Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
Los recursos recaudados a través de obras por impuestos benefician a municipios identificados como zonas más afectadas por el conflicto armado –Zomac–.
Te contamos cuáles son los tres puntos que se buscan modificar con la publicación de un proyecto de decreto. Conoce más a continuación.
El Ministerio de Hacienda publicó el 27 de abril de 2022, para comentarios hasta el 11 de mayo de 2022, un proyecto de decreto a través del cual busca realizar actualizaciones y modificaciones alrededor del mecanismo de obras por impuestos.
Tres puntos se modificarían, como son: i) el Banco de Proyectos de Inversión de obras por impuestos ii) los proyectos financiables a través de obras por impuestos; y iii) los plazos para la presentación de los proyectos ante la Agencia de Renovación del Territorio –ART–.
A principios del mes de abril, desde el consejo directivo de la Federación Nacional de Departamentos, se entregó a los candidatos de la presidencia de Colombia un conjunto de propuestas.
Una de estas es aumentar el alcance del mecanismo de obras por impuestos, tanto en cupo como en tipo de entidades territoriales beneficiadas.
Mediante el Decreto 1915 de 2017 se puso en funcionamiento el mecanismo de obras por impuestos. Los recursos recaudados a través de este benefician a los municipios identificados como zonas más afectadas por el conflicto armado –Zomac– en infraestructura vial, educación pública, salud pública, agua potable o alcantarillado y energía.
Sin embargo, estos recursos podrían beneficiar al resto de las entidades territoriales reduciendo las brechas sociales y económicas.
El mecanismo de obras por impuestos promueve la participación del sector privado en proyectos productivos y en obras de construcción que aporten al desarrollo rural, a la agricultura y a la reactivación económica y social.
Con este mecanismo se promueve que el sector privado pague hasta el 50 % del impuesto de renta participando en grandes frentes de inversión como: salud pública, educación pública, agua potable y alcantarillado, energía y construcción y/o reparación de infraestructura vial, entre otros.
En el caso del sector educativo, por ejemplo, recientemente el Ministerio de Educación informó que a la fecha se han ejecutado 36 proyectos de dotación a través de este mecanismo, mediante los cuales se ha entregado mobiliario, material educativo y elementos tecnológicos, deportivos y artísticos en municipios PDET y Zomac a lo largo de todo el país.
Existen dos normas que abordan el mecanismo de obras por impuestos:
Po su parte, la Ley 2155 de 2021 modificó los incisos segundo y tercero del artículo 800-1 del ET, estableciendo que el objeto de los convenios será la inversión directa en la ejecución de proyectos de trascendencia económica y social en los diferentes municipios definidos como las zonas más afectadas por el conflicto armado –Zomac–.
Los proyectos a financiar podrán comprender las obras, servicios y erogaciones necesarias para su viabilidad, planeación, preoperación, ejecución, operación, mantenimiento e interventoría, en los términos establecidos por el manual operativo de obras por impuestos, según el caso.
También podrán ser considerados proyectos en jurisdicciones que, sin estar localizadas en las Zomac, resulten estratégicos para la reactivación económica y/o social de las Zomac o algunas de ellas.
De igual forma, accederán a los beneficios los territorios con altos índices de pobreza según los parámetros definidos por el Gobierno, los que carezcan total o parcialmente de una infraestructura para la provisión de servicios públicos domiciliarios, aquellos que estén localizados en las zonas no interconectadas y las áreas de desarrollo naranja.
El artículo 34 de la Ley 2155 de 2021 adicionó un parágrafo para brindar instrucciones generales respecto a este mecanismo, indicando que las obras por impuestos también serán aplicables a proyectos declarados de importancia nacional que resulten estratégicos para la reactivación económica y/o social de la Nación, aunque no se encuentren en las jurisdicciones antes señaladas, por lo que no requerirán autorización de la ART.
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