Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
En abril del año pasado la Congresista Alba Luz Pinilla advirtió cómo el modelo que se estaba implantando con la liquidación del ISS y la creación de Colpensiones afectaría el derecho constitucional de los colombianos a no pensionarse por debajo de un salario mínimo.
De igual manera, ella aseguró que Colpensiones no estaba preparada para entrar a funcionar correctamente. La entidad no estaba lista ni técnica, ni administrativamente para asumir el reto del manejo del régimen de prima media en Colombia y tampoco el nuevo modelo de Beneficios Económicos Periódicos (BEPS). Hoy esa ‘visión’ es una realidad.
Resulta ser que la Contraloría General de la República hizo un llamado de atención al Gobierno para que le ponga un alto en el camino a la grave situación en la que se están viendo involucrados los afiliados al régimen de prima media para obtener su reconocimiento pensional o contar con información sobre estos procesos, por el deficiente servicio que reciben estos usuarios, tanto del ISS en liquidación como del nuevo administrador Colpensiones.
Para la Contraloría el incumplimiento de las funciones de las dos entidades, “impide el reconocimiento oportuno de pensiones, reliquidaciones, sustituciones pensionales, indemnización sustitutiva, conmutaciones y auxilios funerarios, que obligan a que las personas que consideran que han adquirido sus derechos, los reclamen vía tutela, congestionando con esto las instituciones que administran justicia”, dijo la Contralora General de la República, Sandra Morelli Rico.
Según Morelli, “esta situación necesariamente implica el incremento de sus presupuestos para atender las obligaciones derivadas de las actuaciones adelantadas y de las pensiones reconocidas y pueden conllevar a un detrimento patrimonial para el Estado, aumentando el gasto público para atender los procesos judiciales, las tutelas y acciones de desacato que se les notifiquen, o en su defecto, hacen que deba contratar personal para que preste sus servicios en asesoría jurídica o defensa judicial”.
Como lo publica Portafolio, la funcionaria agrega que “los problemas en el tema pensional relacionados con estas dos entidades generan la vulneración de los derechos fundamentales de los ciudadanos colombianos a la vida, la salud y la seguridad social”.
Consideró además que se han invertido considerables recursos en el montaje de la nueva administradora, Colpensiones, así como en el alistamiento del ISS para la entrega de la información de sus afiliados y pensionados, sin que se vea la eficacia de tales gastos.
En investigación realizada por el diario El Tiempo, este medio afirma que se están presentando fallas en el manejo de los datos de Colpensiones que heredó del Seguro, situación que han propiciado desde liquidación errada de pensiones hasta pérdida de semanas de algunos cotizantes.
El propio presidente de la entidad Pedro Nel Ospina admitió que el ministro del Trabajo, Rafael Pardo, tuvo problemas para acceder a su historia laboral. También tuvieron que pedir ayuda para corregir los formatos y para elaborar la nómina del primer mes.
Hoy, la situación es tal que Colpensiones admite que es incapaz de atender las peticiones en materia pensional que vienen rezagadas y que está en aprietos para evacuar las 14.000 solicitudes que recibe cada mes.
Por lo anterior, Colpensiones está pidiendo un salvavidas a la Corte Constitucional; un amparo que reconoce una situación generalizada de violaciones de derechos fundamentales y que, de ser admitida, suspendería el cumplimiento de las tutelas e incidentes de desacato.
La Procuraduría ha sido tajante en decir que Colpensiones es la responsable de toda esta situación. Diana Ojeda, delegada para asuntos de Trabajo y Seguridad Social, ha pedido que no se otorguen más plazos.
Para ella, esta situación daría lugar a que la entidad evada la responsabilidad que asumió, de administrar el régimen pensional, y que se incrementen los términos de reconocimiento de derechos de miles de trabajadores. Varios jueces ya acusan a Colpensiones de evadir las notificaciones de fallos de tutela, obstaculizando su cumplimiento y apostándole a posibles nulidades.
La Procuraduría dice que la ineficiencia de Colpensiones no se justifica con la inversión que ha recibido. Antes de su apertura, ya se le habían inyectado más de 167.000 millones y su presupuesto es de 337.000 millones al año.
Colpensiones tiene cerca de 800.000 trámites represados, entre solicitudes de reconocimiento pensional, derechos de petición, correcciones laborales y más de 50.000 tutelas falladas en su contra, que se han traducido en varias órdenes de arresto para su presidente, Pedro Nel Ospina.
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