Trámites contables y financiación de la JCC, dos temas que son sinónimo de polémica
Jeisson Ramírez dice que falta un gremio que cuestione los cambios de la profesión, como el costo de los trámites.
Wilmar Franco indica que tarifas cobradas deben estar alineadas con los estudios de costos.
Flor Quiroga dice que financiación de la JCC no debería corresponderle a la profesión contable.
Jeisson Ramírez dice que falta un gremio que cuestione los cambios de la profesión, como el costo de los trámites.
Wilmar Franco indica que tarifas cobradas deben estar alineadas con los estudios de costos.
Flor Quiroga dice que financiación de la JCC no debería corresponderle a la profesión contable.
Para Jeisson Ramírez Morales, contador público y representante legal de Touché Asesores SAS, certificado por ACCA en NIA, falta un gremio más articulado que cuestione permanentemente los cambios que se introduzcan en la profesión, incluyendo los costos de los trámites.
«En nuestra profesión todo pasa y nada pasa, es decir que, si el día de mañana dicen ‘vamos a aumentar el costo de la tarjeta profesional’, pocos saldrán a cuestionar por qué, y la mayoría simplemente pagarán. Existen otros gremios como el de los médicos y abogados donde los profesionales se manifiestan mucho más respecto de estos temas», indica en diálogo con Actualícese.
Sin embargo, hay un aspecto que se considera positivo del costo de los trámites. En ocasiones permite controlar la cantidad de oferentes, como pasa con el costo del registro de las firmas prestadoras de servicios contables, cifra que al año 2020 asciende a $4.302.000.
Este registro, aunque solo se paga una vez, no todos están dispuestos a pagarlo, por lo que muchos optan por prestar servicios contables como persona natural y no constituir persona jurídica.
«Lo que quiero decir es que, en este caso, al existir una barrera para entrar en el mercado, se controla hasta cierto punto la cantidad de firmas prestadoras de servicios contables, y de cierta manera se regulan un poco los precios de dichos servicios desde la oferta», advierte.
Responsabilidad es de la JCC
Wilmar Franco Franco, presidente del Consejo Técnico de la Contaduría Pública –CTCP–, afirma que le corresponde a la Junta Central de Contadores –JCC– realizar gestiones relacionadas con los precios de los trámites de la profesión, por cuanto las tarifas cobradas deben estar alineadas con los estudios de costos realizados.
“El ajuste de los costos por la expedición de certificaciones y de registro afectará en el futuro los ingresos de la JCC, y por ello se deben buscar otras formas de financiamiento de este organismo, al igual que su fortalecimiento institucional”, indica en entrevista con Actualícese.
Sobre los altos costos que tienen que pagar los contadores por diversos trámites, el consejero del CTCP, Leonardo Varón García, explica que actualmente la JCC tiene una visión de captar recursos, lo cual no es una función de este tipo de entidades.
«Definitivamente los costos deben racionalizarse. Las tarjetas profesionales deben ser virtuales (es decir, solamente un registro), el certificado de antecedentes disciplinarios debe ser gratuito y, en general, la entidad debe reducir su apetito burocrático y reducirse a lo necesario», afirma en Actualícese.
Flor Stella Quiroga Mora, presidente nacional del Colegio de Contadores Públicos de Colombia –Conpucol–, explica que la Junta Central de Contadores se financia de los cobros que efectúa a los contadores o a las empresas prestadoras de servicios contables por trámites diversos que estos realicen.
El tema es que la JCC es un ente del Estado cuya financiación debería corresponderle al Estado y no a la profesión contable.
«Ahora, me parece que vale la pena que se revise de fondo mediante un muestreo comparativo de mercado», comenta en Actualícese.
Óscar Darío Morales, contador público y quien fuera miembro de la comisión de expertos que entregó recomendaciones sobre la reforma tributaria 2016, piensa que el tema de los altos costos en los trámites correspondientes a la profesión contable tiene lugar para hacer el debido reclamo al Ministerio de Comercio, entidad que los controla.
«No tienen ninguna justificación», afirma en Actualícese.