Etiqueta: semana 17 de julio

La DIAN recuerda que las declaraciones de renta presentadas por las personas naturales contribuyentes de este impuesto, a través del sistema alternativo IMAS, quedan en firme pasados seis meses desde la presentación de las mismas. No obstante, en caso de que el contribuyente solicite la devolución de un saldo a favor consignado en una declaración realizada a través del IMAS, y aun cuando ya haya operado la firmeza de dicho denuncio fiscal, el término de firmeza que aplicará será el dispuesto en el artículo 714 del ET, es decir, de 3 años desde la presentación de la solicitud de devolución. Cabe señalar que, para efectos de la verificación de la realidad del saldo a favor y de las retenciones que dieron origen al mismo, la administración contará con las facultades consagradas en el artículo 856 del ET.

Al revisar los artículos 305 y 306 de la Ley 1819 de 2016, junto con el Decreto 927 de 2017, que prevén y desarrollan las figuras de conciliación contencioso administrativas y la terminación por mutuo acuerdo de los procesos administrativos, aduaneros y cambiarios, no se observa ninguna mención en relación al alcance de estas figuras respecto del tratamiento de la gestión de riesgos, del que se pueda deducir que no obren como antecedente en el modelo de gestión que realice la entidad. Por tanto, las sanciones que se establezcan como resultado de los procesos de conciliación y terminación de mutuo que versen sobre procesos administrativos en materia tributaria, aduanero y cambiaria, que terminan con el pago del valor de las sanciones, intereses y actualización, según sea el caso, podrán o no hacer parte de los elementos contentivos del sistema de gestión de riesgo, dependiendo de los parámetros que en ese momento tenga establecido el modelo.

La DIAN precisa que el límite del 40% establecido en el artículo 336 del ET hace referencia a los ingresos depurados con los ingresos no constitutivos de renta, los cuales corresponden a los exceptuados expresamente por ley e imputables a la cédula de rentas de trabajo.

La emisión de acciones a un valor superior a la realidad patrimonial de la sociedad favorecería a quienes se abstuvieren de suscribir acciones en dichos términos, ya que se alteraría la proporción entre el patrimonio social y el número de acciones en circulación, resultando que los socios que no realizaron dichos aportes se vean beneficiados del valor intrínseco de sus acciones.

Respecto a la posibilidad de declarar la terminación unilateral del acuerdo de reestructuración de pasivos por situaciones diferentes a las establecidas en el artículo 35 de la Ley 550 de 1999, la Supersociedades señala que no es posible aducir eventos diferentes a los contemplados en el artículo 35, a efectos de declarar la terminación unilateral del acuerdo de reestructuración de pasivos.

La DIAN precisa que la prohibición contenida en el artículo 86 del ET, sobre el tratamiento como costo del IVA, no aplica para el caso previsto del artículo 115-2 del ET que trata sobre la deducción especial del IVA por la adquisición o importación de bienes de capital gravados a la tarifa general.

La DIAN precisa que el parágrafo del artículo 19-5 del ET establece un excepción a la regla general contenida en el primer inciso de dicho artículo, disponiendo que aun cuando la propiedad horizontal de uso residencial destine bienes o áreas comunes para la explotación comercial o industrial generando por dicha actividad rentas, no perderá la calidad de no contribuyente.

Los gastos de investigación o desarrollo en que incurra una entidad que aplique el marco técnico normativo para Pymes no son susceptibles de capitalización, aun cuando de forma posterior generen algún beneficio.

Las empresas industriales y comerciales del Estado no están obligadas a tener revisor fiscal en los términos del artículo 203 del Código de Comercio, pero si están sujetas al control fiscal que ejerce la Contraloría General de la República, en concordancia con el artículo 50 de la Ley 142 de 1994. Es importante tener en cuenta que dicho control se debe ejercer sobre los aportes y los actos o contratos que versen sobre las gestiones del Estado en su calidad de accionista. De acuerdo con lo anterior, el control se debe aplicar sobre la documentación que soporta los actos y contratos celebrados por el accionista o socio estatal, y no sobre la empresa de servicios públicos domiciliarios. Por otra parte, cabe precisar que las prestadoras de servicios públicos cuya naturaleza jurídica sea «sociedades por acciones», si están obligadas a llevar revisoría fiscal, pues estas se rigen por lo establecido en el Código de Comercio.

EL CTCP precisa que las entidades pertenecientes al Grupo 2 que forman parte del SGSSS y cajas de compensación familiar debieron presentar sus últimos estados financieros bajo el Decreto 2649 de 1993 con corte al 31 de diciembre de 2016, por lo que sus primeros estados financieros bajo el nuevo marco técnico normativo para Pymes serán con corte al 31 de diciembre de 2017.

Los criterios para la contabilización del fondo de imprevistos se encuentran en la «Orientación técnica No. 15» (Copropiedades de uso residencial o mixto –Grupos 1, 2 y 3–), emitido por el Consejo Técnico de la Contaduría Pública.

La DIAN recuerda que los servicios de alimentación prestados bajo contratos celebrados por instituciones del Estado con recursos públicos y destinados a la asistencia social se encuentran excluidos del impuesto nacional al consumo.