Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
Iván Daniel Jaramillo afirma en entrevista con Actualícese que la formalización laboral implica aumentar la cobertura en el sistema pensional, y así sensibilizar sobre la importancia del aseguramiento social y los réditos que esto significa para empleadores y trabajadores.
En el 2018 la informalidad laboral afectó a 10,8 millones de personas en el país, al ubicarse en el 48,2 %. La cifra del Dane mostró un pequeño avance al compararla con el 2017, cuando fue del 48,4 %. Además, se indicó que el trimestre del año anterior en el que se registró la tasa de informalidad más alta fue el de febrero, marzo y abril, cuando la cifra llegó al 48,6 %.
Para el trimestre septiembre – noviembre de 2018 la proporción de ocupados informales en las 13 ciudades y áreas metropolitanas fue de 46,9 %, y para el total de las 23 ciudades y áreas metropolitanas fue del 48,1 %. De las 23 ciudades y áreas metropolitanas, las que presentan la mayor proporción de informalidad fueron Cúcuta (70,1 %), Santa Marta (66,3 %) y Sincelejo (65,6 %). Por otra parte, las ciudades con menor proporción de informalidad correspondieron a Manizales (38,8 %), Medellín (41,5 %) y Bogotá (42,0 %).
El Dane plantea que en las 13 áreas metropolitanas hay 5,78 millones de trabajadores formales, mientras que los informales llegan a 5,1 millones. Es decir, hay más trabajadores formales que informales, pero la tendencia no avanza. En las 23 áreas que mide el Dane, los informales llegan a 5,8 millones de personas, y los formales a 6,2 millones. Dialogamos con Iván Daniel Jaramillo Jassir, director del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, respecto a este tema.
La estrategia debe centrarse en la sustitución de parámetros de medición de la informalidad laboral por parámetros de trabajo decente, incluyendo el aumento de la presencia institucional de inspección, vigilancia y control especializada en combinación con incentivos a la formalidad en el sistema de intervención laboral.
Se trata de una iniciativa incorporada en el Reino Unido, a partir de los denominados “contratos cero horas”, que incorporan trabajo a demanda, la cual debilita la seguridad en el ingreso y la estabilidad laboral.
La orientación por incluir a este grupo poblacional a los beneficios económicos periódicos –BEPS– implica la exclusión del sistema de seguridad social hacia un esquema de ahorro voluntario que derivaría en formalización espuria.
La formalidad debe estimularse a partir del crecimiento económico, el fortalecimiento del poder adquisitivo de los trabajadores y la inclusión de estímulos tributarios para la contratación formal directa que contribuya a la extensión del esquema de trabajo con garantía de derechos.
La formalización laboral implica el aumento en la cobertura del sistema pensional, lo cual debe ser promovido a través de estrategias de incentivos a la afiliación a dicho sistema, sensibilizando sobre la importancia del aseguramiento social y los réditos que ello significa para empleadores y trabajadores.
La presión hacia la informalidad de la contracción de la demanda de trabajo debe ser objeto de intervención por conducto de las políticas públicas en cabeza del Servicio Público de Empleo –SPE–, como agente institucional de intervención y promoción del acceso a trabajos en condiciones dignas y justas, de conformidad con lo consagrado en la Constitución.
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