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Por diferentes situaciones, hoy en día muchos colombianos no logran acceder a su pensión.

El Gobierno ha creado alternativas como el PSAP y los BEPS para quienes hayan llegado a la edad de retiro sin protección. Conozca los aspectos principales de estos mecanismos a continuación.

Los contratos de colaboración empresarial son acuerdos que se contraen entre empresas con el fin de unir esfuerzos y aportar diferentes recursos, que pueden ser técnicos o físicos, con miras a prestar un servicio. En Colombia se destacan dos subtipos de estos contratos: los consorcios y las uniones temporales.

Un accidente laboral es todo aquel que el trabajador haya sufrido durante la ejecución de sus funciones, ocasionándole una lesión orgánica, una perturbación funcional o psíquica, invalidez o la muerte.

Los costos están constituidos por todos los esfuerzos económicos en los incurre una entidad para la producción de un bien o la prestación de un servicio. Es decir, son todos aquellos desembolsos que la entidad realiza para ejecutar su proceso productivo, entre los que se destacan los correspondientes a materias primas, mano de obra, consumo de energía, depreciación del equipo y la maquinaría de producción e insumos.

Todos los colombianos que obtienen ingresos económicos, ya sea por salario u honorarios, tienen que cotizar a pensión. Sin embargo, muchas personas no alcanzan a cumplir el requisito de las 1.300 semanas exigidas por ley y quedan desprotegidas en su vejez. En consecuencia, el Gobierno ha creado alternativas para quienes hayan llegado a la edad de retiro sin protección, como el PSAP y los BEPS.

En materia tributaria es usual hablar de las obligaciones formal y sustancial. La primera hace referencia a los procedimientos que deben seguirse para dar cumplimiento a la segunda, la cual se encuentra relacionada con el pago del tributo al Estado. Respecto a esto último, es la Dian la entidad encargada, de conformidad con el artículo 684 del Estatuto Tributario, de velar por el cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes, entre las que se destacan el expedir factura de venta al adquiriente, llevar contabilidad e inscribirse en el RUT.

Mensualmente, todas las empresas que cuentan con trabajadores vinculados mediante contrato laboral deben realizar un aporte a parafiscales, equivalente al 9 % de la base de liquidación de la nómina de salarios, distribuido así: 4 % para las cajas de compensación familiar, 3 % para el ICBF y 2 % para el Sena.

El impuesto sobre las ventas –IVA– es un tributo indirecto de orden nacional, que grava el consumo y los costos en los que se incurre en el proceso productivo de un bien o en la prestación de un servicio.

El Ministerio del Trabajo creó el registro único de trabajadores extranjeros en Colombia –Rutec– mediante la Resolución 4386 de 2018. Esta es una plataforma a través de la cual se busca recopilar y controlar la información de los trabajadores extranjeros en el país, para tener datos sobre la migración laboral en la nación y las condiciones de estos trabajadores, con la finalidad última de garantizar el cumplimiento de las normas y garantías laborales de Colombia.

Los trabajadores, independientemente de su modalidad contractual o el tiempo que dediquen a la prestación del servicio, deben gozar de garantías mínimas, las cuales son irrenunciables. El Ministerio del Trabajo, por medio del Concepto bajo radicado número 02EE2018410600000055370 de 2018, recordó que los trabajadores que laboran por días, por horas o durante una jornada inferior a la máxima legal, cuentan con todas las garantías laborales, toda vez que la ley en ese sentido no es excluyente frente al reconocimiento de las prestaciones a las cuales tienen derecho.

El artículo 4 de la Ley 1562 de 2012 define la enfermedad laboral como aquella que se contrae por la exposición y/o interacción con factores de riesgo que resultan inherentes a la actividad laboral o al medio en el que dicha actividad se desarrolla.

Un representante legal es aquella persona que actúa en nombre de otra. Para esto es necesario que se encuentre debidamente reconocido ante la ley, usualmente mediante escritura pública, para el caso de las personas naturales, o a través de la inscripción en el registro mercantil, para el de las personas jurídicas.