El ministro de hacienda, Alberto Carrasquilla, instaló este viernes la Comisión de Estudio del Sistema Tributario Territorial, que fue creada gracias a la aprobación de la Ley de financiamiento.
Algunos países miembros de la OCDE le han asegurado al Gobierno que podrían dar información de los patrimonios no declarados por los colombianos que se están cambiando de nacionalidad, motivo por el cual la Dian advierte que frente a las altas sanciones es mejor acudir a la normalización tributaria.
Las pérdidas por delitos relacionados con evasión y elusión fiscal se avaluaron en 335.000 millones de dólares al cierre del 2017 para los países de América Latina y el Caribe. La no declaración y pago de impuestos le representa a Colombia una cifra cercana a los 50 billones de pesos anuales.
Hace cuatro meses se creó la Comisión de lucha contra el contrabando, el lavado de activos y la evasión fiscal, para desarticular organizaciones y observar una disminución en las cifras del contrabando. Cerca de 6 billones de pesos se han incautado este año por lavado de activos en Colombia.
El proyecto de ley de financiamiento plantea que el delito de defraudación fiscal también aplicaría para asesores, contadores públicos o revisores fiscales que ayuden a los contribuyentes a no declarar y/o pagar impuestos.
El proyecto de ley de financiamiento plantea la reestructuración y modernización de la Dian, con lo cual la entidad tendría mayores herramientas para hacerle frente a la evasión fiscal que el año anterior llegó a los 25 billones de pesos. Estas son las estrategias propuestas.
Uno de los ejes principales que plantea el proyecto de ley de financiamiento es una reestructuración y modernización de la Dian para así atacar la evasión fiscal que en 2017 se llegó a estimar en $25 billones.
Delito de defraudación fiscal también aplicaría a asesores, contadores públicos o revisores fiscales que ayuden a los contribuyentes a no declarar y/o pagar impuestos. Quienes no reporten activos a partir de 3.900 millones de pesos serían procesados y se expondrían a cárcel entre 10 y 15 años.
En materia de normas antiabuso o antievasión, el proyecto de ley de financiamiento se quedó corto. Esa es la gran conclusión a la que llegaron los analistas tras haberlo conocido. Al final, el discurso que manejó el director de la Dian respecto a los evasores fiscales, quedó solo en palabras.
A través de la ley de financiamiento se busca contar con un régimen simple de tributación que sea amigo de las pequeñas y medianas empresas, así como generar elementos penales para meter a la cárcel a quienes se queden con el dinero de la nación y no paguen sus obligaciones tributarias.
Mientras el director de la Dian ha manifestado que se está pensando en penalizar la evasión fiscal con cárcel a partir de ciertos montos, expertos opinan que esto no sería conveniente, y que no todo incumplimiento tributario debería considerarse un delito. El debate está abierto.
Desde la llegada a la entidad de José Andrés Romero podría materializarse una reforma que le permita a la Dian desarrollar correctamente sus funciones tributarias, cambiarias y aduaneras en el país.
