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Procuraduría pide al ministro Juan Fernando Cristo que se cumpla Ley de Garantías Electorales


La Procuraduría General de la Nación le solicitó al ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, dar estricto cumplimiento a las restricciones y prohibiciones contenidas en la normatividad vigente, en especial las señaladas en la Ley de Garantías Electorales.

Lo anterior teniendo en cuenta las expresiones manifestadas y conocidas en los medios de comunicación que ponen en riesgo la transparencia de los comicios electorales, que además le corresponde garantizar en su condición de presidente de la Comisión Nacional para la Coordinación de Seguimiento de los Procesos Electorales, órgano en el cual se analiza el proceso electoral que se realizará el próximo 25 de octubre.

En la misiva, el ente de control le señala que “su actuar debe ser imparcial, representativo de la institucionalidad, independiente de las causas proselitistas, más aún porque las decisiones que se adoptan en esa Comisión expuestas por los diferentes actores, trascienden a funcionarios públicos a los cuales se les recuerda las prohibiciones y restricciones contenidas en la Ley 996 de 2005 de Garantías Electorales”, por lo anterior, no es ejemplarizante que el rector de los comicios genere desconfianza en el cumplimiento de sus funciones públicas.

Es deber de todos los servidores públicos abstenerse de intervenir en actividades de proselitismo político o respaldar cualquiera de las opciones que participan. Lo anterior con el fin de propender por la garantía de los principios de equidad, transparencia y legalidad predicables de todo proceso electoral, en especial del proceso en curso que pretende la elección de autoridades locales y departamentales para el periodo constitucional 2016 – 2019.

Teniendo en cuenta la importancia de los hechos, la Comisión Nacional de Control y Asuntos Electorales de la Procuraduría dio traslado de las declaraciones del ministro, reproducidas en los medios de comunicación, al operador disciplinario para lo de su competencia.

Fuente: Procuraduría General de la Nación.

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