Las regulaciones tributarias han generado, sin que ese fuera su propósito, un esquema que termina subsidiando a la informalidad y gravando a las empresas formales, premiando al sector menos productivo y castigando al más productivo de la economía.
Hay que enfocarse en el crecimiento de la productividad, por lo que hay que llevar a cabo las reformas estructurales pendientes.
En lo laboral, mejorar la calidad del empleo y del ingreso; en lo fiscal, garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas; y en lo pensional, una mayor equidad.
Para lograr los niveles de ingreso necesarios para cerrar las brechas en bienestar existentes y agravadas por la pandemia del COVID-19, se requiere posicionar la innovación como prioridad en los objetivos de desarrollo. En este punto, a Colombia no le va nada bien.
Países emergentes deben fomentar la integración comercial y la inversión extranjera directa, para beneficiarse de la adopción tecnológica, limitada, pero a la vez determinante para el crecimiento de la productividad laboral en el largo plazo.
Colombia necesita urgentemente aumentar la productividad para crecer a tasas altas y sostenidas, y revertir los daños del COVID-19.
Lograrlo implica contar con una agenda de productividad y competitividad que genere las condiciones para que las empresas compitan de manera resiliente y sostenible.
Cambio en la fórmula para medir la productividad ha generado diferencias entre varios sectores.
Cifra de productividad total, del -0,39 %, fue rechazada por las centrales obreras.
Productividad era medida por el DNP con una metodología. Dane ahora emplea una diferente.
El crecimiento económico tiene que ser una prioridad para el país. Si queremos que Colombia avance es clave entender la magnitud de los desafíos que enfrenta.
Durante el congreso Detonantes del Crecimiento Económico, organizado por Confecámaras, se dio a conocer el estudio Observatorio de Articulación para la Competitividad Empresarial.