Conclusiones de los actos conmemorativos del 1ro de marzo

La Federación Colombiana de Colegios de Contadores Públicos, la Federación Nacional de Estudiantes de Contaduría Pública de Colombia y el Movimiento Social Profesional Dignidad Contable Nacional, comparten las conclusiones de los actos conmemorativos realizados el 1° de marzo en Medellín por los 40 años del día del contador público colombiano.

La Federación Colombiana de Colegios de Contadores Públicos, la Federación Nacional de Estudiantes de Contaduría Pública de Colombia y el Movimiento Social Profesional Dignidad Contable Nacional, comparten las conclusiones de estos actos conmemorativos en los que las actividades académicas se centraron en la defensa de la institución de la Revisoría Fiscal, que viene siendo atacada por el mismo Estado a través de la legislación que pretende imponer en el país el modelo internacional de aseguramiento de información, promovido por las multinacionales de auditoría, y el rechazo a la adopción plena y generalizada de las normas internacionales de contabilidad, información financiera y aseguramiento, por su distancia de la estructura económica colombiana y su inconveniencia para la dinámica empresarial del país.

Declaración de Medellín

Los gremios contables de Colombia, reunidos en el Paraninfo de la Universidad de Antioquia y el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, con ocasión de la celebración de los cuarenta años de la declaratoria del 1° de marzo como Día del Contador Público Colombiano, y en consideración de los graves acontecimientos que amenazan la estabilidad y el futuro de la profesión contable del país, hacen la siguiente declaración:

Preámbulo

Los Contadores Públicos y Estudiantes de Contaduría Pública de Colombia presentes y adherentes, reconocen la complejidad de las relaciones que enmarcan la vida social, política y económica del país, y en consecuencia identifican los factores de riesgo que inciden en el desarrollo de su profesión, razón de valor para señalar que las condiciones del ejercicio profesional contable en Colombia han empeorado sustancialmente y hacen vigente como nunca los ideales que han acogido por espacio de cuarenta años en defensa de los intereses nacionales, sus derechos profesionales y la soberanía nacional. Habida cuenta de las discusiones llevadas a cabo durante los días 27 y 28 de febrero y 1° de marzo del año en curso, los gremios convocados se reafirman en su vocación nacionalista y hacen un vehemente llamado a la unidad de la profesión, en contra de la agresión del capital financiero internacional y de la indiferencia del gobierno nacional ante esta situación.

En torno a la regulación contable

El movimiento profesional contable colombiano tiene total claridad en torno al hecho de que la convergencia apunta a resolver el problema de la coordinación de competencias entre organismos e instituciones reguladoras y busca fortalecer la eficiencia y la eficacia en los procesos de supervisión y regulación estatal, para derivar un modelo de contabilidad que responda a las necesidades de los usuarios y se corresponda con la descripción empírica del entorno colombiano, además de facilitar la rendición de cuentas. Sin embargo, el actual proceso regulatorio colombiano no obedece a los preceptos del conocimiento contable ni al mandato expreso de la ley 1314 de 2009, por cuanto el Consejo Técnico de la Contaduría Pública y el gobierno nacional han tornado la convergencia normativa en un ejercicio ilegítimo de adopción plena de los estándares internacionales de información financiera, lo cual pone en grave peligro la sostenibilidad de la estructura empresarial del país, sustentada en organizaciones de la categoría PyME.

En esta vía, el gremio señala la impertinencia del proceso de adopción de estándares, en tanto éstos pueden resultar inconvenientes para la inmensa mayoría de las empresas colombianas, y la participación de la comunidad contable nacional en su discusión se reduce a la presencia y presentación de propuestas, pero se le excluye de las decisiones, que han sido tomadas en espacios donde la profesión está representada por firmas multinacionales que en nuestro entender agencian intereses ajenos a la Nación colombiana.

Es claro para el gremio, que el proceso de convergencia no puede seguir imponiéndose desde el fútil argumento de una supuesta aceptación universal de los estándares, por cuanto aún en los más complejos escenarios del capitalismo financiero internacional, como el mercado de valores de Estados Unidos y la Unión Europea, se han puesto serios reparos a su adopción plena. De manera puntual, debe recordarse que el proceso de convergencia en los Estados Unidos se haya interrumpido por las dinámicas regulatorias de la Security Exchange Commission y el Financial Accounting Standard Board, adicionalmente miembros de la Comisión Europea han glosado la Directiva Comunitaria Contable (sobre estados financieros anuales, consolidados y otros informes empresariales), para plantear la disminución de cargas administrativas desproporcionadas por la preparación de información contable, de hecho la Directiva no establece que las empresas de esa región deban aplicar obligatoriamente las NIIF para PyMES y mantiene la obligación de aplicar NIIF solo en las empresas con cotización oficial en mercados financieros.

En el escenario del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, indigna al gremio, que las discusiones sobre la emisión de normas se den entre interlocutores sin contradicción y con una gran mayoría de miembros del gobierno, pues dichos miembros han sido elegidos antidemocráticamente por la Presidencia de la República sin contemplar los méritos que ellos deben tener, mientras que el único representante de los contadores públicos, debe llenar requisitos de idoneidad de las más altas calidades, que no se le exigen a los demás miembros del Consejo.

Allende lo anterior, en la realización de los estudios para implementar normas que aseguren las “mejores prácticas internacionales, utilizando procedimientos que sean ágiles, flexibles, transparentes y de público conocimiento… [y teniendo] en cuenta, en la medida de lo posible, la comparación entre el beneficio y el costo que producirían sus proyectos en caso de ser convertidos en normas…”, los contadores públicos colombianos han sido ignorados absolutamente, a pesar de que sus observaciones son derivadas de investigaciones y estudios realizados por reconocidos investigadores contables nacionales y valiosos referentes internacionales como la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, el Instituto Mejicano de Contadores Públicos y la Federación Europea de Expertos Contables, entre otros.

En defensa de la Revisoría Fiscal

El gremio contable colombiano entiende que la Revisoría Fiscal es una institución de control integral, conceptual y funcionalmente diferenciada de los órganos de auditoría, lo cual impide que la primera pueda ser subsumida en la segunda, aunque permite que puedan convivir en un sistema regulativo amplio e incluyente, como ocurre en otros países con figuras e instituciones similares. En esta circunstancia, es necesaria la plena caracterización de las vertientes latina y anglosajona del pensamiento contable, a efectos de capacitar a los preparadores de información en los modelos de rendición de cuentas y en los modelos para la toma de decisiones, lo cual permitirá paralelamente, diferenciar los órganos de evaluación e instituciones de control que deben actuar, a efectos de proteger los intereses de diversa índole que ellos agencian.

Puntualmente, el decreto 302 de 2015 incurre en serias inconsistencias e ilegalidades, tales como transformar organismos estatales como la Junta Central de Contadores y el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, pretender la adopción de un código de ética para una profesión que no existe en Colombia (Contador Profesional), alterar el contenido del Código de Comercio (norma de jerarquía jurídica superior), al cambiar las funciones del Revisor Fiscal, y reglamentar aspectos no considerados en la norma fuente (Ley 1314/2009), como adoptar normas internacionales de trabajos para atestiguar (ISAE) y normas internacionales de servicios relacionados (NISR). Así pues, queda claro que este tipo de decisiones –además de equivocadas– ponen en entredicho la competencia técnico-disciplinal de este organismo, que a pesar de su evidente crisis de credibilidad, deberá responder por el futuro de la información contable para el control de las organizaciones.

En esta perspectiva, resulta inadmisible que el gobierno nacional y el Consejo Técnico de la Contaduría Pública pretendan reemplazar la institución de la Revisoría Fiscal por la figura de la Auditoría para favorecer los intereses de las multinacionales en este ámbito, aunque se mantenga su denominación original; ello evidencia un grave desconocimiento de las diferencias y finalidades de ambas vertientes del control.

Por una nueva Educación Contable

El estado de la educación contable en Colombia sigue siendo una preocupación central en el gremio, pues el proceso de adopción de las NIIF impone objetivos transnacionales financiarizados para la formación de los contables del país y pretende sujetar el desarrollo la educación al vaivén de normas profesionales de origen privado, al tiempo que desdeña la base teórica y epistemológica del conocimiento contable. Ese discurso se filtra en la educación contable por la misma vía de la cooptación de las instancias gubernamentales por parte de organismos multinacionales, que pretenden excluir las visiones divergentes, tal como viene ocurriendo en la mesa de trabajo que busca reformular el marco normativo de los programas de Contaduría Pública, donde no se ha convocado a la representación titular de las facultades ante la Junta Central de Contadores.

Más allá de esta vergonzosa exclusión del escenario de discusión y decisión, la preocupación de la comunidad contable nacional se enfoca en los intereses transnacionales y del gobierno nacional, de limitar cada vez más la formación y el escenario de actuación profesional en el contexto colombiano, toda vez que la pretensión de un nuevo marco legal para la educación contable en el país, se orienta a entronizar el marco normativo internacional como principal objeto de conocimiento de los estudiantes y profesionales, en desmedro de una educación contable interdisciplinaria, liberadora y compleja.

Sorprende pues, que los representantes del gobierno en ese escenario han sido en su gran mayoría trabajadores y asesores de las grandes firmas de auditoría del mundo, y por lo tanto parecen defender los intereses de las mismas en dichas instancias del gobierno de la Contaduría Pública al imponer una aplicación obligatoria de estándares de información, así como el reemplazo de la revisoría fiscal; pero sorprende aún más, que el gobierno nacional y las multinacionales pretendan que las organizaciones aquí convocadas, no se percaten de sus acciones malintencionadas y del daño que intentan infringir a la profesión.

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Con base en las discusiones realizadas en la ciudad de Medellín el 1° de marzo de 2015, los gremios contables de la Nación deciden:

Solicitar al gobierno nacional la derogatoria inmediata de las normas ejecutivas que reglamentan la aplicación generalizada y obligatoria de los estándares internacionales de reportes financieros, y que su uso obedezca a la conveniencia y situación específica de las empresas y sectores que así lo requieran. Además de las entidades cotizadas en mercados de valores, las empresas que deseen y requieran realizar este proceso por su situación en el mercado bien pueden aplicarlo, pero no por ello se debería a obligar a todas las empresas a este cambio.

Solicitar al gobierno nacional la derogatoria del decreto 302 de 2015 y la urgente reglamentación de las normas de interventoría de cuentas, para fortalecer el cumplimiento de las funciones del Revisor Fiscal, previstas en el Código de Comercio, de forma que la Revisoría Fiscal pueda fortalecerse como institución de control que incluso sirve de apoyo a la función supervisora del Estado. La comunidad académica y gremial puede aportar a la formulación y discusión de tales normas.

Instar al gobierno nacional a abrir una verdadera discusión sobre la educación contable que merece y le conviene al país, en la que hagan presencia todas las posturas, escuelas y tendencias del saber pedagógico contable, en aras de la transparencia que le corresponde por mandato constitucional.

Convocar a las universidades a mantener procesos formativos fundamentados en los mejores desarrollos del saber contable y no limitarse a la sustitución irreflexiva de componentes curriculares por normas privadas de procedimiento.

Invitar a la comunidad contable y empresarial del país, a rodear la institución de la Revisoría Fiscal como patrimonio de la Nación, mediante el estudio y difusión de su naturaleza, competencias, funciones e importancia.

En Medellín, a 1° de marzo de 2015.

Federación Colombiana de Colegios de Contadores Públicos

Federación Nacional de Estudiantes de Contaduría Pública de Colombia

Movimiento Social Profesional Dignidad Contable Nacional

1975-2015: 40 años de lucha gremial nacionalista:

¡Honor y gloria a la Contaduría Pública colombiana!