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En la preparación y presentación de la declaración de renta de las personas jurídicas, correspondiente al año gravable 2019, se deberán tener en cuenta los grandes cambios que en su momento se introdujeron con la Ley 1943 de diciembre 28 de 2018.

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En la preparación y presentación de la declaración de renta de las personas jurídicas correspondiente al año gravable 2019 se deberán tener en cuenta los grandes cambios que en su momento se introdujeron con la Ley 1943 de diciembre 28 de 2018.

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En la preparación y presentación de la declaración de renta de las personas jurídicas correspondiente al año gravable 2019 se deberán tener en cuenta los grandes cambios que en su momento se introdujeron con Ley 1943 de diciembre 28 de 2018.

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Toda persona que cuenta con una vinculación legal, contractual o reglamentaria se encuentra obligada, según el monto de sus ingresos, a cotizar al sistema de seguridad social.

A continuación hacemos un repaso de los aspectos generales enfocado en los trabajadores independientes.

Dando cumplimiento a las disposiciones del numeral 1 del artículo 20 de la Ley 43 de 1990, la Junta Central de Contadores –JCC– ha llevado a cabo, hasta el día de hoy, visitas in situ a los contadores públicos independientes y firmas de contadores, con el objetivo de verificar, en primera instancia, el cumplimiento de la Norma Internacional de Control de Calidad –NIIC 1– y el Código de Ética del IESBA.

Desde ahora, la implementación del sistema electrónico con validación previa será una obligación ineludible para los facturadores colombianos. Este sistema ha sido creado con el fin de establecer una medida de control y seguimiento a las operaciones comerciales desarrolladas dentro del territorio nacional.

Si bien el primer paso para crear empresa consiste en definir una idea de negocio que contenga una propuesta de valor y determinar su relación con aspectos como el mercado, el segmento objetivo de clientes, el desarrollo innovador del producto o servicio a ofrecer y los factores económicos y financieros que se desprenden del proyecto –todos aspectos que debe definir el emprendedor antes de tomar la decisión de crear empresa en Colombia–, se requiere también del cumplimiento de algunos requisitos de carácter tributario, comercial, laboral y contable que no se pueden obviar.

Como es de amplio conocimiento en el gremio de los contadores públicos y en el de los abogados, luego de dos años de la aprobación de la reforma tributaria estructural contenida en la Ley 1819 de 2016, el Gobierno actual promovió una nueva reforma, a la que denominó “Ley de financiamiento” (Ley 1943 de 2018).

Como es de conocimiento general en el ámbito de los contadores públicos, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público expide anualmente el decreto de plazos para la presentación y pago de los diferentes impuestos nacionales, documento que pretende constituir un derrotero para que los contribuyentes den cumplimiento a sus obligaciones formales y sustanciales.

El cierre contable, como procedimiento operativo que se lleva a cabo al interior de los departamentos de contabilidad en las entidades, no ha sido objeto de variaciones con ocasión de la expedición de normas recientes; es decir, la técnica de cierre sigue operando de la misma manera.

El advenimiento de nuevas tecnologías y formas de incorporarse en el mercado hacen que distinguirse de la competencia sea cada día más difícil para las entidades que realizan ingentes esfuerzos por ocupar un lugar importante en la memoria de clientes y/o usuarios (top of mind).

Hablar de aspectos formales en el ámbito del derecho consiste en hacer referencia
a ciertos procedimientos y trámites que deben surtirse para dar cumplimiento a determinada obligación u objetivo.

Pese a que el requerimiento del cálculo del impuesto diferido ha estado presente desde la aplicación del anterior marco técnico normativo (Decreto 2649 de 1993), con el advenimiento y la aplicación de los Estándares Internacionales (incorporados en el DUR 2420 de 2015 y sus decretos modificatorios) este ha sido un tema que ha suscitado un gran reto para los profesionales contables.

Las asociaciones, fundaciones y corporaciones constituidas como ESAL ostentan la categoría de contribuyentes del impuesto sobre la renta en el régimen ordinario (artículo 19 del ET, modificado por el artículo 140 de la Ley 1819 de 2016), con la exigencia de cumplir los requerimientos inherentes a esta obligación, salvo que soliciten ante la administración tributaria su calificación como contribuyentes del RTE, y además, cumplan los requisitos señalados en la norma.

A través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el gobierno nacional aprobó el Decreto 1951 de 2017, por medio del cual se establecieron las condiciones para que los contribuyentes den cumplimiento a las diferentes obligaciones tributarias en el año 2018, entre ellas, las declaraciones de renta de personas naturales, que tendrán lugar entre agosto y octubre del año en curso.

Uno de los temas de mayor trascendencia al respecto de la construcción y consolidación del individuo contemporáneo es el trabajo. Trabajar supone no solo la ejecución de ciertas actividades con fines lucrativos y de sostenimiento, sino también la puesta a prueba del sujeto consigo mismo y con la sociedad de la que hace parte y lo reclama como una figura necesaria para su sostenimiento y modelación.

Todas y cada una de las sociedades comerciales cuentan con características específicas en torno a su constitución, transformación, responsabilidades de sus propietarios, estructura de su patrimonio, entre otras muchas particularidades que conforman a cada uno de los diferentes entes societarios. Sin embargo, existe una verdad innegable que les aúna: el deseo común de obtener el máximo beneficio. Para ello, se integran esfuerzos, dinero, conocimiento y todo lo necesario para la adquisición y posterior reparto de utilidades o ganancias entre los socios o accionistas.

Un contrato es un acuerdo privado suscrito generalmente entre dos partes, bien sea de forma verbal o escrita, con el objetivo de establecer las obligaciones puntuales sobre un asunto específico que compete a quienes lo pactan, así como el valor y la forma de pago, las penalidades por su incumplimiento y la forma en la que las partes pueden dar por terminado la relación contractual.

Una vez establecido el calendario tributario mediante el Decreto 1951 de 2017, a través del cual se determinaron los vencimientos de los impuestos nacionales para el año en curso, se trazó un derrotero a seguir para muchos contadores públicos, en especial, para aquellos cuyas labores se enmarcan en el ámbito tributario.