Etiqueta: semana 2 de septiembre

La Ley de financiamiento, en su artículo 98, adicionó el parágrafo quinto al artículo 855 del ET, estableciendo que la Dian podría devolver de forma automática los saldos a favor originados en los impuestos sobre la renta y sobre las ventas. Este mecanismo de devolución de saldos a favor aplicaría para tanto para contribuyentes como para responsables.
Ahora bien, el decreto en mención dictaminó que este mecanismo operará para los contribuyentes y responsables que cumplan tres condiciones, y será la Dian quien proferirá el respectivo acto administrativo que dé derecho a dicha devolución, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de radicación de la solicitud.

El Ministerio del Trabajo concluye que los permisos para atender las citas médicas que solicite el trabajador deberán estar determinados en el reglamento de trabajo, así como las condiciones para concederlos.

Mintrabajo establece dos obligaciones a cargo del empleador: una potestativa consistente en flexibilizar el horario de trabajo, con el fin de que el trabajador cumpla con los deberes frente a su grupo familiar, y otra imperativa, relacionada con la concesión de una jornada laboral semestral para que el trabajador comparta con su familia; sin embargo, el empleador no puede solicitar prueba de su realización, pues debe partir de la buena fe con la que se ejecuta el contrato.

Los bancos deben adoptar medidas, precauciones y/o exigencias que consideren necesarias e imprescindibles para salvaguardar los recursos que les hayan sido confiados por sus clientes.
Teniendo en cuenta la digitalización de los servicios financieros, se ha incrementado la exposición a riesgos cibernéticos, por lo que la Superfinanciera emitió instrucciones a través de la Circular externa 007 de 2018.

El Ministerio del Trabajo aclara que el auxilio extralegal de transporte cancelado por el empleador para que el trabajador lo utilice en las actividades encomendadas no es salario, y por ende tampoco forma parte de la base de liquidación de prestaciones sociales, ni de las indemnizaciones. Tampoco se le tiene en cuenta para aportar a seguridad social integral, ni para pagar aportes parafiscales.

El Ministerio del Trabajo reitera que la ley faculta al empleador para dar por terminado el contrato de trabajo en cualquier momento y sin una justa causa, pero asumiendo la respectiva indemnización en los términos del artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo.

El Ministerio del Trabajo reitera que toda vez que se configuren los elementos propios de un contrato de trabajo la legislación entenderá que se derivaran del mismo los derechos y obligaciones propios de una relación laboral, como el pago de salarios, prestaciones sociales, vacaciones, indemnizaciones y la afiliación y cotización al sistema general de seguridad social, entre otros conceptos.

El Ministerio del Trabajo concluye que el empleador tiene la obligación de pagar las prestaciones sociales del trabajador durante la relación laboral, incluyendo el tiempo de la incapacidad laboral. Cabe resaltar que entre dichas prestaciones se encuentra el interés a las cesantías.

La Dian concluye que el arrendamiento financiero debe entenderse como una única operación por medio de la cual a través del arrendatario se adquiere un activo de forma financiada por el arrendador, por lo que el IVA deberá generarse, al igual que en la compraventa, una sola vez.

La Corte Suprema de Justicia concluye que, en el caso de las personas que por sus padecimientos mentales sean vulnerables ante la sociedad, se hace necesaria la protección de sus derechos por mandato constitucional y legal, con el fin de evitar tratos discriminatorios o excluyentes en el desarrollo de su actividad laboral.

La Dian concluye que la obligación de expedir factura electrónica no modifica procedimientos aduaneros, ni regímenes de exportación regulados en la legislación aduanera.

El Ministerio de Hacienda modifica la reglamentación del precio de venta al público que integra la base gravable de licores y similares, estableciendo que el PVP será el último precio dentro de la cadena de comercialización, esto es, el precio final de venta, sin incluir el impuesto a las ventas, el impuesto al consumo o la participación. Cabe resaltar que el precio de venta al público será determinado por el Dane, garantizando así la individualidad en el PVP de cada producto.
El presente decreto rige a partir de su publicación, y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias. La certificación del precio de venta al público correspondiente a la vigencia 2019 seguirá en pie hasta tanto el departamento administrativo nacional de estadística –Dane– expida la nueva, de conformidad con el decreto, la cual deberá hacerse en un término no mayor a quince (15) días calendario contados a partir de su publicación.