Actualización en Impuesto Predial

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Información General

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Este seminario es, en pocas palabras, el salvavidas para el Contador Público para no ahogarse en el mar de cambios que tienen los impuestos a la propiedad raiz, y un punto de inicio importante para el afianzamiento de su posición en la empresa como consultor de primer nivel. No lo pienses más…

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El año 2013, en materia de impuestos territoriales, nos trae interesantes modificaciones en la Ley 1607 de 2012, amén de las reglas de aplicación de las Leyes 1430 de 2010 y 1450 de 2011, como las señaladas en el Decreto 019 de 2012, así como normas Distritales y Municipales, como para Bogotá señala el Acuerdo 469 de 2011,  Medellín: Acuerdo 064 de 2012; Pereira: Acuerdo 041 de 2012; Montería: Acuerdo 053 de 2012; Cali: Acuerdo 0331 del 2012 y Armenia: Acuerdo 017 de 2012, así como los múltiples fallos emitidos por las Cortes Contencioso Administrativa y la numerosa doctrina emitida en materia tributaria por Bogotá D.C. y el Departamento de Cundinamarca .

En materia del impuesto predial unificado, debemos recordar que con la Ley 1430 de 2010, fueron modificados los sujetos pasivos del impuesto predial unificado, es así que el acuerdo 469 de 2011, establece como sujetos pasivos del impuesto a los propietario o poseedor de predios ubicados en la jurisdicción de Bogotá Distrito Capital. Responderán solidariamente por el pago del impuesto, el propietario y el poseedor del predio.

Así mismo señala que son sujetos pasivos del impuesto predial los tenedores a título de concesión, de inmuebles públicos.

Cuando se trate de predios sometidos al régimen de comunidad serán sujetos pasivos del gravamen los respectivos propietarios, cada cual en proporción a su cuota, acción o derecho del bien indiviso.

Cuando se trate de predios vinculados y/o constitutivos de un patrimonio autónomo serán sujetos pasivos del gravamen los respectivos fideicomitentes y/o beneficiarios del respectivo patrimonio.

Si el dominio del predio estuviere desmembrado por el usufructo, la carga tributaria será satisfecha por el usufructuario.

Por su parte la Ley 1607, incluye como sujetos pasivos a los arrendadores de los locales comerciales que se encuentran en los puertos y aeropuertos.

Debe observarse que el espectro de contribuyentes sujetos al impuesto predial se amplía de forma interesante, y que esta misma regla, aplica para todo el territorio nacional, en aplicación de las regulaciones señaladas en la Ley 14 de 1983, la Ley 44 de 1990 y la Ley 1430 de 2010.

Otra interesante regla que se introduce en el Distrito Capital con el Acuerdo 469 de 2011, es la figura del pago del impuesto predial con el predio, en la cual se señala que el impuesto predial unificado, por ser un gravamen real que recae sobre los bienes raíces, podrá hacerse efectivo sobre el respectivo predio independientemente de quien sea su propietario, de tal suerte que la Dirección Distrital de Impuestos de Bogotá “DIB” podrá perseguir el inmueble sea quien fuere el propietario, sin importar el título con el que lo haya adquirido, previo el debido proceso.

Esta disposición no tendrá lugar contra el tercero que haya adquirido el inmueble en pública subasta ordenada por el juez, caso en el cual el juez deberá cubrirlos con cargo al producto del remate.

Sin perjuicio de lo señalado en el inciso primero del artículo 9º del Acuerdo 469 de 2011, cuando se expidan liquidaciones oficiales de revisión con posterioridad a la transferencia del predio, la responsabilidad para el pago de los mayores valores determinados recae en cabeza del propietario y/o poseedor de la respectiva vigencia fiscal.

Esta regla aunque no es nueva en Bogotá D.C., tiene sus antecedente en el artículo 125 del Decreto Distrital 807 de 1993, genera para el fisco Distrital y para los demás fiscos a nivel nacional, en atención a lo señalado en el artículo 60 de la Ley 1430 de 2010, interesantes opciones, para efectuar el cobro de las obligaciones nacidas por concepto del impuesto predial, y obliga a los contribuyentes a  cerciorarse del cumplimiento de las obligaciones tributarias de los predios que desean adquirirse, so pena de verse involucrado en un proceso tributario, en donde el predio que se adquiera siempre respaldará la obligación tributaria insoluta, sin importar quién sea el contribuyente.

Otras medidas que debe tenerse presente para la vigencia 2013, son las señaladas en la Ley 1450 de 2011, la primera de ellas es la establecida en el artículo 23 de dicha ley, en ella se fijan aumentos tarifarios en el impuesto predial así:

“Artículo 23. Incremento de la tarifa mínima del Impuesto Predial Unificado. El artículo 4° de la Ley 44 de 1990 quedará así:

“Artículo 4°. La tarifa del impuesto predial unificado, a que se refiere la presente ley, será fijada por los respectivos Concejos municipales y distritales y oscilará entre el 5 por mil y el 16 por mil del respectivo avalúo.

Las tarifas deberán establecerse en cada municipio o distrito de manera diferencial y progresivo, teniendo en cuenta factores tales como:

1. Los estratos socioeconómicos.

2. Los usos del suelo en el sector urbano.

3. La antigüedad de la formación o actualización del Catastro.

4. El rango de área.

5. Avalúo Catastral.

A la propiedad inmueble urbana con destino económico habitacional o rural con destino económico agropecuario estrato 1, 2 y 3 y cuyo precio sea inferior a ciento treinta y cinco salarios mínimos mensuales legales vigentes (135 smlmv), se le aplicará las tarifas que establezca el respectivo Concejo Municipal o Distrital a partir del 2012 entre el 1 por mil y el 16 por mil.

El incremento de la tarifa se aplicará a partir del año 2012 de la siguiente manera: Para el 2012 el mínimo será el 3 por mil, en el 2013 el 4 por mil y en el 2014 el 5 por mil. Sin perjuicio de lo establecido en el inciso anterior para los estratos 1, 2 y 3.

A partir del año en el cual entren en aplicación las modificaciones de las tarifas, el cobro total del impuesto predial unificado resultante con base en ellas, no podrá exceder del 25% del monto liquidado por el mismo concepto en el año inmediatamente anterior, excepto en los casos que corresponda a cambios de los elementos físicos o económicos que se identifique en los procesos de actualización del catastro.

Las tarifas aplicables a los terrenos urbanizables no urbanizados teniendo en cuenta lo estatuido por la Ley 09 de 1989, y a los urbanizados no edificados, podrán ser superiores al límite señalado en el primer inciso de este artículo, sin que excedan del 33 por mil.

Parágrafo 1°. Para efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 24 de la Ley 44 de 1990, modificado por el artículo 184 de la Ley 223 de 1995, la tarifa aplicable para resguardos indígenas será la resultante del promedio ponderado de las tarifas definidas para los demás predios del respectivo municipio o distrito, según la metodología que expida el Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC.

Parágrafo 2°. Todo bien de uso público será excluido del impuesto predial, salvo aquellos que se encuentren expresamente gravados por la Ley”.

Así mismo encontramos el artículo 24 que señala:

“Artículo 24. Formación y actualización de los catastros. Las autoridades catastrales tienen la obligación de formar los catastros o actualizarlos en todos los municipios del país dentro de períodos máximos de cinco (5) años, con el fin de revisar los elementos físicos o jurídicos del catastro originados en mutaciones físicas, variaciones de uso o de productividad, obras públicas o condiciones locales del mercado inmobiliario. Las entidades territoriales y demás entidades que se beneficien de este proceso, lo cofinanciarán de acuerdo a sus competencias y al reglamento que expida el Gobierno Nacional.

El Instituto Geográfico Agustín Codazzi formulará, con el apoyo de los catastros descentralizados, una metodología que permita desarrollar la actualización permanente, para la aplicación por parte de estas entidades. De igual forma, establecerá para la actualización modelos que permitan estimar valores integrales de los predios acordes con la dinámica del mercado inmobiliario.

Parágrafo. El avalúo catastral de los bienes inmuebles fijado para los procesos de formación y actualización catastral a que se refiere este artículo, no podrá ser inferior al sesenta por ciento (60%) de su valor comercial.”

Estos incrementos tarifarios, pueden verse desproporcionados ya que la tarifa mínima vigente antes de la Ley 1450 era el 2 por mil, quedando la misma de forma progresiva  establecida en un cinco (5%o) por mil, lo cual se observa en conjunto con lo preceptuado en el artículo 24 de la misma Ley, en el cual se ordena  que las autoridades catastrales tienen la obligación de formar los catastros o actualizarlos en todos los municipios del país dentro de períodos máximos de cinco (5) años, con el fin de revisar los elementos físicos o jurídicos del catastro originados en mutaciones físicas, variaciones de uso o de productividad, obras públicas o condiciones locales del mercado inmobiliario, El avalúo catastral de los bienes inmuebles fijado para los procesos de formación y actualización catastral a que se refiere este artículo, no podrá ser inferior al sesenta por ciento (60%) de su valor comercial.

Lo que significa que si se acercan los valores de los predios catastralmente al avalúo comercial (se fija en un valor no inferior al 60% de este último) y se aumentan las tarifas en rangos altos, el incremento que se ve venir en este impuesto es preocupante, ya que  dos factores diferentes afectarán el impuesto liquidado, por un lado la base la cual puede incrementarse teniendo como único tope, el avalúo comercial, y de otro lado los incrementos tarifarios exagerados especialmente en los rangos mínimos

Temario de la conferencia

I. IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO

  1. Autorización Legal.
  2. Hecho generador.
  3. Causación.
  4. Período gravable.
  5. Sujeto pasivo.
  6. Exclusiones y exenciones.
  7. Base gravable.
  8. Avalúos Catastrales
    • Avalúos de formación
    • Avalúos de actualización
    •  Avalúos de conservación
  9. Tarifas.
  10. Casos especiales y ejemplos

Conferencista:

Dr. Harold Ferney Parra Ortiz

El Dr. Harold Ferney Parra Ortiz Es abogado, especialista en derecho tributario de la Universidad de Salamanca, dedicado al campo tributario del nivel territorial y nacional, Asesor jurídico Tributario, Socio de impuestos de la firma Parra Asociados, Asesores y Consultores, Profesor de Maestrías, posgrados y diplomados en Bogotá en la Universidad Externado de Colombia, Colegio Mayor del Rosario, Pontificia Universidad Javeriana, y Cámara de Comercio de Bogotá – Uniempresarial y en el resto del país en la Universidad del Norte (Barranquilla), Universidad de Cartagena, Universidad San Buenaventura (Cartagena), Universidad de Manizales, Universidad del Caldas (Manizales), Universidad Sur Colombiana (Neiva) Universidad San Buenaventura – CETA (Medellín), así como conferencista a nivel nacional en impuestos municipales, departamentales y procedimiento tributario, para sectores empresariales, académicos, institucionales y gremiales.

Contador público Fundación Universidad Central de Colombia, especialista en ciencias

tributarias del Instituto Superior de Capacitación en Derecho Tributario. Postgrado en

Revisoría Fiscal de Universidad Piloto de Colombia.

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