La reciente crisis empresarial derivada del COVID-19 ha llevado a muchos empleadores a replantear las formas de contratación y a hacer, en algunos casos, y sin ser conscientes de ello, un uso indebido de figuras contractuales, civiles o comerciales para flexibilizar las relaciones laborales.

Respuesta de Natalia Elena Jaimes Lúquez a la pregunta:

¿Qué requisitos deben cumplir las empresas de servicios temporales para poder suministrar personal a terceros sin que se incurra en una situación de tercerización ilegal?

La prohibición de contratar a través de cooperativas de trabajo asociado no terminó con la tercerización ilegal, ahora los empleadores usan otras figuras de contratación colectiva para continuar evadiendo sus obligaciones. ¿Cómo operan estas nuevas modalidades de tercerización laboral ilegal?

Todo empresario o institución, deberá contratar el personal que requiera, para atender sus labores permanentes, con todas las garantías constitucionales y legales pertinentes. La tercerización laboral, el contratar personal a través de empresas tercerizadoras para que desarrollen labores continuas en pro del desarrollo de las funciones de la empresa, se encuentra prohibida por la normatividad colombiana.

El Ministerio del Trabajo sancionó con una multa de mil salarios mínimos, $644.350.000 pesos, a la multinacional Seatech Internacional Inc, procesadora de atún que tiene su sede en la zona industrial de Mamonal, en Cartagena.

Los empleadores con la finalidad de evadir las responsabilidades derivadas de las relaciones laborales, han acogido la modalidad de la contratación por medio de empresas externas, que se encargan de la administración de los trabajadores, pues así evitan el pago de indemnizaciones por despidos injustificados o por otros factores salariales derivados de la vinculación contractual directa con la organización.

En Colombia es viable la contratación con Cooperativas de Trabajo Asociado, CTA, por aquellas personas que requieran de la prestación de servicios, producción de bienes y/o ejecución de obras. No obstante, ellas deben tener en cuenta ciertos requisitos de ley para su uso adecuado.

Cuando un empresario usa un contratista para que le ayude con la ejecución de actividades propias de su objeto social, pero este tiene a su vez trabajadores que ayudan en el cumplimiento del objeto social del beneficiario final del servicio, se podría dar solidaridad en temas laborales y de seguridad social entre el empresario y el contratista, respecto a las acreencias de los trabajadores de éste último.

Si bien es válido el outsourcing, el ejecutar las labores propias de su empresa por medio de terceros o contratistas puede llevar a que dicho contratista le incumpla a sus trabajadores y por ello, el beneficiario de la obra pague por solidaridad.

Los verdaderos dueños de las CTA no se niegan a perder el negocio y siguen inventándose artimañas para seguir fomentando la intermediación laboral prohibida en Colombia. Ahora, les ha dado por constituir cooperativas multiactivas o incluso, hacer que los trabajadores constituyan sindicatos de trabajadores para celebrar contratos sindicales.

Usar a un tercero para que realice determinadas tareas de nuestra cadena de producción puede significar procesos más eficientes y baratos, pero usarlo indebidamente puede significar una intermediación laboral castigada severamente por la legislación colombiana.

Colombia cuenta con una buena oferta de talento humano para los segmentos de Tecnologías de Información, tercerización de procesos de negocios y tercerización del conocimiento de procesos de negocios. Un negocio con presente y mucho futuro.

Cuando una Cooperativa de Trabajo Asociado o Precooperativa, no cumple con su fin social, sino que sirven como simple medio de intermediación laboral, para ayudar a evadir la contratación directa, están en causal de pérdida de personería jurídica y su respectiva disolución.