Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
La Ley de Transparencia crea el sistema de detección y alerta temprana para combatir el incremento patrimonial injustificado por parte de servidores públicos y conocer a los beneficiarios finales de los contratos.
El presidente de la República, Iván Duque, sancionó la Ley de Transparencia, Ley 2195 del 18 de enero de 2022, que levanta el velo corporativo de compañías para enfrentar a quienes pretenden lucrarse con los recursos públicos.
Con la firma de la ley, el denominado velo corporativo se levanta cuando se cuente con serios indicios de que la acción u omisión de una persona jurídica pueda determinar que existen casos de corrupción que ponen en riesgo los recursos públicos.
Sancionamos la Ley de Transparencia, que tiene como marco referencial la palabra probidad; promueve la colaboración armónica y, a su vez, independencia de poderes, y demuestra que se pueden realizar cambios estructurales en la lucha contra este flagelo. #ActúoContraLaCorrupción pic.twitter.com/JGiHseh6oX
— Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) January 18, 2022
Así mismo, aplica cuando la persona jurídica promueva o se encuentre en estado de insolvencia o liquidación, y ponga en riesgo el resarcimiento del patrimonio público afectado.
Finalmente, cuando la lesión al patrimonio público o a la afectación de intereses patrimoniales de naturaleza pública, se haya generado por explotación o apropiación de bienes o recursos públicos en beneficio de terceros.
De la misma manera, la norma habilita la enajenación temprana de bienes afectados con medidas cautelares con fines de comiso, con el objetivo de facilitar su monetización y administración.
Adicionalmente, la ley plantea desarrollar programas de transparencia y ética empresarial de obligatorio cumplimiento para todos los sectores, así como fortalecer proyectos educativos institucionales en los colegios.
Se crea, además, el sistema de detección y alerta temprana para combatir el incremento patrimonial injustificado por parte de servidores públicos y conocer a los beneficiarios finales de los contratos, entre otras acciones.
Fuente: Presidencia de la República.
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