Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
Para Walter Ante, los profesionales que ejercen la revisoría fiscal son garantes de confianza pública. Por esto, deben tener la suficiente evidencia documental para emitir una opinión.
Afirma que debemos estar preparados para cumplir todas las normas de auditoría para evidenciar nuestro trabajo.
Walter Ante Potes, contador público, especialista en Revisoría Fiscal y Administración Financiera, explica en #ConferenciasActualícese que uno de los grandes problemas que enfrenta la revisoría fiscal es la falta de conocimiento de la norma de auditoría relativa a la ejecución del trabajo.
No le sorprende que la mayoría de los profesionales no se hayan preparado técnicamente para desarrollar su labor de forma idónea, aspecto directamente relacionado con las primeras normas de auditoría, es decir, las personales.
Lo anterior permite visualizar, en principio, la falta de credibilidad del sector empresarial frente a la labor que desempeñan nuestros profesionales de la contaduría pública en la responsabilidad que asumen como revisores fiscales o auditores independientes.
Escucha de primera mano los argumentos de este consultor internacional certificado por la Bureau Veritas:
Ante Potes dice que debemos prepararnos para cumplir todas las normas de auditoría para evidenciar nuestro trabajo.
Además, agrega que, de no ser así, es necesario asumir las consecuencias y responsabilidades profesionales y éticas al no actuar debidamente con nuestro ejercicio de revisoría fiscal o auditoría independiente encomendado.
Ante Potes explica que los revisores fiscales están en la obligación, de acuerdo con las normas de auditoría general, de llevar papeles de trabajo y emitir los informes.
Los revisores fiscales son garantes de confianza pública, por lo que deben tener la suficiente evidencia documental para poder emitir una opinión. Hoy por hoy, si el revisor fiscal no tiene la suficiente evidencia documental, no se recomienda que pueda ser garante de confianza.
Otra de las razones importantes de tener evidencia documental suficiente es poder entregar dicha documentación a otro revisor fiscal y que este pueda comprenderla fácilmente.
Una de las entidades que tiene la facultad de inspección y vigilancia, según el catedrático, es la Junta Central de Contadores –JCC–, entidad que puede revisar la evidencia documental a través de papeles de trabajo, además de verificar el manejo del control de calidad y ética por medio de manuales.
La JCC también podrá verificar en detalle el proceso y seguimiento de las firmas a sus clientes, al igual que revisar el cumplimiento del artículo 5 de la Ley 1314 de 2009:
La Junta Central de Contadores deberá vigilar a los contadores públicos y firmas de contadores públicos para que cumplan con los objetivos anteriormente mencionados. De ahí parte el cumplimiento de la evidencia documental al resto de organizaciones.
En este punto, Ante Potes menciona que todo depende de la gravedad del hecho que haya cometido el revisor fiscal, por lo cual la Junta Central de Contadores mantiene su constante inspección y vigilancia.
Agrega que, de acuerdo con la gravedad de la falta, la sanción puede ser temporal o definitiva. En el caso de la primera, puede ser de un mes, dos meses o tres meses, todo depende del hecho.
El Tribunal Disciplinario de la Junta Central de Contadores es el encargado de determinar la gravedad de la falta y así poder establecer la sanción que se puede llevar, ya sea parcial o temporal.
Los revisores fiscales deben llevar la evidencia documental de su trabajo, con el objetivo de hacer mejor este, evitar sanciones y poder tener más veracidad y respaldo de sus opiniones.
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