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Artículo destacado

Tributaria

Gobierno reglamenta beneficios tributarios para empresas ubicadas en las Zomac

(Decreto 1650, octubre 09 de 2017, Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

De acuerdo con los artículos 236 y 237 de la Ley 1819 de 2016, las nuevas sociedades que sean micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, que tengan su domicilio principal y desarrollen toda su actividad económica en las zonas más afectadas por el conflicto armado –Zomac–, y que cumplan con los montos mínimos de inversión y de generación de empleo, podrán gozar de los beneficios en el cumplimiento de las obligaciones tributarias relacionadas con el impuesto de renta. No obstante, dada la necesidad de establecer las reglas para las reorganizaciones empresariales por parte de las sociedades que opten por estos los beneficios tributarios, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público expidió el Decreto 1650 del 9 de octubre de 2017, con el cual reglamenta esta materia.

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Estándares Internacionales

Factura puede elaborarse en un fecha diferente a aquella en la cual se realizó el reconocimiento de ingreso

(Concepto 772, septiembre 05 de 2017, Consejo Técnico de la Contaduría Pública)

Al resolver consulta respecto de si es necesario la anulación de facturas y generación de unas nuevas, dado que algunos clientes no reciben facturas con fechas posteriores al 20 o 25 de cada mes; el CTCP precisa que cuando un cliente no recibe la factura y la fecha de esta es distinta a la de la transferencia de los bienes o servicios involucrados, no es necesario tener que facturar formalmente para luego anular lo facturado. Pueden usarse otras alternativas para incluir la transacción en la contabilidad, como por ejemplo, controlar los valores por cobrar en una subcuenta de ingresos no facturados, elaborar notas contables como soporte del registro o cualquier otro procedimiento que garantice la integridad de la información y también un control interno apropiado a las circunstancias. Asimismo, el Consejo señala que aunque el reconocimiento del ingreso se debe hacer en el mes en el que se cumplen los criterios exigidos por el marco técnico respectivo para el efecto, la factura puede elaborarse en un momento diferente.

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Estándares Internacionales

Ingresos y gastos que surgen en el proceso de liquidación deben registrarse en contabilidad del liquidado

(Concepto 773, septiembre 05 de 2017, Consejo Técnico de la Contaduría Pública)

El efectivo, equivalentes de efectivo, inversiones, pasivos, ingresos y/o gastos en que se incurra en el desarrollo de las funciones que tiene a cargo el liquidador o el mandatario en relación con el liquidado, le pertenecen al liquidado y se deberán registrar en la contabilidad del liquidado, aplicando el marco normativo para entidades que no cumplen la hipotesis de negocio en marcha. Cabe señalar que la labor del representante legal de la liquidación y del mandatario frente a liquidado es de gestión, por ende, los activos, pasivos, ingresos y gastos que surgen del proceso de liquidación son del liquidado y se incorporan a la contabilidad de este. No obstante, es posible que en labor de encargo, el mandatario reciba ingreso que corresponden al liquidado, por tanto, este tendrá un pasivo con el liquidado. Por otra parte, el liquidador deberá registrar en su contabilidad el derecho que tiene a la remuneración pactada por ser el representante legal de la entidad que se está liquidando, aplicando el marco normativo que le corresponde como liquidador.

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Comercial

Procedimiento para hacer efectiva una garantía mobiliaria

(Oficio 220-212141, septiembre 28 de 2017, Superintendencia de Sociedades)

Respecto al procedimiento para el pago de una garantía mobiliaria, la Supersociedades precisa que frente al inclumplimiento del deudor, se puede ejecutar la garantía mobiliaria por los mecanismos de adjudicación o realización especial de la misma; para ello, el acreedor puede hacer requerimiento escrito al deudor, para que dentro del término de 10 días acuerde con él la procedencia de la ejecución especial. Cabe señalar que en caso de no hacerlo o cuando el bien objeto de garantía tenga un valor inferior a 20 smmlv, opera el mecanismo de ejecución judicial. A pesar de lo anterior, el acreedor podrá satisfacer su crédito directamente con los bienes dados en garantía por el valor del avalúo, cuando así se haya pactado de mutuo acuerdo entre las partes o cuando aquel sea tenedor del bien dado en garantía; no obstante, si el valor del bien supera el monto de la obligación garantizada, el acreedor deberá entregar el saldo a otros acreedores inscritos, al deudor o propietario del bien, para lo cual se debe constituir un depósito judicial a favor de uno u otro, el cual debe ser enviado al juzgado correspondiente.

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Comercial

Plazo de la oferta para la suscripción de acciones no puede ser indefinido

(Oficio 220-212352, septiembre 29 de 2017, Superintendencia de Sociedades)

La Supersociedades precisa que una vez aprobado el reglamento de suscripción de acciones por el órgano social competente, la sociedad dispone de un plazo máximo de 15 días hábiles para ofrecer las acciones con sujeción a los términos y condiciones establecidas en el reglamento respectivo; en ningún caso el plazo de la oferta podrá ser inferior a 15 días, ni exceder de 3 meses, lo que excluye la posibilidad de modificar este término o condicionar su eficacia a circunstancia alguna. Es importante aclarar que, uno es el término para que la sociedad formule la oferta de las acciones objeto de la suscripción proyectada, el cual se cuenta desde la fecha en que el órgano social competente aprueba el reglamento de colocación respectivo, y otro, el plazo de la oferta, eso es el tiempo de que podrán disponer los destinatarios para manifestar su aceptación y perfeccionar por ende el contrato. De acuerdo con lo anterior, ni el tiempo que transcurra entre la fecha de aprobación del reglamento de suscripción y la fecha en que se efectúe la propuesta, ni el plazo que se estipule en ésta para que los accionistas manifiesten su intención de suscribir acciones ofrecidas, puede ser indefinido.

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Laboral

Compañera permanente tiene derecho a pensión de sobrevivientes

(Sentencia SL8133 (44194), junio 07 de 2017, Corte Suprema de Justicia)

La Corte Suprema de Justicia precisa que, aunque inicialmente había sostenido que las compañeras permanentes del pensionado que falleciera con anterioridad a la vigencia de la Ley 113 de 1985, no tenían derecho a la sustitución pensional, en tanto este derecho solo era transmitido a las viudas, tal como lo disponía el artículo 1º de la Ley 33 de 1973, sí era posible la transmisión a las compañeras permanentes cuando el afiliado moría antes de reunir el requisito de la edad, pero con el tiempo de servicio (artículo 1º de la Ley 12 de 1975); sin embargo, reexaminó esta postura para concluir que no existía algún argumento lógico que indicara que el legislador, al expedir el artículo 1º de la Ley 12, tuviera la intención de consagrar un trato diferenciado para la compañera permanente del trabajador que fallece con el tiempo de servicio necesario para adquirir la pensión, pero sin reunir el requisito de la edad, frente a aquel que fallecía pensionado, o con derecho a esa prestación, ya que no existía un fundamento para ese proceder, pues, con mayor razón, tiene derecho al disfrute de la pensión de sobrevivientes la compañera permanente del trabajador que fallece con el tiempo de servicio y con la edad requerida.

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Tributaria

Contratos de estabilidad jurídica amparaban el impuesto al patrimonio de la Ley 1370 de 2009

(Sentencia 08001233300020140119601 (22757), julio 26 de 2017, Consejo de Estado)

Al resolver recurso de apelación, el Consejo de Estado señaló que, al no ser sujeto pasivo del impuesto al patrimonio por efecto de la suscripción del contrato de estabilidad jurídica, el contribuyente no se encontraba obligado a presentar la declaración y realizar el pago de dicho impuesto por el año gravable 2011, y que como consecuencia, al no existir valor a cargo sobre el cual liquidar la sobretasa de este impuesto, tampoco habría lugar a la misma. Al respecto, señaló también que el Concepto 098797 del 28 de diciembre de 2010 expedido por la Dian, en el cual la administración señalaba que el impuesto al patrimonio contenido en la Ley 1370 de 2009 constituía un nuevo impuesto que no era objeto de estabilidad jurídica, fue anulado por la sentencia del 30 de agosto de 2016 (Expediente 18636) al determinar que la Ley 1370 no creó un nuevo impuesto al patrimonio, sino que prorrogó la vigencia del impuesto al patrimonio que venía regulando la Ley 1111 de 2006. La consecuencia de esa interpretación es que el impuesto al patrimonio de la Ley 1370 estaba amparado por el régimen de estabilidad jurídica de la Ley 963 de 2005, por el tiempo que este se hubiere pactado, siempre que en el contrato de estabilidad jurídica se hubiera identificado expresamente el impuesto al patrimonio regulado por la Ley 1111.

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Tributaria

Corte Constitucional declara exequible decreto sobre medidas tributarias del Estado de Emergencia en Mocoa

Mediante la Sentencia C-517 del 10 de agosto de 2017, la Corte Constitucional declaró exequibles los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 10 del Decreto 731 de 2017, por el cual se dictan medidas tributarias dentro del estado de emergencia económica, social y ecológica en el municipio de Mocoa – Departamento del Putumayo. Asimismo, declaró exequibles los artículos 7 y 8 del mencionado decreto, en el entendido que los beneficios en el tratamiento en la retención en la fuente e impuesto sobre la renta otorgados a las personas jurídicas comprenden también a las personas naturales que realicen actividades industriales o comerciales y respecto de las rentas derivadas de dichas actividades.

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Comercial

Cesión de derechos herenciales es viable si se respeta el acuerdo de preferencia a que haya lugar

(Oficio 220-201952, septiembre 15 de 2017, Superintendencia de Sociedades)

Frente a la posibilidad de que el heredero de un accionista fallecido ceda la totalidad o parte de sus derechos hereditarios pretendiendo ceder así la condición de accionista del causante en una sociedad en la cual se ha pactado el derecho de preferencia para la negociación de las acciones, la Supersociedades precisa que tal operación resulta perfectamente viable, siempre que una vez adjudicada la participación accionaria dentro del proceso sucesorio y previamente a la inscripción de tal adjudicación en el libro de registro de accionistas, respecto de la parte accionaria cedida por el heredero, se surta el procedimiento estatutaria o legalmente establecido para agotar la posibilidad con que cuentan los demás accionistas para acceder con preferencia a la propiedad de las acciones.

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Comercial

Publicidad comparativa no está prohibida y no constituye competencia desleal si cumple ciertas condiciones

(Concepto 17108854, julio 04 de 2017, Superintendencia de Industria y Comercio)

Con relación a la protección del consumidor, existe una obligación para con los consumidores de ofrecerles información mínima acerca de productos o servicios, con el fin principal de permitirles tomar decisiones informadas. La responsabilidad por publicidad engañosa recae sobre los proveedores de productos o servicios; de ser demostrada la no correspondencia entre la publicidad con la realidad podrá ocasionar sanciones y acciones jurisdiccionales. Respecto al tema de competencia desleal, la publicidad comparativa no está prohibida, y se permite siempre y cuando estas no entreguen información incorrecta o falsa, no omitan verdades, y cuando sean susceptibles de comprobación y comparación. En este sentido, para que un acto de comparación sea considerado como competencia desleal tiene que: 1) tener extremos identificables, 2) ser público, 3) comparar con un tercero, 4) que contenga indicaciones o aseveraciones incorrectas o falsas, o se omita la verdad, y 5) que los extremos comparados sean comparables.

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Comercial

Al recolectar datos personales, responsable del tratamiento debe informar finalidad específica al titular

(Concepto 17204469, agosto 03 de 2017, Superintendencia de Industria y Comercio)

Los responsables del tratamiento de datos personales deben obtener la autorización por parte del titular a más tardar al momento de su recolección informándole la finalidad específica del tratamiento de los mismos, y deben utilizar mecanismos que garanticen su consulta posterior. Cabe señalar que los operadores de información pueden suministrar la información personal de manera verbal o escrita recolectada o suministrada a los titulares, a las personas debidamente autorizadas por el titular, a los causahabientes del titular, a los usuarios de información, a la autoridad judicial (previa orden judicial), a las entidades públicas del poder ejecutivo en ejercicio de sus funciones, a los órganos de control y demás entidades de investigación disciplinaria, fiscal, o administrativamente, a otros operadores de datos cuando se cuente con autorización del titular o cuando sin ser necesaria la autorización del titular el banco de datos de destino tenga la misma finalidad o una finalidad que comprenda la que tiene el operador que entrega los datos y a las personas autorizadas por la mencionada ley. Cabe resaltar que la información que los operadores pueden suministrar es aquella referida al nacimiento, ejecución y extinción de obligaciones dinerarias, independientemente de la naturaleza del contrato que les dé origen, así como la información relativa a las demás actividades propias del sector financiero o sobre el manejo financiero o los estados financieros del titular.

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Tributaria

Retención en la fuente en operaciones realizadas con tarjetas crédito y/o débito

(Oficio 023878, septiembre 04 de 2017, DIAN)

De acuerdo con el artículo 1.3.2.1.8 del Decreto 1625 de 2016, los pagos o abonos en cuenta que constituyan ingreso tributario para los contribuyentes del impuesto de renta, por concepto de ventas o servicios, realizadas a través de los sistemas de tarjetas de crédito y/o débito están sometidos a retención en la fuente a la tarifa del 1,5 %. Dicha retención debe ser practicada por las respectivas entidades emisoras de las tarjetas de crédito y/o débito en el momento del correspondiente pago o abono en cuenta a las personas o establecimientos afiliados, sobre el valor total de los pagos o abonos efectuados antes de descontar la comisión que corresponde a la emisora de la tarjeta y descontado el impuesto sobre las ventas generado por la operación gravada.

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Comercial

Regulación de plataformas electrónicas de servicios turísticos operadas desde el exterior

(Oficio 220-201641, septiembre 14 de 2017, Superintendencia de Sociedades)

Respecto de las personas naturales o jurídicas que prestan los servicios de intermediación para permitirle a los usuarios el acceso a las actividades turísticas a través de plataformas electrónicas de su autoría, creadas con el fin de obtener para sí una comisión, debe tenerse en cuenta lo dispuesto en las normas especiales en materia de turismo, particularmente el artículo 2.2.4.1.1.1 del Decreto 1074 de 2015, en torno a los servicios que son objeto de control, que se ejerce a través del Registro Nacional de Turismo, el cual establece que este solo es exigible para los prestadores de servicios turísticos que efectúen sus operaciones en Colombia, lo cual ha de entenderse en armonía con el criterio adoptado por la Jurisprudencia de la Corte Constitucional frente a la aplicación del Principio de Territorialidad de la ley, el cual reviste un sentido absoluto en varios artículos del Código Civil, a saber: 1) por virtud de su artículo 18 la ley colombiana es de obligatoria observancia tanto para los nacionales como para los extranjeros residentes en este país; 2) conforme al primer inciso del artículo 20 los bienes situados en territorio colombiano se sujetan a las disposiciones de este código; 3) la misma regla opera en relación con los contratos celebrados en país extraño sobre bienes situados en Colombia o que deban ejecutarse o producir efectos en el territorio nacional; 4) se sujetan a este código los actos jurídicos celebrados en Colombia, en cuanto a sus formalidades, contenido, validez y naturaleza, según el artículo 21 ibídem.

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Comercial

: Derecho al retracto solo puede negarse si se presente alguna de las excepciones fijadas en la ley

(Concepto 17140527, junio 30 de 2017, Superintendencia de Industria y Comercio)

En relación con el derecho de retracto, normado por el artículo 47 de la Ley 1480 de 2011, se debe tener en cuenta que es un derecho que asiste a todos aquellos consumidores que hayan adquirido productos (bienes o servicios) mediante sistemas de financiación otorgada por el productor o proveedor, venta de tiempo compartido o ventas que utilicen métodos no tradicionales o a distancia, en tanto cumplan con los requisitos fijados en la ley son las excepciones al derecho de retracto con las contenidas en las disposiciones normativas. Así pues, si un producto está incluido dentro aquellos sobre los cuales puede solicitarse el retracto y no está cobijado por alguna de las excepciones de ley, el consumidor podrá solicitar el retracto pertinente y el productor y/o proveedor estará en la obligación de otorgarlo. No obstante, cada caso deberá ser considerado de manera particular para establecer las circunstancias de modo tiempo y lugar que lleven a determinar si es viable la aplicación del derecho de retracto o si se presenta una excepción.

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Estándares Internacionales

Plusvalía relacionada con una entidad asociada debe ser incluida en los libros de inversión

(Concepto 663, julio 25 de 2017, Consejo Técnico de la Contaduría Pública)

El CTCP precisa que el método de participación no es un método de valoración, sino un método que reconoce las variaciones patrimoniales de la entidad en la que se invierte. Este método también se conoce como el método de consolidación a una línea, puesto que incorpora las variaciones que ocurren en el patrimonio de la entidad en la que se invierte desde la fecha inicial de adquisición. En el caso de una entidad clasificada en el grupo 2 que posea inversiones en subsidiarias, asociadas o negocios conjuntos, la amortización de la plusvalía implícita que se incorpora en el costo inicial de la inversión solo procede cuando en la medición posterior la entidad aplica el método de participación patrimonial, o se trata de una entidad controlada, cuando se elaboran los estados financieros consolidados. Cuando se utiliza el método del costo o el método del valor razonable (métodos de valoración) la plusvalía implícita no debe ser objeto de amortización. Cabe señalar que en el caso de las entidades del grupo 1 no es adecuado amortizar la plusvalía generada en la compra o adquisición de una inversión en un instrumento de patrimonio, teniendo en cuenta que la NIIF 3 y la NIC 36, no permiten su amortización, y esta solo podrá ser afectada por los importes de deterioro estimados cuando su importe en libros exceda su importe recuperable.

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Estándares Internacionales

CTCP explica las modificaciones a la Sección 34 del marco técnico normativo para pymes

(Concepto 788, septiembre 12 de 2017, Consejo Técnico de la Contaduría Pública)

El CTCP señala que las modificaciones a la sección 34 del estándar internacional para pymes consisten en la supresión del requerimiento de revelar información comparativa de la conciliación de los cambios en el importe en libros de los activos biológicos, la alineación de los requerimientos principales para el reconocimiento y medición de activos para exploración y evaluación con la NIIF 6 –Exploración y evaluación de recursos minerales–; y otros cambios consiguientes al párrafo 34.10(b) relativos a los cambios en la sección 2. Dichas modificaciones pueden ser consultadas en su totalidad en la página del Consejo Técnico de la Contaduría Pública: www.ctcp.gov.co.

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Tributaria

Base gravable del impuesto de vehículos automotores no incluidos en la resolución del Mintransporte

(Concepto 029198, septiembre 11 de 2017, Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

De acuerdo con el artículo 143 de la Ley 488 de 1998 que trata sobre la base gravable del impuesto sobre vehículos automotores, en aquellos casos en los que dentro de la tabla de avalúos expedida por el Ministerio de Transporte no figuren determinados vehículos que son objeto de impuesto, para efectos de su liquidación se podrá acudir al avalúo del vehículo sí incorporado en la resolución que más se asimile a sus características. Es decir que, la autorización para determinar la base gravable de los vehículos no incorporados a partir de aquel que más se le asimile, no parte de la resolución expedida por el Ministerio de Transporte, sino que se trata de un mandato legal. Cabe señalar que dicho artículo no condiciona la determinación de la base gravable en esos términos a una decisión de orden administrativo, es decir que no se hace necesario que el departamento como sujeto activo, o el Ministerio de Trasporte, emitan un pronunciamiento para que el contribuyente cuyo vehículo no se encuentre incluido en la resolución expedida por esa cartera determine la base gravable tomando el avalúo del vehículo que más se asimile en sus características al suyo.

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Tributaria

Fijan procedimiento para la determinación del impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco elaborado

(Decreto 1684, octubre 17 de 2017, Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

El Ministerio de Hacienda expidió el Decreto 1684 del 17 de octubre de 2017, mediante el cual adiciona el capítulo 6, título 1, parte 2 del Libro del Decreto 1625 de 2016 Único en materia tributaria, en lo relacionado con la determinación y distribución del impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco elaborado, fijando el procedimiento para determinar los ingresos adicionales que se generen a partir del 1 de enero de 2017 por el aumento de la tarifa del impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco elaborado, destinados a financiar el aseguramiento en salud y mantener las destinaciones de dicho impuesto, anteriores a la Ley 1819 de 2016.

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Comercial

Fortalecen la regulación y supervisión de los conglomerados financieros del país

(Ley 1870, septiembre 21 de 2017, Congreso de Colombia)

El Gobierno nacional expidió la Ley 1870 del 21 de septiembre de 2017, la cual tiene como propósito definir el ámbito de la supervisión y regulación de los conglomerados financieros en Colombia para velar por la estabilidad del sistema financiero. Así pues, a través de dicha ley se establecen instrumentos de intervención que tendrán como objetivo establecer reglas generales relacionadas con la suficiencia de capital por parte de las entidades financieras, aseguradoras y del mercado de valores que hagan parte de los conglomerados financieros, un marco adecuado de gestión frente a los riesgos financieros, de los conglomerados financieros y sus estándares de gobierno corporativo. Dichos instrumentos propenden por la obtención de información completa y oportuna que garantice la transparencia de las operaciones del conglomerado financiero y faciliten el ejercicio de la supervisión consolidada.

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Laboral

Para efectos pensionales, tiempo de servicio militar se computa en el régimen público y en el privado

(Concepto 1557, julio 1 de 2004, Consejo de Estado)

El Consejo de Estado precisa que, si bien la Ley 100 de 1993 derogó todas las disposiciones que le fueron contrarias, en términos del artículo 3 de la Ley 153 de 1887, dicha derogatoria no afecta la vigencia del artículo 40 de la Ley 48 de 1993, pues los beneficios por él otorgados constituyen desarrollo de precepto superior, que ordena conceder prerrogativas especiales como incentivo, por el cumplimiento de un deber constitucional. Por tanto, el tiempo de servicio militar se computa para efecto de derechos pensionales, tanto en el régimen general de seguridad social como en el especial de las fuerzas militares, incluido el del personal de soldados profesionales, pues la preceptivo del artículo 40 de la Ley 48 de 1993 se refiere de modo genérico a “todo colombiano que haya prestado el servicio militar obligatorio”, de donde se infiere que la efectividad del beneficio opera de manera automática una vez se haga valer para el reconocimiento de derechos pensionales, bien en el régimen general como en el propio de la fuerza pública. Estos son derechos que adquieren quienes prestan el servicio militar obligatorio.

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Tributaria

Aun sin moneda de $20 pesos, impuesto nacional al consumo de bolsas plásticas debe cobrarse sin problema

(Oficio 020901, agosto 04 de 2017, Dian)

La Dian recuerda que el impuesto nacional al consumo de bolsas plásticas recae sobre las personas naturales o jurídicas que opten por recibir bolsas plásticas para transportar productos adquiridos en un establecimiento comercial. Para el 2017, la tarifa de este impuesto será de $20 por cada bolsa plástica y este valor incrementará en $10 pesos por cada año hasta el año 2020, y los responsables del recaudo del mismo son los responsables del impuesto sobre las ventas. Asimismo, precisa que en todas las operaciones económicas se generan operaciones fraccionarias, y tanto el comercio como en general los diferentes establecimientos aplican los diferentes impuestos y tarifas sin contratiempo, por lo cual, el que no exista moneda de $20 en Colombia, no debe constituir impedimento para el cobro del impuesto nacional al consumo de bolsas plásticas.

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Tributaria

Tarifa del IVA aplicable en contratos celebrados con entidades pública

(Concepto 020888, agosto 04 de 2017, DIAN)

La Dian precisa que los contratos celebrados con entidades públicas o estatales, se rigen por la fecha de su resolución o acto de adjudicación o suscripción; con lo que es válido afirmar que todo contrato estatal (sin importar su régimen de contratación), celebrado previamente a la entrada en vigencia de la reforma tributaria estructural, seguirá ejecutándose a la tarifa del 16% de IVA. A menos que el mismo sea objeto de adición, entendiendo la misma como el incremento del valor inicialmente pactado en el contrato, cosa en el cual se someterá a la normatividad vigente a la fecha de la celebración de la adición. Asimismo, la entidad precisa que esta disposición aplica a todos los contratos celebrados con entidades públicas o estatales, sin importar su régimen de contratación y las normas presupuestales que lo regulen.

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Tributaria

En venta de bienes o prestación de servicios, entidades públicas deben expedir factura

(Concepto 020507, agosto 02 de 2017, DIAN)

La Dian precisa que la expedición de factura o documento equivalente constituye una obligación fiscal independientemente de la naturaleza jurídica de la entidad (pública o privada), o de su calidad de contribuyente o no; la ley y el reglamento señalan explícitamente los casos en los cuales no se requiere expedir factura, sin que entre ellos en encuentren las entidades públicas. Por lo anterior, es claro que la obligación de expedir factura se extiende a las entidades públicas que vendan bienes o prestan servicios. Cabe señalar que, de acuerdo con el Decreto 1001 de 1997, las entidades públicas quedan autorizadas para expedir documento equivalente; sin embargo, en la práctica existen entidades públicas que expiden factura con todos los requisitos de la ley, en particular, las responsables del impuesto sobre las ventas.

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Comercial

Uso del aval, fianza y garantía en operaciones de financiación

(Concepto 16465474, febrero 01 de 2017, Superintendencia de Industria y Comercio)

En relación con las operaciones con financiación reguladas por la Ley 1480 de 2011 y el Decreto 1074 de 2015, la Superintendencia de Industria y Comercio señala que el aval, la fianza y la garantía, no se encuentra reguladas de manera particular; sin embargo, hacen parte de la legislación comercial y pueden ser empleadas en tanto estén conforme con las leyes que regulan la materia. Cabe señalar que, para determinar si una situación encaja dentro de alguna de estas figuras, siempre y cuando tengan incidencia dentro de la normativa que regula las operaciones con financiación que son de conocimiento de la SIC, deberá realizarse dentro de una investigación donde se establezcan las circunstancias que lo individualizan, sin que sea viable establecerlo mediante un concepto. En caso de considerar que existe violación de sus derechos, podrá presentarse la respectiva queja ante la Superintendencia de Industria y Comercio.

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Comercial

Miembros de la cadena de producción deben reportar a la SIC productos defectuosos

(Concepto 16466958, febrero 06 de 2017, Superintendencia de Industria y Comercio)

De acuerdo con el Decreto 679 de 2016 contenido en el Decreto 1074 de 2015, los miembros de la cadena de producción deberán reportar cualquier circunstancia que ocasione o pueda ocasionar un evento adverso que atente contra la salud, la vida o la seguridad de las personas, dentro de los tres días siguientes a tal hecho; la aludida información deberá contener los requisitos señalados en el artículo 2.2.2.52.3 del Decreto 1074 de 2015. Adicionalmente, y de conformidad de la Circular 387 de 2016 proferida por el Ministerio de Comercio, Industrial y Turismo, los miembros de la cadena de producción de medicamentos, dispositivos médicos y reactivos de diagnóstico, deberán remitir a esta entidad la información dispuesta en los artículos 59 y 60 del Decreto 4725 de 2005 y en los artículos 12, 15,16 y 17 de la Resolución 4816 de 2008. Cabe señalar que la Superintendencia no ha establecido formatos para el reporte de eventos adversos; por lo anterior, mientras la información remitida incluya los requisitos de que tratan los artículos 2.2.2.52.3 del Decreto 1074 de 2015, 59 y 60 del Decreto 4725 de 2005 y 13, 15, 16 y 17 de la Resolución 4816 de 2008, los miembros de la cadena de producción podrán establecer la forma que consideren pertinente para dar cumplimiento al mencionado deber legal.

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Comercial

Negación de la garantía de un bien debe ir acompañada de un análisis técnico detallado

(Sentencia 00009804, octubre 06 de 2017, Superintendencia de Industria y Comercio)

La Superintendencia de Industria y Comercio señala que la garantía mínima de calidad e idoneidad de un bien o servicio no solo se suscribe a la calidad del objeto vendido o del servicio prestado, sino también al cumplimiento de los términos y condiciones pactados desde el momento mismo en que se realizó el contrato, dentro de los cuales naturalmente se encuentra la obligación de prestar un buen servicio, pues la no prestación o aún la simple dilación constituye una vulneración a los intereses legítimos de los consumidores en la medida en que no ven colmadas sus expectativas ni satisfechas las necesidades para las cuales se efectuó la compra. Cabe señalar que, cuando se presente negativa por parte del proveedor de cumplir con su deber de garantía respecto del servicio o bien argumentando mal uso por parte del consumidor, se tiene que no basta con la negativa de la garantía expresa por parte del mismo, si frente a la misma no se plantea, como es debido, un análisis técnico juicioso y detallado que de cuenta de la ocurrencia de una causal que exonere su responsabilidad y que en consecuencia lo libere de su obligación de cumplir con la garantía, en los términos del artículo 16 del Estatuto de Protección al Consumidor.

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Comercial

Usuarios de servicios postales pueden presentar solicitudes de indemnización en forma verbal

(Concepto 17320324, junio 10 de 2017, Superintendencia de Industria y Comercio)

Los usuarios de los servicios postales pueden presentar las peticiones, quejas y reclamos y las solicitudes de indemnización en forma verbal, escrita o mediante cualquier medio tecnológico o electrónico dispuesto para tal fin por los operadores postales. Para ello, los usuarios deben indicar su nombre e identificación, la fecha de imposición del objeto social, el nombre y dirección del remitente y del destinatario y los hechos en que se fundamenta la PQR o la solicitud de indemnización. Para responder las peticiones, quejas y reclamos o solicitudes de indemnización, los operadores tiene un término de 15 días hábiles, contados a partir de la fecha de su presentación; si el operador no atiende dentro de dicho término las peticiones, quejas, recurso de reposición o solicitudes de indemnización presentadas por los usuarios, operará de pleno derecho el silencio administrativo positivo, lo que significa que el reclamo, recurso o solicitud de indemnización ha sido resuelto de manera favorable al usuario.

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Comercial

Prenda de acciones para garantizar obligaciones del accionista con la sociedad

(Oficio 220-206012, septiembre 25 de 2017, Superintendencia de Sociedades)

Respecto de la imposibilidad que surge para que el socio de una sociedad de responsabilidad limitada constituya prenda sobre sus propias cuotas a favor de la sociedad, con el fin de respaldar obligaciones contraídas con la misma, la Supersociedades precisa que debe acudirse al principio general de derecho, según el cual, lo que no está prohibido, está permitido, máxime en materia mercantil donde prevalece la autonomía de la voluntad privada, de donde es dable reconocer que si bien el artículo 396 del Código de Comercio regula la readquisición de acciones y establece los requisitos imperativos para ese fin, entre ellos el pago con utilidades liquidas, tal disposición no prohibe de manera expresa, ni contempla regla alguna referida concretamente a la prenda de acciones, de la que se ocupa el mismo código en los artículo 1200 y siguientes, y de manera particular los artículos 410 y 411, ninguno de los cuales consagra limitaciones para la prenda de acciones o cuotas del titular a favor de la sociedad.

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Tributaria

Exclusión del IVA en servicios públicos domiciliarios no aplica al alumbrado público

(Oficio 902964, septiembre 05 de 2017, DIAN)

La Dian precisa que el servicio de alumbrado público tal y como lo expresa la Corte Constitucional no es un servicio público domiciliario, y por ende, la exclusión de que trata el numeral 4 del artículo 476 del ET, no cubre este servicio, y se restringe de manera exclusiva a la prestación de servicios públicos domiciliarios. Para su correcta interpretación se hace necesario acudir a lo previsto por la Ley 142 de 1994. Asimismo, la entidad señala que la exclusión prevista en el numeral 4 del artículo 476 del ET tiene un ámbito de regulación especial, la cual es establecer una exclusión a la prestación de servicios públicos domiciliarios, en la medida de protección y alivio a los bienes y servicios de la canasta familiar.

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Comercial

En fusión de sociedades extranjeras con sucursales en Colombia, absorbida se extingue sin proceso liquidatorio

(Oficio 220-209307, septiembre 27 de 2017, Superintendencia de Sociedades)

La Supersociedades precisa que cuando se presente la fusión de dos sociedades extranjeras con sucursales en Colombia, la sucursal de la sociedad absorbida se extingue sin necesidad de cumplir un proceso liquidatorio, pues como efecto de la formalización de la fusión, la absorbente adquiere los bienes y derechos de las sociedades absorbidas que desaparecen y se hace cargo de pagar el pasivo interno y externo de la sociedad absorbida titular en Colombia de la sucursal. Por tanto, formalizada la fusión, solo permanece y se mantiene en el país, la sucursal de la sociedad absorbente. Asimismo, la sociedad absorbente deberá cancelar el registro de la inversión extranjera perteneciente a la sociedad absorbida a través de la sucursal en Colombia, en los términos de la Circular DCIN 083 y sus modificaciones.

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Comercial

Constitución de empresa multinivel para negociación de monedas virtuales está prohibida

(Oficio 220-207096, septiembre 25 de 2017, Superintendencia de Sociedades)

La Supersociedades precisa que la Superintendencia Financiera, a través de las Cartas Circulares 29 y 78 del 26 de marzo de 2014 y 16 de noviembre de 2016, respectivamente, ha puesto en conocimiento del público que las llamadas criptomonedas no se encuentran reconocidas en el país como medio efectivo para adelantar ningún tipo de transacción económica por carecer de poder liberatorio de las obligaciones. Por lo anterior, resulta claro que en la actualidad no existe ningún tipo de reglamentación legal respecto de las monedas virtuales o criptomonedas, y ninguna entidad del Estado ejerce control sobre éstas; por lo tanto, quienes adquieran o realicen transacciones con ellas arriesgan voluntariamente su patrimonio. Por otra parte, respecto a la posibilidad de constituir una compañía multinivel cuyo propósito sea la negociación de monedas encriptadas, la supersociedades señala que no resulta viable, pues de acuerdo con el artículo 11 de la Ley 1700 de 2013, que regula la actividad empresarial bajo la modalidad multinivel, queda prohibido utilizar dicho medio.

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Liquidadores

Liquidación de Cesantías e Intereses de Cesantías

Este simulador te ayudará a calcular el valor de las cesantías para tus empleados.

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sin puntos ni comas
Entre 1 y 360 días

Información general

Salario mínimo legal vigente $ 737.717
Salario mínimo integral vigente $ 9.590.321
Auxilio de transporte $ 83.140
Unidad de Valor Tributario (UVT) $ 31.859

Liquidador de la Prima Legal de Servicios Semestral


Conózca más sobre la prima legal de servicios
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Entre 1 y 180 días


Información general

Salario mínimo legal vigente $ 737.717
Salario mínimo integral vigente $ 9.590.321
Auxilio de transporte $ 83.140
Unidad de Valor Tributario (UVT) $ 31.859

Este simulador te ayudará a calcular el valor de la liquidación
de las vacaciones de tus empleados.

Conózca más sobre las vacaciones
Conózca las fórmulas para Liquidación de Vacaciones

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Entre 1 y 360 días


Información general

Salario mínimo legal vigente $ 737.717
Salario mínimo integral vigente $ 9.590.321
Auxilio de transporte $ 83.140
Unidad de Valor Tributario (UVT) $ 31.859

Este simulador te ayudará a calcular el valor unitario de las horas Nocturnas,
Extras Diurnas/Nocturnas y Dominicales/Festivos de tus empleados.

Conózca más sobre las horas extras
Conózca las fórmulas para Liquidación de Horas extras

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Información general

Salario mínimo legal vigente $ 737.717
Salario mínimo integral vigente $ 9.590.321
Auxilio de transporte $ 83.140
Unidad de Valor Tributario (UVT) $ 31.859

Este simulador te ayudará a calcular el valor de los Aportes y Descuentos
de Nómina de Empleados del Servicio Doméstico.

Conózca más sobre la nómina para el servicio doméstico

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Información general

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Salario mínimo integral vigente $ 9.590.321
Auxilio de transporte $ 83.140
Unidad de Valor Tributario (UVT) $ 31.859
 
A diciembre 31 de 2013
Es decir, ¿capta y coloca recursos financieros en el público?
NOTA: Las entidades de "interés público" son las que se mencionan explícitamente en el parágrafo del artículo 1 del Decreto 3024 de 2013. No se es de "interés público" porque se presten servicios públicos como el de energía, gas, educación, salud o transporte, ni porque se vendan servicios al público. Debe estar especificada en el Decreto y vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia.

Por favor responda si cumple además las siguientes condiciones:

NIIF - NAI Oficiales

 

Las Normas Internacionales de Información Financiera -NIIF- y las Normas de Aseguramiento de la Información -NAI- se hicieron públicas en Colombia con el permiso de la Fundación IFRS, por el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, en colaboración con el Instituto Nacional de Contadores Públicos de Colombia.

Para acceder a la traducción oficial de los estándares puede ingresar a los siguientes enlaces:

Fundación IFRS: NIC y NIIF

Traducción al español de las Normas Internacionales de Información Financiera y sus interpretaciones.

Enlace: http://www.aplicaciones-mcit.gov.co/niif/login.php

IFAC: NAI

Norma Internacional de Auditoría, Norma Internacional de Control de Calidad, Norma Internacional sobre Compromisos de Revisión, Norma Internacional para Compromisos de Aseguramiento, Norma Internacional sobre Servicios Relacionados o al Glosario de Términos del Consejo de Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento.

Enlace: http://www.aplicaciones-mcit.gov.co/ifac/login.php

 

*La consulta solo está disponible para usuarios registrados. Si es la primera vez que ingresa, haga clic en el botón “registrarme” y siga los pasos indicados.

Indicadores y cifras relevantes

Impuesto de Renta
(artículo 249 del ET, modificado por artículo 100, Ley 1819 de 2016)
2017 34%
2016 25%
2015 25%
2014 25%
2013 33%
CREE - Impuesto a la Equidad
(artículo 23, Ley 1607 del 2012)
Impuesto derogado a partir del año gravable 2017
Artículo 376, Ley 1819 de 2016
9% de 2016 en adelante
Artículo 17, Ley 1739 de 2014
9% de para 2013, 2014, 2015
Artículo 23, Ley 1607 de 2012
Sanción Mínima
(artículo 639 del E.T.)
2017 $319.000
2016 $298.000
2015 $283.000
2014 $275.000
2013 $268.000
2012 $260.000
UVT
(Resolución 000071 de 2016)
2018 $33.156 (Proyectado)
2017 $31.859
2016 $29.753
2015 $28.279
2014 $27.485
IVA
19%
RETEIVA
15%
Sobretasa del CREE sobre Base Gravable
(artículo 22 Ley 1739 del 2014)
Sobretasa derogada a partir del año gravable 2017
Artículo 376, Ley 1819 de 2016
2016 6 %
2015 5 %
Impuesto a la Riqueza - Personas Jurídicas
(artículo 4, Ley 1739 del 2014)
2015 - Base gravable (cifras en miles)
> 0 y < 2.000.000 0.20%
>= 2.000.000 y < 3.000.000 0.35%
>= 3.000.000 y < 5.000.000 0.75%
>= 5.000.000 en adelante 1.15%
2016 - Base gravable (cifras en miles)
>0 y < 2.000.000 0.15%
>= 2.000.000 y < 3.000.000 0.25%
>= 3.000.000 y < 5.000.000 0.50%
>= 5.000.000 en adelante 1.00%
2017 - Base gravable (cifras en miles)
>0 y < 2.000.000 0.05%
>= 2.000.000 y < 3.000.000 0.10%
>= 3.000.000 y < 5.000.000 0.20%
>= 5.000.000 en adelante 0.40%
Impuesto a la Riqueza - Personas Naturales
(artículo 5 Ley 1739 del 2014)
2015 a 2018 - Base gravable (cifras en miles)
> 0 y < 2.000.000 0.125%
>= 2.000.000 y < 3.000.000 0,35%
>= 3.000.000 y < 5.000.000 0,75%
>= 5.000.000 en adelante 1,50%
Impuesto de Normalización Tributaria
(artículo 38, Ley 1739 del 2014)
2017 13,0%
2016 11,5%
2015 10,0%
IPC
(Ver tabla)
2016 5,75%
2015 6,77 %
2014 3,66 %
2013 1,94 %
2012 2,44%
Reajuste fiscal

Decreto 2202 de 2016

Para actualización de activos en declaración de renta por el año gravable 2016 a presentar en 2017.

7,08%
Tasa de Interés - DIAN

Artículo 279 de la Ley 1819 de 2016 de reforma tributaria (Modificación al artículo 635 del ET)

Tasa aplicable a las obligaciones administradas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales –DIAN–

29,73%

Interés Bancario Corriente - Superfinanciera
Consumo y Ordinario (Entre el 1 y 31 de octubre del 2017) 21,15%
Microcrédito (Entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2017) 36,76%
Consumo bajo monto (Entre el 1 de octubre de 2017 y el 30 de septiembre de 2018) 37,55%
Tasa de Usura - Superfinanciera
Consumo y Ordinario (Entre el 1 y 31 de octubre del 2017) 31,73%
Microcrédito (Entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2017) 55,14%
Consumo bajo monto (Entre el 1 de octubre de 2017 y el 30 de septiembre de 2018) 56,33%
Contribuyentes No obligados a presentar declaración
Sin importar la categoria a la que pertenezca la persona natural, es decir, si es
"empleado", "trabajador por cuenta propia" o "las demás personas naturales"
quedan exoneradas de declarar si durante el año gravable 2016 no fueron
responsables de IVA en el régimen común y adicionalmente cumplen con la
totalidad de los siguientes cinco (5) requisitos:
Requisito UVT Valor
Patrimonio Bruto a 31 Diciembre no supere $ 4.500 $ 133'889.000
Ingreso brutos a 31 de Diciembre inferiores a $ 1.400 $ 41'654.000
Consumo en tarjetas de Crédito no superen los $ 2.800 $ 83'308.000
Compras y consumos no superen los $ 2.800 $ 83'308.000
Consignaciones, depósitos o inversiones no superen los $ 4.500 $ 133'889.000
Salario integral
2017 $9.590.321
2016 $8.962.915
2015 $8.376.550
2014 $8.008.000
2013 $7.663.500
Salario Mínimo Legal
(Decreto 2552 de diciembre 30 del 2015)
2017 $ 737.717
2016 $ 689.455
2015 $ 644.350
2014 $ 616.000
2013 $ 589.500
Auxilio de Transporte
(Decreto 2553 de diciembre 30 del 2015)
2017 $83.140
2016 $77.700
2015 $74.000
2014 $72.000
2013 $70.500
Salud (aportes)
Para aquellas empresas que cumplen para
la exoneracion al Sistema de Seguridad
Social en Salud no aplica la tarifa de la
empresa
Total: $12.5%
Empresa: 8.5%
Trabajador 4%
Pensión (aportes)
Total: 16%
Empresa: 12%
Trabajador: 4%
Parafiscales
(aplica a salarios superiores a 10 SMLMV)
Sena: 2%
ICBF: 3%
C.Compens.Fam.: 4%
Recargos
Extra Diurna: +25%
Nocturna: +35%
Extra Nocturna: +75%
Dominical: +75%
Extra Dominical: +100%
Extra Dominical Nocturna: +150%