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El derecho de inspección permite a los socios conocer la situación de la empresa pero su reglamentación debe cumplir con la ley. Descubre cómo regularlo correctamente para evitar conflictos y proteger la información sensible sin afectar la transparencia.
El derecho de inspección permite a los socios acceder a la información financiera, contable, jurídica y administrativa de la empresa. Su reglamentación debe garantizar un equilibrio entre la transparencia y la protección de la gestión empresarial. Antes de las reuniones de asambleas de accionistas o juntas de socios, su ejercicio cobra especial importancia y debe realizarse conforme a la ley.
El derecho de inspección no es absoluto. Su ejercicio está sujeto a restricciones que buscan evitar el uso indebido de la información empresarial. Según el artículo 48 de la Ley 222 de 1995, los socios pueden acceder a los libros de actas, registros de socios, contabilidad, correspondencia y estados financieros, pero no a documentos protegidos por cláusulas de confidencialidad o secretos industriales.
La ley también establece plazos concretos para su ejercicio. En las sociedades anónimas debe realizarse 15 días hábiles antes de la reunión ordinaria de la asamblea de accionistas, mientras que en las sociedades por acciones simplificadas –SAS– el plazo se reduce a 5 días. En otros tipos societarios los estatutos pueden regular un acceso periódico o permanente, siempre que no interfieran con la gestión ni afecte el normal desarrollo de la administración.
Para evitar conflictos y garantizar que el derecho de inspección se ejerza dentro de los límites legales, las empresas deben establecer reglas claras en sus estatutos o en su reglamento interno. Estas son algunas de las mejores prácticas recomendadas según las pautas de la Supersociedades:
Para profundizar sobre el derecho de inspección, te invitamos a consultar nuestro Especial Actualícese Asambleas de accionistas y juntas de socios y de copropietarios en propiedad horizontal 2025.
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