En la plenaria del Senado se instaló una urna de votación para que los congresistas decidan si están dispuestos o no a bajarse su sueldo.

La reducción del salario de los congresistas fue una de las propuestas que se planteó en la consulta anticorrupción.

El primer proyecto buscaba congelar dichos salarios.

Al proyecto solo le resta el estudio de la plenaria de la Cámara de Representantes para que luego pase a sanción presidencial. Servidores públicos tendrán que publicar sus declaraciones de renta y bienes.

Tres proyectos de los siete que se presentaron en la consulta anticorrupción ya se cayeron. Solamente dos tienen el visto bueno. El resto, podría decirse que están entre el sí y el no. En marzo del 2019 se continuaría con su discusión. La corrupción debería verse desde la enseñanza ética.

Votamos para que los congresistas se vieran obligados a hacer públicas su declaración de bienes y patrimonio, y así identificar los efectos que generan posibles irregularidades detectadas a partir de las declaraciones. Todo indica que solo los órganos de control tendrían acceso a esta información.

El único que se salvaría sería la eliminación de los privilegios para los corruptos. Muchos congresistas han manifestado que están impedidos para votar porque, por ejemplo, no pueden decidir sobre su propio salario. Antes del 16 de diciembre iniciativas deben superar los 4 debates.

Dentro de las iniciativas presentadas se busca que el salario de los congresistas y altos funcionarios del Estado tengan un tope, y que los funcionarios condenados por delitos que afecten el patrimonio del Estado, delitos dolosos contra la administración pública, vayan a la cárcel.

Como consecuencia de los resultados de la consulta anticorrupción realizada el pasado 26 de agosto de 2018, el presidente Iván Duque presentó un proyecto de ley anticorrupción ante el Senado el cual hace mención en algunos de sus artículos al profesional contable.

El tema de la responsabilidad penal que debe ser atribuida a las personas jurídicas ante actos de corrupción, ha venido inquietando a los órganos legisladores; se espera que, con la expedición del proyecto de ley anticorrupción, se reforme el Código Penal y estas sean penalizadas.

Las personas más propensas a cometer actos corruptos son individualistas y piensan en recompensas propias. Otra idea es que la corrupción se debe más al contexto social que a factores individuales. El resultado de la consulta anticorrupción deja mucho que desear de la mentalidad de los colombianos.

El Ministerio del Interior informó que mantendrá la ley seca decretada para la consulta anticorrupción que se realizará este domingo, pese a las peticiones de los gremios económicos de quitar la medida.

Reducción de salarios de congresistas y altos funcionarios; pérdida de privilegios para condenados por corrupción; rendición de cuentas de congresistas, diputados y concejales; son algunos de los temas por los que el próximo domingo debemos votar sí. Intereses de los corruptos se verían cerrados.

La consulta anticorrupción busca que los políticos elegidos por los colombianos, antes de posesionarse sean un libro abierto y dejen ver sus declaraciones de bienes, patrimonio, rentas, pagos de impuestos y conflictos de interés, como un requisito para asumir su nuevo rol ante la sociedad.

Para la exsenadora y directiva del partido Alianza Verde, Claudia López, la consulta anticorrupción, que convoca a los colombianos a votar el domingo 26 de agosto, no le pertenece a ningún partido político.

La consulta anticorrupción busca que los congresistas y miembros de asambleas departamentales, concejos municipales y juntas de administración local, estén en la obligación de rendir cuentas a la ciudadanía de las acciones relacionadas con las obligaciones y responsabilidades congresionales.

¿Llegará el fin de la casa por cárcel para los de cuello blanco? Ese es el deseo de los colombianos. El Instituto Internacional de Estudios Anticorrupción asegura que la imposición de condenas bajas o casi nulas para los corruptos, da como principal resultado la generación de la percepción de impunidad.

Desde el Instituto Internacional de Estudios Anticorrupción –IIEA–, a través de su investigación consideraciones sobre la consulta anticorrupción, se asegura que la pregunta que sirve como un abrebocas en la consulta, puede inducir al votante a un error y vicia su consentimiento libre e informado.

La senadora de la Alianza Verde, Claudia López, aseguró que la fecha ya fue acordada con la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Los colombianos irán a las urnas en tres meses y se aprobaría con 12 millones de votos. La idea es que se pronuncien a favor de leyes que castiguen y prevengan la corrupción.

El próximo martes 5 de junio la plenaria del Senado votaría la consulta anticorrupción. Bajar el salario de los congresistas, eliminar los beneficios de cárcel especial para los corruptos, y rendición de cuentas sobre la gestión de los congresistas, son algunos de los puntos que los colombianos votarían.