Etiqueta: enero 22 2018

El 18 de enero de 2018 el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo expidió el Decreto 090 con el cual modifica los obligados a realizar la inscripción de las bases de datos en el registro nacional de bases de datos –RNBD–, indicando que solo tendrán la obligación de hacer dicha inscripción las sociedades y entidades sin ánimo de lucro que tengan activos totales superiores a 100.000 UVT, y las personas jurídicas de naturaleza pública. Así pues, se elimina esta obligación a las personas naturales y a las sociedades y entidades sin ánimo de lucro cuyos activos totales sean inferiores a 100.000 UVT. Asimismo, se amplían los plazos por tercera vez para que los obligados realicen la inscripción de las bases de datos en el RNBD; los nuevos plazos son: las sociedades y entidades sin ánimo de lucro que tengan activos totales superiores a 610.000 UVT deberán hacer la inscripción a más tardar el 30 de septiembre de 2018; las sociedades y entidades sin ánimo de lucro con activos totales superiores a 100.000 y hasta 610.000 UVT, deberán hacer la inscripción a más tardar el 30 de noviembre de 2018; y las personas jurídicas de naturaleza pública tendrá plazo para realizar la inscripción hasta el 31 de enero de 2019.

Cuando una entidad pública en marcha no se encuentra dentro de las excepciones previstas en el artículo 2.5.6.2 del Decreto 1068 de 2015, es acreedora de una sociedad comercial que se encuentra en un proceso de liquidación judicial o voluntaria, tiene un crédito a su favor que se halla sometido a las resultas del proceso de insolvencia, y dentro del proceso los activos de la compañía deudora no alcanzan para pagar las obligaciones a favor de aquella, debe tener en cuenta que una vez se inscriba en el registro mercantil la providencia que aprueba la cuenta final y se declare terminado el proceso, con la consiguiente extinción del ente jurídico, debe proceder a depurar la cartera de imposible recaudo por inexistencia probada del deudor o su insolvencia demostrada que impida ejercer o continuar ejerciendo los derechos de cobro, siguiendo para el efecto el procedimiento señalado en el Decreto 1068 de 2015.

De acuerdo con el artículo 23 de la Ley 1480 de 2011, los proveedores y productores deben suministrar a los consumidores información completa, veraz, transparente, oportuna, verificable, comprensible, precisa e idónea sobre los productos que ofrezcan; por lo anterior, se puede deducir que al momento en que el consumidor adquiere un servicio, lo hace confiado en la información suministrada respecto de las condiciones, valor y forma de pago. Por otra parte, cabe señalar que el artículo 9 del Decreto 1499 de 2014 indica que en las ventas no tradicionales o a distancia el vendedor deberá suministrar con anterioridad a la aceptación de la oferta información referente al producto y las características esenciales del mismo, el precio e información suficiente acerca de las condiciones y modalidad en ejercicio del derecho al retracto y reversión del pago; el incumplimiento de estas disposiciones conlleva una violación en la vulneración de los derechos del consumidor.

De acuerdo con los artículos 98 y 101 del Código de Comercio, las estipulaciones contractuales societarias en materia de acciones frente a los privilegios y demás decisiones que se tomen en torno a la entidad son vinculantes para los accionistas y los administradores en ejecución de su mandato, siendo claro que para los terceros serán vinculantes en la medida que se surta efecto su debida publicidad en el registro mercantil, sin embargo, aunque no se divulgue el nombre ni el porcentaje de participación de los accionistas no podrá omitirse la inscripción de los libros de accionistas en el registro mercantil, ni podrá decirse que no se debe realizar el registro del cambio de accionista en caso de enajenación de acciones.

La exención contenida en el anterior numeral 9 del artículo 207-2 del ET (hoy numeral 6 del artículo 235-2 del ET) procede para el desarrollo de proyectos de vivienda de interés social, de acuerdo con las normas que regulen este tipo de proyectos.

La Dian precisa que los servicios que contraten las EPS con recursos propios o para la prestación de servicios distintos a los expresamente indicados en los numerales 3 y 8 del artículo 476 del ET, y en el literal a), numeral 1 del artículo 1 del Decreto 841 de 1998, se someten a las reglas generales del IVA, de acuerdo con su naturaleza y, en consecuencia, son gravados si no se encuentra expresamente excluidos del impuesto.

Debido a la entrada en vigencia del artículo 220 de la Ley 1819 de 2016, por medio del cual se modificó el artículo 173 de la Ley 1607 de 2012 que establece la exclusión del IVA para la distribución de combustibles líquidos, se generan sobrecostos en las operaciones que no pueden ser transferidos al consumidor final en zona de frontera.

La Dian precisa que en una compraventa internacional de mercancías el reconocimiento fiscal del ingreso se hará en el momento en que ocurra el devengo contable.