La ausencia de subsidios contundentes ha hecho que, además de despedir a sus empleados, muchas de las empresas se estén declarando en quiebra.
El FOME cuenta con 25,5 billones de pesos, pero se ha ejecutado solo la quinta parte de los recursos.
20 billones de pesos no se han ejecutado hasta el momento.
La afirmación es clara: desde el mes de abril, el Gobierno nacional sabía cuánto costaría subsidiar las nóminas de las empresas, y pese a que contaba con el dinero para apoyarlas, decidió no hacerlo.
Como consecuencia, millones de colombianos perdieron sus trabajos. Así lo establece el Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana en su artículo Los datos eran contundentes, ¿por qué el Gobierno decidió no proteger el empleo de los colombianos?
Entre febrero y mayo se destruyeron más de 5 millones de puestos de trabajo. Por una parte, las empresas formales al no facturar han tenido que hacer recortes; por otra, los informales también han visto su ingreso afectado por las restricciones derivadas del confinamiento. Casi uno de cada cinco empleos en el país se ha perdido.
La entidad realiza un análisis del subsidio a la nómina a través de las actas de las reuniones del comité de administración del Fondo de Mitigación de Emergencias –FOME–, creado por el Gobierno para gestionar los recursos destinados para atender la emergencia, donde se establece que los análisis se hicieron, pero la idea inexplicablemente se desechó.
Durante las tres primeras reuniones del comité se habló sobre el apoyo a las nóminas.
En la primera de estas se afirmaba que el costo mensual de las nóminas del sector privado asciende a 11,3 billones de pesos. Ese monto corresponde a la remuneración de 8,3 millones de empleados formales.
De ese total, la nómina para empleados que ganan menos de 5 salarios mínimos es de 9,2 billones de pesos.
«De entrada, es evidente que el costo de cualquier programa de subsidio a las nóminas afectadas por las medidas de aislamiento tenía que ser mucho menor que 11 billones de pesos al mes, a menos que se estuviera considerando el improbable escenario en el cual desaparecieran todos y cada uno de los empleos formales del país», indica el Observatorio Fiscal de la Javeriana.
Por otra parte, los miembros del comité indicaron que para garantizar el uso eficiente de los recursos del FOME, este programa debería tener un costo de alrededor de 2 billones de pesos mensuales.
Fue así como en la tercera reunión se dio luz verde al tema. Se aprobó “financiar con cargo a los recursos” del FOME “el beneficio de pago de nómina equivalente a aproximadamente 350.000 pesos por trabajador, por tres meses, para empresas que hayan percibido reducciones en sus ingresos de por lo menos 20 %”.
El observatorio indica que $350.000 son apenas el 40 % de un salario mínimo, una suma insuficiente para subsidiar una nómina formal, y que para llegar al tope de 2 billones de pesos al mes el subsidio tendría que haberse dado a casi todos los trabajadores formales del país.«Si se hicieron los cálculos sobre cuánto costaba subsidiar el ciento por ciento de las nóminas, ¿por qué el Gobierno nacional, en cabeza del Ministerio de Hacienda, decidió no hacerlo? La razón no es clara, pero lo cierto es que no fue por falta de recursos», reflexiona el observatorio.
El informe entregado en la primera sesión del comité dio cuenta de que el subsidio de todas las nóminas formales costaba 11 billones de pesos.
No todas las nóminas hubieran requerido el subsidio, así que esto no hubiera costado 11 billones mensuales.
«Si suponemos que se perdió uno de cada cinco empleos formales, estaríamos hablando de no más de 2,2 billones de pesos mensuales. Para los tres meses de cuarentena, el costo habría sido de 6,6 billones de pesos, menos del dinero que aún está sin ejecutarse en el FOME, según lo ha reportado el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana. ¿Por qué no se protegió el ingreso de millones de hogares?», indica la entidad.
Podría argumentarse que, aunque se sabía cuánto costaban todas las nóminas formales del país, para el momento en que se tomó la decisión no se sabía cuántos empleos estaban en riesgo de destruirse.
Eso no es cierto: un informe de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, publicado el 1 de abril, alertó con gran precisión sobre la situación de “2,8 millones de trabajadores formales cuyas actividades están en la línea del fuego de las medidas de aislamiento, así como sus familias”.
Según datos del informe, esto equivalía a decir que el 31 % de los empleados formales eran vulnerables.
Suponiendo que el costo de sus nóminas fuera más o menos proporcional a los 11 billones de pesos de nóminas del total, el costo de subsidiarlas en un ciento por ciento habría sido de 10,3 billones de pesos por tres meses, recursos que estaban disponibles en el FOME.
La experiencia internacional ha demostrado que sí es posible proteger el empleo desde los gobiernos nacionales.
Francia, por ejemplo, anunció en marzo ayudas para las empresas hasta por 300.000 millones de euros, y Dinamarca tomó medidas similares ese mismo mes.
En América Latina también se han brindado respaldos contundentes al empleo: en Argentina se anunció la inyección de más de 130.000 millones de pesos argentinos para ayudar a las empresas a pagar sueldos.
«Sin embargo y como contraste, las políticas implementadas por el Gobierno nacional han resultado insuficientes y, en esencia, poco efectivas para el panorama actual. Aplazar o reducir cargas tributarias no resuelve los problemas de las empresas que no están pudiendo pagar sus costos y gastos operacionales; empezando por la nómina. Es la ausencia de subsidios contundentes lo que ha hecho que, además de despedir a sus empleados, muchas de estas empresas se estén declarando en quiebra», critica el Observatorio Fiscal de la Javeriana.
Por otra parte, la iniciativa de otorgar préstamos tampoco ha mostrado mayor utilidad.
Las empresas no están vendiendo, así que endeudarse para contratar trabajadores o no afectar su planta de personal no parece ser una decisión sensata en términos financieros.
«El FOME cuenta con 25,5 billones de pesos. Sin embargo, no se ha ejecutado sino la quinta parte de los recursos. Con los más o menos 20 billones de pesos que siguen sin ejecutar hasta la fecha, se habrían podido subsidiar tres meses de nóminas incluso en los escenarios más improbables barajados por el comité de administración del FOME. ¿No valía la pena movilizar ese dinero para proteger el empleo de los colombianos?», afirma la entidad.
La conclusión del observatorio es contundente al afirmar que los miembros del comité administrador del FOME decidieron deliberadamente no actuar para respaldar las nóminas de miles de empresas.
Su decisión impactará negativamente el tejido laboral del país por los próximos años. Las consecuencias ya se están viendo.