En la Circular 004 del 1 de abril de 2022 la Superintendencia de Industria y Comercio explicó cómo operan las normas de protección al consumidor ante la cancelación de espectáculos públicos y eventos masivos.
En este análisis te contamos el procedimiento que debe seguirse en estos casos.

En la adquisición de un bien o servicio, el consumidor no está exento de que su compra no sea de su plena satisfacción, ya sea por el surgimiento de alguna falla, daño o cualquier inconformidad con respecto al producto en términos de su calidad, idoneidad, seguridad o ante una mala información suministrada al consumidor.

Los consumidores tienen cinco días para retractarse de una compra cuando no estén a gusto con el producto, pero deberán asumir los costos del envío, y deberán entregarlo en las mismas condiciones en que se recibió; no obstante, hay casos en los que no opera este derecho.

Dado que las ventas efectuadas mediante sistemas de financiación y aquellas que usan métodos no tradicionales o a distancia son operaciones en las que prima el escaso contacto del consumidor con el producto o servicio que se va a adquirir, las pautas para su ejecución son bastante específicas.

La Superintendencia de Industria y Comercio a través de la Sentencia 13.742 del 27 de diciembre de 2017 declaró la vulneración de los derechos de un consumidor por insuficiencia en la información y ordenó a un almacén reembolsar el valor de un bono entregado como parte de pago en una compra.

El deber de todo productor o vendedor de un bien o servicio con el consumidor es ofrecer una información precisa y oportuna sobre el producto que le está ofreciendo, cuando esto no ocurre, el productor se expone a que el consumidor alegue una publicidad engañosa y vengan sanciones.

La Superintendencia Financiera expidió la Circular Externa 019 del 30 de agosto de 2017, con la cual se modifica el numeral 3.4.1.6.1 del capítulo I, título tercero, parte I de la Circular básica jurídica, en relación con la obligación que tienen los establecimiento de crédito de informar la tasa de interés efectiva anual que cobrarán por el uso de sus tarjetas de crédito. De acuerdo con la resolución, dentro de los tres primeros días hábiles de cada mes los establecimientos de crédito deben publicar en un período de amplia circulación nacional la tasa de interés efectiva anual que cobrarán durante el mes siguiente, incluyendo, para efectos de cálculo, todos aquellos cobros que influyen en la determinación del costo financiero del crédito a cargo del beneficiario del mismo, con el fin de que los usuarios estén informados del costo real que les implica la utilización de una u otra tarjeta de crédito.

Si se paga el impuesto nacional al consumo de las bolsas plásticas con una moneda de 100 pesos, ¿cómo se maneja el tema del cambio para el consumidor?

Resuelta   21 de  julio  de 2017

En concordancia con el artículo 11 de la Ley 1480 de 2011, mientras las garantías referidas a las condiciones de calidad, idoneidad y seguridad de un bien o un servicio se encuentren vigentes, no le es permitido al productor, proveedor o expendedor cobrar suma alguna al consumidor por la asistencia técnica que sea indispensable prestar para hacer posible la utilización del producto, y/o por los gastos y costos que implique la reparación del bien por fallas de calidad e idoneidad, incluidos los repuestos y el transporte del bien para su reparación y posterior devolución al consumidor, en los casos en que la naturaleza del bien permita su reparación sin alterar su esencia (calidad e idoneidad). En relación con el cobro de las revisiones, cabe señalar que cuando un consumidor acude ante al proveedor y/o productor con la intención de hacer efectiva la garantía, está ejerciendo un derecho que le asiste por ley y no puede pretenderse que esto pueda cobrarse a los consumidores; esta situación podría parecer un castigo a su solicitud de garantía del producto, pues, la ley le garantiza que pueda acudir para obtener una reparación completamente gratuita.

La Resolución 0668 de 2016, y la Ley 1819 de 2016 dieron vida al nuevo impuesto sobre las bolsas plásticas. El hecho generador tiene que ver con lo poco que aportan “en el uso” frente a las necesidades de la sociedad. Sin embargo, lo que se busca a futuro es su descontinuación.

El impuesto nacional al consumo de bolsas plásticas no se genera en la venta que hace el fabricante de las bolsas plásticas a los establecimientos de comercio, solamente se causa cuando el establecimiento de comercio entrega la bolsa al consumidor para que lleve sus productos. Cabe señalar que antes del 10 de julio de 2017 el Gobierno Nacional deberá reglamentar este tema.

El derecho de retracto es una facultad que tienen los compradores o consumidores para devolver el bien adquirido al proveedor o vendedor y que estos últimos entreguen la suma de dinero que fue pagada por el objeto; lo anterior debe realizarse conforme a lo indicado en el Estatuto del Consumidor.

Es un ente técnico adscrito al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo cuya finalidad es fortalecer todos los procesos que tiendan a generar y desarrollar la actividad empresarial y proteger los derechos de consumo de los bienes y servicios que se brindan en el mercado.

Superindustria y Comercio. El proveedor deberá devolverle en dinero al consumidor todas las sumas pagadas sin que proceda a hacer descuentos o retenciones por concepto alguno.

Un consumidor que solicite la reversión del pago debe presentar la queja ante el productor o distribuidor y realizar la notificación al emisor del instrumento de pago electrónico empleado para efectuar la compra del producto, indicando que devolvió el bien y la radicación de la queja al proveedor.

El proveedor y/o productor tiene 30 días hábiles para realizar la reparación; 10 días hábiles para la reposición, si los bienes no están sometidos a registro, caso donde el término se amplía a 30 días hábiles, y 15 días hábiles para la devolución del dinero, los cuales empezarán a contarse desde el momento en que el consumidor ponga el bien a su disposición.

Superindustria y Comercio. Las redes sociales, como Facebook e Instagram, son plataformas utilizadas para contactar personas y, si es el caso, estas efectúan relaciones de consumo; es decir, su finalidad no es publicar contenido comercial ni su interés es de negocio.

La acción de protección al consumidor es un mecanismo que brinda garantías a los consumidores para la defensa de sus derechos y se debe entender como el proceso de reclamación ante la Superintendencia de Industria y Comercio o ante un juez ordinario. Para iniciar esta acción previamente se debe realizar una reclamación directa ante el proveedor o productor.

En Colombia 8 de cada 10 personas usan internet, factor que incide de forma significativa en los hábitos de consumo y la forma como los consumidores perciben los productos. Tanto productores como empresas se enfrentan a retos y variables que inciden cuando a la hora de comprar se trata.

Consejo de Estado. Indicó que la duda de origen de productos induce en error a los consumidores, al punto de crearles una idea equivocada.