Beneficios y exenciones tributarias requieren revisión y evaluación según su propósito

La red por la Justicia Tributaria considera que los beneficios tributarios deben revisarse minuciosamente, y sus propósitos concretos requieren ser evaluados, tarea que la Dian y el Ministerio de Hacienda no han hecho, a pesar de que los recursos actualmente representan cerca de 14 billones de pesos.

La red por la Justicia Tributaria en Colombia publicó su apunte económico 19, titulado Eliminar beneficios para crecer más y mejor, en el que argumenta que los beneficios tributarios que se ofrecen en nuestro país deben ser revisados. «En las reformas de 2012, 2014 y 2016 se le ha insistido al Congreso de la República, así como al Ejecutivo una revisión profunda de los beneficios otorgados a las empresas en Colombia, con una serie de propuestas concretas», se indica en la publicación.

Desde el Banco de la República se ha dicho que se debe considerar la eliminación de los beneficios tributarios que no tengan soporte técnico. «Las razones van desde la eficiencia, pasando por la eficacia, simplicidad, productividad, hasta la equidad esperada de un sistema tributario óptimo”, se asegura en el análisis.

Justicia Tributaria hace referencia a Villabona & Quimbay, quienes consideran que un aspecto que suscita mucha preocupación es la falta de juicio a la hora de otorgar los beneficios fiscales que generan un gasto al Estado como consecuencia de dejar de recaudar recursos por efecto de estos, debido a que:

• No existen estudios que establezcan la relación beneficio/costo antes de otorgar las gabelas tributarias.
• Tampoco hay una definición para el tiempo de duración del beneficio.
• No se ha realizado una evaluación final sobre el resultado obtenido.
• No hay un responsable que asuma los detrimentos patrimoniales de la nación cuando estos beneficios no operan adecuadamente.

En Colombia hay beneficios vigentes desde 1959, según el Inventario de Beneficios Tributarios de la Dian 2017. El Banco Mundial también advirtió al país en 2012 sobre esta situación, explicando que «la tendencia creciente en el número de gastos tributarios, observada durante la última década, es preocupante porque no se tiene conocimiento sobre el beneficio neto que puede derivar a la sociedad el uso de este instrumento de política pública».

Lo anterior se traduce en que las tarifas efectivas de tributación están muy lejos de las tarifas nominales, como lo asegura el Banco de la República: “las tasas de tributación estatutarias o nominales no reflejan fielmente la carga de impuestos sobre consumidores, trabajadores y propietarios del capital”, y agregan que las razones están relacionadas con los beneficios tributarios, la elusión y la evasión.

Otorgar nuevos beneficios debe dejar de ser un hecho político

• El crecimiento económico del país y de la mayor parte de sectores no depende del otorgamiento de beneficios tributarios.
• Las decisiones del extranjero respecto a la inversión en Colombia no están sujetas al monto de beneficio que se les otorgue, como varios ministros de hacienda han argumentado en los últimos Gobiernos.
• Sectores como el minero, un endémico generador de empleo, pero con alto crecimiento económico durante los años de bonanza, muestra que es el comportamiento de los precios internacionales de materias primas aquel que determina sus decisiones de inversión, no los beneficios tributarios, tal como la deducción de las regalías en el impuesto de renta que ‘tumbó’ el Consejo de Estado a finales de 2017.
• La revisión de los beneficios tributarios en Colombia tiene que pasar por una inspección minuciosa, en la cual se evalúen sus propósitos concretos, tarea que la Dian y el Ministerio de Hacienda no han querido hacer, a pesar de que los recursos actualmente representan cerca de 14 billones de pesos; esta deberá pasar por al menos dos reformas tributarias.
• Otorgar nuevos beneficios debe dejar de ser un hecho político. Estos cambios deben estar argumentados técnicamente, a la vez que se requiere establecer una temporalidad para su vigencia, con el fin de observar si cumple un propósito, o no pasa de socavar las arcas del Estado.

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