde finales de 2019 para que otros lleguen a terminar de hundirla. Se requieren contadores que sumen, que trabajen de verdad por el bien común y no para favorecer a unos cuantos.
El mundo entero está encaminado hacia la mejora de la preparación y presentación de reportes financieros. La sostenibilidad y la sustentabilidad no pueden quedarse en hacer lo mismo de siempre como siempre se ha hecho. El cambio que yo represento debe quedar como un legado para que futuras generaciones que se lancen propendan por un mejoramiento continuo, en realidad y de verdad.
¿Es que han pasado contadores públicos por el Congreso? Pareciera que no. A duras penas sé que han promovido y/o apoyado algunas reformas tributarias, favoreciendo únicamente a algunos en Colombia. Son lamentables sus paupérrimas actuaciones relacionadas con la profesión.
Hablando de reformas tributarias, sin contar cambios provenientes de decretos y otras figuras normativas (particularmente los de la pandemia) en Colombia en este siglo se han hecho más de 13 reformas tributarias, no entiendo por qué los “colegas” no han liderado alguna que sea estructural.
Documentándome con los trámites que han hecho por la Cámara y el Senado, no veo un solo aporte en este sentido, ni siquiera una discusión. Terrible. Voy a liderar la actualización y modernización de la profesión, y la reforma tributaria estructural que el país requiere.
Para mí el peor cáncer que padece nuestro país es que no hay justicia. En Colombia se habla mucho de la mal llamada politización de la justicia. Se critica a una justicia corrupta, clientelista e ineficiente, y se sueña con una justicia apolítica, independiente y transparente.
Pero si existiera una causa única de nuestra crisis, no sería la politización de la justicia, sería la politiquería. El problema en Colombia no es que la justicia sea política, es que muchos de sus miembros usan los poderes constitucionales de sus cargos para fines muy distintos de aquellos previstos en la Constitución. La justicia por diseño constitucional es y tiene que ser política. La justicia es el contrapeso del ejecutivo y el legislativo, y eso es político. Las cortes pueden declarar inexequibles actos legislativos y ejecutivos, y eso es político. La Procuraduría vigila el comportamiento de los funcionarios, y eso es político. La Fiscalía vela por el cumplimiento de las leyes penales y goza del principio de oportunidad, y eso también es político.
No es diferente en nuestra profesión, llegan a ser directores de la Junta Central miembros del Tribunal Disciplinario y del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, colegas que ni a un concurso de méritos han aplicado. Existen amplias oportunidades en otros cargos del estado y en el sector privado para exaltar sus capacidades, que a todas luces no son técnicamente comprobadas.
La justicia al igual que nuestra profesión tienen que ser políticas, pero no pueden estar llenas de políticos y protervos dedicados a la politiquería.
Hace 4 años escuché a un candidato decir que se crearía la Superintendencia Nacional de Reportes, que tendría como función vigilar, inspeccionar y controlar, recibir y acopiar los reportes de propósito especial. Voy a promover una ley con la que se origine esta Superintendencia.
Adicionalmente, que, para el propósito especial, con objetivo de supervisión solo exista un reporte y este solo destinatario. De ese repositorio de estados financieros pueden abastecerse las cámaras de comercio y otros entes del Estado. Siendo este un marco de cumplimiento, no es el mismo que el de propósito tributario.
Que el proyecto de la Dian, el de contabilidad electrónica, se consolide y entre en vigor a la mayor brevedad, para que, como en Brasil, México y países de Europa Occidental, la carga operativa de los impuestos sea del Estado. Esto debe articularse con la bancarización.
Para las entidades del grupo 3 el propósito general y el propósito tributario serán el mismo, a menos que la entidad desee emitir información financiera bajo un modelo de representación fiel, por lo que deberá instalarse como del grupo 2 y aplicar el anexo 2 del DUR 2420 de 2015. Las entidades del grupo 1 y el grupo 2 seguirán preparando y emitiendo información financiera y no financiera de propósito general utilizando los marcos técnicos normativos actuales.
Fundada en el año 2000 con la misión de “elevar el nivel profesional del Contador Público”
