Respuesta de Diego Guevara M. a la pregunta

¿Las empresas que prestan servicios públicos domiciliarios son responsables del impuesto de renta y complementario?
Resueltas septiembre 13 de 2018

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios informa que la forma de entregar las facturas de servicios públicos domiciliarios será la que se determine por las partes en los contratos de condiciones uniformes o en sus modificaciones, existiendo la posibilidad de que se facture electrónicamente.

Los usuarios que adelanten alguna reclamación de sus facturas ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios cuentan con la opción de descargar un certificado con el cual podrán evitar la suspensión inmediata del servicio por parte del prestador.

Mediante el Concepto 184 del 21 de marzo de 2017, la Superintendencia de Servicios Públicos determinó que no habrá cobro, por conceptos diferentes al consumo, si existen fallas en la prestación del servicio público domiciliario por motivos de fuerza mayor.

El Consejo Técnico señaló que ciertos actos de los comerciantes y puntualmente de las sociedades anónimas, incluidas las que tienen por objeto los servicios públicos domiciliarios, conforme disponen las normas imperativas del Código de Comercio, se acreditan mediante el certificado de la Cámara de Comercio, lo que impone el cumplimiento previo del deber de su inscripción ante ellas, so pena de ineficacia.

De acuerdo con los artículos 5 y 15 de la Ley 1437 de 2011 (este último sustituido por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015), las peticiones pueden presentarse de manera escrita o verbal y sin necesidad de apoderado; en caso de que se presente de forma verbal es necesario que quede constancia de la misma. Por lo tanto, a toda petición presentada, de forma verbal o por escrito, debe dársele un tratamiento igual, pues no hay razones ni disposiciones normativas que hagan diferenciaciones entre estas. Si a una persona se le vulnera su derecho fundamental de petición, esta puede hacer valer su derecho a través de la acción constitucional de tutela. Adicionalmente, debe recordarse que la Superservicios está presta para recibir todas las denuncias que realicen los usuarios de servicios públicos domiciliarios cuando presuntamente no se le haya dado un trato igualitario a las peticiones presentadas de forma verbal en el marco del contrato de condiciones uniformes.

A través del Concepto 68 del 6 de febrero del 2017, la Superintendencia de Servicios aclara que, de acuerdo con el artículo 96 de la Ley 142 de 1994 (norma actualmente vigente), quienes presten servicios públicos domiciliarios pueden cobrar un cargo por concepto de reconexión y reinstalación, para la recuperación de los costos en que incurran. Lo anterior debido a que, aunque el 22 de julio del 2015 fue radicado en el Congreso de la República el Proyecto de Ley 16/15 Senado – 190/15 Cámara, con el cual se pretendía modificar la Ley 142 de 1994 y eliminar el cobro de reconexión y reinstalación de los servicios públicos residenciales, el cual surtió todos los debates necesarios para convertirse en ley de la República, el mismo no fue sancionado por el Presidente, quien consideró que dicho proyecto de ley resultaba inconveniente e inconstitucional, lo objetó y lo devolvió al congreso para el trámite pertinente.

Según el Concepto 721 del 21 de septiembre del 2016, de Superservicios, las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios se encuentran sujetas al régimen tributario nacional y de las entidades territoriales.

Superservicios. Indicó que las empresas prestadoras de servicios públicos pueden aumentar sus tarifas de acuerdo con la variación de índices de su fórmula tarifaría.

Las entidades que prestan servicios públicos domiciliarios pueden realizar reportes a las centrales de riesgo a sus deudores, siempre y cuando estos hayan autorizado previamente por escrito la realización de dicho reporte, ya que se trata del derecho fundamental al Habeas Data de los usuarios.

Si un usuario considera que en la factura de servicios públicos le están cobrando algo que no ha consumido, tiene derecho a reclamar por ello, siempre que sea dentro de los 5 meses de expedición de la factura reprochada, ya que después de ese tiempo puede perder el derecho a hacerlo.

En la suspensión de un servicio público la empresa prestadora del servicio puede realizar el cobro de cargo fijo, ya que el servicio aunque se encuentra suspendido se sigue prestando. Mientras que cuando se realiza el corte definitivo, la empresa no puede realizar ningún cobro debido a que el contrato de prestación de servicios se termina.

Si una empresa de servicios públicos aplica de forma errada la estratificación municipal a un usuario, este debe informar a la propia empresa, la cual deberá corregir el estrato y reembolsar el valor superior que ha pagado el usuario, más intereses corrientes e indemnizaciones si hubiere lugar.

En esta gran recopilación, traemos los 13 editoriales más leídos durante el 2013 con todo lo referente a servicios públicos, como el derecho a una cantidad de agua mínima en caso de suspensión, reclamación por mala facturación, prescripción de las facturas, reportes negativos por sspp, valores de reconexión y mucho más.

Al encontrarse un cobro por servicio público en discusión porque el usuario presentó un recurso, la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios no podrá realizar la suspensión o corte del servicio hasta que se resuelva lo reclamado por el usuario, incluso hasta que lo resuelva la Superintendencia de Servicios Públicos.

Al realizar las reparaciones de acueducto, las empresas de servicios públicos suelen suspender el servicio mientras realizan los arreglos. Esta suspensión y respectivas reparaciones no cuentan con un plazo legal para hacerlo, pero como su obligación principal es prestar el servicio de forma continua, no se puede abusar de ello.

El hecho de quedarse atrasado en el pago de servicios públicos conlleva al pago de intereses de mora, pero nunca otros conceptos si no se causaron efectivamente, como el corte, suspensión y por ende la reinstalación. Aquí presentamos las tarifas por cada concepto.

Si un propietario de un apartamento sujeto a Propiedad Horizontal, solicita la construcción de redes de gas domiciliario a una empresa de servicios domiciliarios, ni la administración, ni la copropiedad pueden oponerse a dicha instalación, si se cumplen con las condiciones técnicas y de seguridad. Pues el servicio de gas es un servicio público esencial.

Si va a presentar un recurso reclamando algún aspecto de una factura de servicios públicos es requisito fundamental cancelar los valores que no sean objeto de la reclamación, pues lo que no es obligación pagar es precisamente lo contrario, lo que está en discusión.

Abril, aguas mil, pero las lluvias intensas se prolongaron en mayo. Es posible que debido a derrumbes o avalanchas se haya afectado el suministro de algún servicio público, pero la empresa prestadora del servicio cobra durante el tiempo de interrupción valores que no puede hacer ni siquiera el cargo fijo.