Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
El Gobierno nacional tiene el reto de mejorar el acceso al financiamiento por parte de micronegocios, población rural y mujeres para mejorar la inclusión financiera.
La mayoría de los productos financieros no están diseñados para atender los requisitos de la población no bancarizada.
El más reciente Reporte de Inclusión Financiera, correspondiente al primer trimestre de 2022, elaborado por Banca de las Oportunidades, indica que Colombia continúa solidificando la senda de crecimiento del indicador de acceso a productos financieros formales.
A marzo de este año, el número de adultos con un producto financiero de depósito o de crédito en establecimientos de crédito, cooperativas financieras y ONG microcrediticias llegó a 33,9 millones de pesos, lo que corresponde al 91,2 % de la población adulta del país.
De esta cifra, 28,3 millones tenían un producto financiero activo o vigente, correspondiente a un indicador de uso del 76,2 %.
#ComunicadodePrensa📢| Colombia continúa consolidando la senda de crecimiento del acceso a productos financieros formales. A marzo de 2022, el indicador llegó 91.2% y el de uso a 76,2%.
Mayor información en: https://t.co/aBfR0swwML pic.twitter.com/0K9TD1XWVW
— Banca de las Oportunidades (@BOportunidades) October 20, 2022
Al respecto, Paola Arias, directora de Banca de las Oportunidades, ha dicho que la pandemia llevó a millones de colombianos a cambiar la forma en que pagaban sus alimentos o la factura de servicios públicos, generando un mayor uso de los pagos digitales:
Tenemos una oportunidad crucial de consolidar un ecosistema de pagos digitales inclusivo que, a su vez, pueda desempeñar un papel fundamental en la dinamización del acceso al financiamiento.
Por su parte, el acceso al financiamiento se encuentra rezagado en el país, según lo presenta la Banca de las Oportunidades.
El 34,6 % de la población adulta tiene al menos un producto de crédito vigente, lo que equivale a 12,8 millones de personas.
La tarjeta de crédito fue la más utilizada con 8,0 millones, seguida por el crédito de consumo con 7,1 millones y el microcrédito con 2,3 millones.
Mejorar el acceso al financiamiento de la población desatendida, como los micronegocios, la población rural y las mujeres, y encontrar soluciones innovadoras y disruptivas para generar una base amplia y diversificada de fuentes de financiación, que incorpore tanto a la banca pública como la privada, a los esquemas cooperativos, es una prioridad del Gobierno nacional.
Gustavo Méndez, Socio Líder Regional de Servicios Financieros de Deloitte Spanish Latin America, critica que la mayoría de los productos financieros no están diseñados para atender a los requisitos de la población no bancarizada:
Un ejemplo práctico es que la oferta de créditos está enfocada a las personas que hacen parte de una nómina o que pueden demostrar sus ingresos.
Para él, contar con una mejor educación financiera permite decidir entre las diferentes opciones de ahorro e inversión existentes en el mercado, y así conocer cuál de ellas es la que más se ajusta a cada perfil para tomar una posición frente a las políticas económicas y sociales de un país.
Méndez destaca que en nuestro país la inclusión financiera presenta retos como:
Destaca que para hacerle frente a los anteriores puntos se han implementado acciones como la creación del programa Banca de las Oportunidades, cuyo propósito es promover el acceso a servicios financieros a familias en situación de pobreza, microempresarios, pequeñas y medianas empresas, y emprendedores.
De igual manera, está el avance en el modelo de corresponsales bancarios y cooperativos con los cuales se busca aumentar la cobertura de servicios financieros en todo el país.
En este punto se destaca el Decreto 222 de 2020, que simplifica este esquema a poblaciones tradicionalmente excluidas en zonas rurales y apartadas.
Por su parte, el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 definió los lineamientos para la focalización de créditos a pequeños productores, jóvenes y mujeres rurales. Méndez concluye Méndez que:
La inclusión financiera es un tema clave para avanzar en la reducción de la pobreza y la desigualdad, para integrar los servicios financieros con las actividades cotidianas de los ciudadanos.
Fundada en el año 2000 con la misión de “elevar el nivel profesional del Contador Público”
