Etiqueta: mayo 3 2017

La DIAN aclara que la vigencia y aplicación del artículo 187 de la Ley 1819 de 2016, la cual adiciona cuatro numerales al artículo 476 del ET, que trata sobre los servicios excluidos del IVA, está sujeta a la reglamentación por parte del Gobierno Nacional, de tal manera que aún no es posible explicar sus alcances y determinar cuales son específicamente los nuevos servicios excluidos.

En la exposición de motivos de la Ley 1819 de 2016 –Ley de Reforma Tributaria Estructural– sobre la transición respecto de las pérdidas fiscales, los excesos de renta presuntiva y los saldos a favor que se originaron en los impuestos de renta y CREE, es claro que la intención del legislador no es otra que la unificación de los impuestos de renta y CREE en un solo tributo a partir del año gravable 2017, de la mano de una disminución efectiva de la tarifa de este Impuesto, lo que implica la obligación de causar el CREE para el año 2016. Como consecuencia de lo anterior, el régimen de transición establecido en el artículo 123 y siguientes de la Ley 1819, reconoce de manera expresa que el Impuesto de renta para la Equidad CREE en el año gravable 2016 surte todos sus efectos.

Mediante oficio, la Superintendencia de Sociedades aclara que las condiciones de la negociación de las acciones, son del resorte exclusivo de los particulares, quienes en desarrollo de la autonomía de la voluntad privada, pueden y deben acordar libremente los términos económicos de las mismas, atendiendo que la operación como tal, procede cuando así lo deciden previamente tanto el vendedor como el comprador, toda vez que es un acuerdo en el que no intervienen ni el máximo órgano social, ni la junta directiva de la compañía respectiva, ni ninguna autoridad, ya que son terceros ajenos por completo a dicha negociación. Así las cosas, antes de la celebración del contrato de compraventa de acciones, son el comprador y el vendedor, los llamados a evaluar los distintos aspectos sobre la situación real de la compañía, incluidos los riesgos y las contingencias que puedan sobrevenir, teniendo en cuenta que por regla general, el comprador, salvo pacto en contrario, está llamado a asumir las obligaciones de la compañía anteriores a la transacción.

No existe disposición alguna que exija adelantar ante la supersociedades algún trámite para la constitución de una sociedad de economía mixta. Además, para determinar si una sociedad se encuentre sometida o no a la vigilancia de dicha superintendencia, es necesario cumplir una de las causales previstas en los decreto 4350 de 2006 y 2300 de 2008.

Para la liquidación del interés de mora se deben seguir aplicando los mismos parámetros señalados en la Circular 0003 de 2013, pero utilizando la tasa de interés moratorio establecida a partir de la vigencia de la Ley 1819 de 2016.

La determinación del alcance del seguro de vida está dada por las cláusulas que fueron pactadas en la póliza y los documentos que la integran, como quiera que estos definen el riesgo amparado, el objeto de aseguramiento, exclusiones y límites pecuniarios temporales pactados, sin que sea válido interpretar más allá de lo que su contenido prevé. Por tanto, aunque el literal a) del artículo 2 del Decreto 1507 de 2014 establece que una persona se considera inválida cuando padezca una disminución física igual o superior al 50%, dicho porcentaje no se puede imponer a la voluntad contractual pactada entre las partes. En consecuencia, y para el caso objeto de estudio, al demandante no le asiste el derecho de cobertura de la póliza de vida, debido a que no acredita el cumplimiento del porcentaje mínimo pactado de manera voluntaria por las partes dentro de la póliza de seguro que celebraron, habida cuenta que fue calificado por Colpensiones con una disminución física equivalente al 71,79% y lo estipulado para realizar el pago de la contraprestación acordada señala que debe acreditar un 75%.

Mediante concepto, el CTCP recuerda que el revisor fiscal esta obligado a certificar información sobre el ente que audita únicamente a la asamblea general o junta de socios por ser el organismo que lo nombró, así como a los entes gubernamentales que ejerzan inspección y vigilancia sobre dicha entidad, emitiendo certificaciones y/o informes a que haya lugar. Asimismo, señala que la facultad de dar fe pública que tiene el contador y/o revisor fiscal abarca el pronunciarse sobre los hechos propios del ámbito de su profesión, dictaminar sobre estados financieros, y realizar las demás actividades relacionadas con la ciencia contable. Por último, el CTCP aclara que el revisor fiscal que se abstenga de certificar información a entes diferentes de los órganos de administración y/o entes gubernamentales que ejerzan inspección, no incurriría en violación a los estándares internacionales ni al código de ética para contadores públicos compilado en el Decreto 2420 de 2015.

El CTCP indica que en lo relacionado con las contribuciones que imponen condiciones de uso, estas deben ser registradas inicialmente como un ingreso diferido, cuando los ingresos sean exigibles, y amortizarse de tal forma que los ingresos reconocidos en el estado de resultados compensen los gastos devengados por honorarios del Contador, cuando estos sean exigibles.