El proceso de reorganización pretende, a través de un acuerdo, preservar empresas viables y normalizar sus relaciones comerciales y crediticias mediante su reestructuración operacional, administrativa, de activos o pasivos. Su inicio supone una cesación de pagos o la incapacidad de pago inminente.

Cuando una sociedad se liquida voluntariamente por disposición judicial o entra en un proceso de salvamento empresarial, esta debe ir pagando las deudas en mora en un orden establecido por la Ley; a tal proceso se le conoce como prelación de créditos.

Cabe señalar que, con la apertura del trámite de liquidación judicial se generan gastos de administración que pueden cancelarse en la medida en que se vayan causando, hasta el punto que cuando no haya efectivo el liquidador los cancelará con la adjudicación de los bienes de que disponga según el orden de prelación de créditos. No obstante, aunque lo anterior no impide que los acreedores opten por el cobro coactivo de su gasto de administración, es importante tener en cuenta que el pago de estos gastos tiene su propio esquema concursal, como lo es que tienen preferencia en ese sentido, lo cual se ve reflejado dentro del acuerdo de adjudicación que el liquidador deberá presentar en los términos del artículos 53, 54, 57, 58 y 59 de la Ley 1116 de 2006, procedimiento prevalente que propicia, protege y persigue una pronta y ordenada liquidación del patrimonio social conforme a la prelación legal créditos.

Resulta importante recordar en principio que la liquidación privada, también denominada voluntaria, es aquella que se da como consecuencia de la declaratoria de disolución de la sociedad cuando se presenta alguna de las causales señaladas por la ley o fijadas en los estatutos sociales.

En los procesos de insolvencia las acreencias laborales tienen prioridad frente otras obligaciones; sin embargo, si existen acreencias en las cuales el titular es un menor de edad, por ejemplo las alimentarias, estas tienen prioridad frente a todas las demás, inclusive las laborales.

La pensión es inembargable; no obstante, al igual que los salarios, existen dos excepciones relacionadas con las cuotas de alimentos y cooperativas, que permiten mediante intervención judicial el embargo pensional.

Posterior a la admisión en un proceso de reorganización, la ley indica que la modificaciones en la prelación de créditos, vulnera la naturaleza del proceso, no obstante, las permite bajo circunstancias especiales.

La flexibilización de la prelación legal de los créditos dentro de un proceso de reorganización empresarial debe cumplir con ciertos parámetros. Así lo confirma la Superintendencia de Sociedades.

Un socio o accionista puede prestar dinero a su misma sociedad, pero de acuerdo con el momento en que se haga determina si es un pasivo interno o externo para la sociedad. Tener eso claro evita dolores de cabeza al liquidador en caso de disolverse y tener que liquidar. De igual manera a la hora de pagar pasivos de la sociedad.

Cuando el Empleador, bien sea Persona Natural o Juridica o asociaciones de trabajo como las CTA, se insolventan y existen unos trabajadores con acreencias laborales, ¿Qué derechos tienen éstos frente a los demás acreedores?

Si hay algo que genere dolor de cabeza a un Contador encargado de manejar la nómina de una empresa, es cuando tiene que descontar del salario de un trabajador embargos, libranzas, créditos, seguridad social. Pero cuando el salario no alcanza para todo esto, ¿en qué orden se aplican estos descuentos?