Esto sería posible, mediante un proyecto de reforma al código penal que presentaría el Congreso de la República, contemplando la posibilidad de aumentar las penas contra los promotores o gestores de firmas que captan ilegalmente dinero del público.
Las penas para estas personas, estarían entre los 4 y 6 años de prisión.
De igual forma, las personas que pongan su dinero en manos no autorizadas, podrían ser llamadas por la Fiscalía y la DIAN para que expliquen el origen de los recursos y a rendir cuentas.
Oscar Iván Zuluaga, Ministro de Hacienda, señaló que muchas de estas empresas terminan involucradas en actividades ilícitas, implicando altos riesgos para todo el que esté entregando recursos a las mismas representando problemas judiciales a las personas.
De acuerdo a información gubernamental, esta forma de captación de dinero, ya está sobrepasando las fronteras Colombianas, extendiéndose a algunos países Centroamericanos.
