¿Qué puede hacer una empresa que por su estructura organizacional no tiene cómo realizar el proceso de reubicación de un trabajador que tiene restricción médica?

La Corte Suprema de Justicia fijó límites a la sanción de 180 días de salario establecida en la Ley Clopatofsky para el trabajador que sea despedido en estado de discapacidad o de debilidad manifiesta, cuando ocurra que el empleador aduzca una justa causa para terminar el vínculo laboral.

Si un trabajador requiere de un tratamiento especial, como el cambio de ciudad dada una patología por la que se encuentra en período de incapacidad o afectado por una discapacidad, el empleador debe garantizar las condiciones de reubicación para el pronto restablecimiento de su salud.

¿Puede ser despedido un trabajador por esta incapacitado en reiteradas ocasiones?

El contrato de obra o labor determinada no exonera al empleador de respetar y garantizar todos los derechos que se generan en la relación laboral. En todo caso, no podrá finalizar el vínculo laboral con un trabajador en condición de debilidad manifiesta o discapacidad sin la previa autorización.

Como consecuencia de un accidente de tránsito o un evento catastrófico de origen natural que lesione la integridad de cualquier persona, se aplica el pago de una indemnización por pérdida de capacidad laboral, en armonía con lo estipulado en el Decreto 780 de 2016.

El empleador que requiera la autorización del Ministerio de Trabajo para despedir a un trabajador en condición de estabilidad laboral reforzada debe garantizar inicialmente el debido proceso respecto de la reubicación en un puesto de trabajo que se ajuste a sus condiciones.

La Corte Constitucional establece protección especial a los trabajadores en situación de debilidad manifiesta. Para despedir a un trabajador incapacitado, el empleador debe solicitar la autorización previa ante el inspector del trabajo, de lo contrario será sancionado conforme a la Ley 361 de 1997.

Las recomendaciones y restricciones médicas derivadas de una incapacidad tienen la finalidad de rehabilitar la salud del trabajador, deben darse a conocer de manera inmediata al empleador y este, a la finalización de las incapacidades, está obligado a reincorporar y reubicar al trabajador, si es necesario.

Cuando un empleador decide dar por terminado el contrato de un trabajador que sufrió accidente de trabajo, ya sea porque olvida el estado de debilidad manifiesta o no le interesa si este se encuentra en condiciones físicas que le impiden reincorporarse a sus labores

Muchos trabajadores acuden a profesionales no adscritos a su EPS para ser atendidos, el problema de esta actuación radica en que la entidad promotora de salud no reconoce la incapacidad y como consecuencia de ello se presentan diferencias entre empleador y trabajador.

Todo empleador debe entregar a sus trabajadores que devenguen hasta 2 salarios mínimos una dotación cada 4 meses. Sin embargo, si durante dicho período el trabajador estuvo incapacitado por más de 1 mes, el empleador no está obligado a realizar la entrega.

Ministerio del Trabajo. Aclaración sobre la entrega de dotación de calzado y ropa de trabajo adecuada a la labor que el trabajador desarrolla.

Tenga en cuenta que el pago de incapacidades por enfermedad general y ARL son auxilios que permiten sustituir el salario del trabajador cuando este se ausenta de sus labores y no suspenden la relación laboral.

Tenga en cuenta que las incapacidades laborales no suspenden la relación laboral ni tampoco las acreencias que de esta se desprenden; la provisión de las prestaciones sociales se efectuará así el trabajador se encuentre incapacitado.

Antes de la Ley 1753 del 2015 existía un vacío normativo sobre quién era el responsable de asumir el pago de las incapacidades de origen común superiores a 540 días y en muchos casos nadie realizaba el pago quedando la persona desprotegida. No obstante, con dicha ley esa obligación recayó en cabeza de las EPS.

Ministerio de Salud y Protección Social. Retroactividad y prorroga de incapacidades.

Corte Constitucional. Reconocimiento de la pensión de invalidez por vulneración de los derechos fundamentales a la igualdad, al mínimo vital y al debido proceso.

El empleador no puede omitir el pago de aportes parafiscales así su trabajador se encuentre incapacitado; dicha obligación es inalienable. Sin embargo, este pago se realiza sobre la nómina mensual, la cual según la Ley 21 de 1982 corresponde a los pagos realizados por salario y descansos remunerados.

Los trabajadores en situación de incapacidad cuentan con una estabilidad laboral reforzada, la cual obliga a su empleador a pedir autorización al Inspector de Trabajo para finalizar el contrato. Mientras exista dicho vínculo el empleador está obligado a pagar los aportes correspondientes al sistema de salud.