Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
Daniel Sarmiento afirma que la mayoría de los programas de Contaduría Pública tienen problemas de enfoque en la formación.
El informe ROSC 2022 pone la lupa en el fortalecimiento de la institucionalidad del CTCP y de la JCC.
La tarjeta profesional no puede ser vitalicia; la acreditación debe renovarse.
Daniel Sarmiento Pavas, miembro del SMEIG y socio director de la firma ACS Audit & Consulting Services SAS, afirma que la estructura formativa y educativa de la Contaduría Pública tiene problemas, esto con base en el informe ROSC 2022.
Dice que las pruebas Saber Pro para la Contaduría Pública pueden incluir módulos de Normas Internacionales y el Código de Ética Internacional, pero estas no tienen ningún efecto práctico. Un estudiante para graduarse no necesita pasar las pruebas Saber Pro, solo presentarlas. Si las pierde, igual se gradúa.
Desde su punto de vista, hay que buscar una forma jurídica para que el Ministerio de Educación intervenga en el tema y en los requerimientos mínimos.
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Este contador público, administrador de empresas y especialista en Auditoría de Sistemas, advierte lo siguiente:
En el tema de los Estándares Internacionales de Educación es donde más fallas y debilidades presentamos. No están adoptados en el país y no hay una obligación de aplicarlos porque las universidades cuentan con autonomía para organizar sus currículos.
En cuanto a la educación continuada y de posgrados no tenemos ningún tipo de exigencia; está a cargo de las universidades. Se debería hacer como antes: intervenir supervisores y al CTCP.
De más o menos 250 programas de contaduría pública, solo el 12 % tiene acreditación de alta calidad. La mayoría de programas tiene problemas de enfoque en la formación para los futuros contadores públicos.
En cuanto a la estructura institucional, el informe ROSC 2022 establece la necesidad de dotar de una estructura apropiada al Consejo Nacional de la Contaduría Pública –CTCP–, de manera que tenga un rol más protagónico, tanto a nivel nacional como internacional.
Este experto contable acreditado por la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas explica lo siguiente:
De igual forma, asignar facultades legales a las organizaciones profesionales, lo que implica que tengan la facultad legal de otorgar la certificación por actualización profesional y que sea un requisito para ejercer, dependiendo del tipo de ejercicio. Una cosa es ser contador público preparados de información, y otra es ser revisor fiscal o auditor.
Estas entidades también deben tener la capacidad legal de examinar la suficiencia técnica mediante pruebas que tengan validez jurídica. Esto no existe en el país, y sería una buena práctica internacional.
En lo concerniente al rol de la Junta Central de Contadores –JCC–, esta entidad también requiere una reforma estructural y de enfoque. Desde hace años se comenta que los miembros del Tribunal Disciplinario deben tener dedicación exclusiva.
Se requieren unos inspectores con mayor nivel y con un enfoque preventivo y no reactivo, que en la práctica es lo que ocurre hoy.
En cuanto a la forma de ejercer la profesión contable, Sarmiento Pavas manifiesta que se deben mejorar los requisitos de entrada al ejercicio.
La tarjeta profesional no puede ser vitalicia, tiene que haber una renovación de la acreditación; se debe presentar un cambio en la regulación de las sanciones disciplinarias; así como una supervisión del ejercicio, especialmente en el control de calidad de la actuación de los contadores públicos y las sociedades de contadores públicos.
Fundada en el año 2000 con la misión de “elevar el nivel profesional del Contador Público”
