Sector bancario, a reaccionar urgentemente contra el lavado de activos y financiación del terrorismo

Las instituciones financieras en Colombia son débiles; presentan una amenaza alta frente al financiamiento del terrorismo, y deben disminuir su vulnerabilidad al lavado de activos. Estas son algunas conclusiones que presenta para el país el “Informe de evaluación mutua de Colombia”.

En su informe Semana Económica del 28 de enero de 2019, Asobancaria publica los resultados del Informe de Evaluación Mutua de Colombia –IEM–, enfocados en las implicaciones para el sector financiero. En este, el Grupo de Acción Financiera Internacional –Gafi– evaluó el cumplimiento de los Estándares Internacionales en la lucha contra el lavado de activos –LA–, la financiación del terrorismo –FT– y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva –FPADM–.

Según los resultados, se observa que entre las recomendaciones del Gafi, que competen a las instituciones financieras, no hay ninguna incumplida. El 26,3 % están cumplidas, el 21,1 % están mayoritariamente cumplidas y el 47,8 % están parcialmente incumplidas. Lo anterior significa que el sector, en compañía de la Superfinanciera, debe realizar acciones urgentes, cuyos objetivos giren en torno a:

• Disminuir su vulnerabilidad al lavado de activos.
• Considerar como factor de riesgo la financiación del terrorismo.
• Establecer riesgos sectoriales.
• Aplicar sanciones más fuertes y cambiar la estrategia de la emisión de cartas de advertencia.
• Mejorar los mecanismos para el establecimiento de la información del beneficiario final.

Evaluación de las instituciones financieras nacionales

Frente a los riesgos y contexto LA/FT, y según la ENR, el sector bancario tiene un alto riesgo de lavado de activos. Alrededor del tema de política y coordinación ALA/CFT, la Superfinanciera tuvo una participación limitada en la ENR; el sector privado no es consciente de todas las amenazas y vulnerabilidades, y se requieren mejoras en las tareas de supervisión del sector financiero.

De igual forma, se requiere mejorar la calidad de los reportes de operaciones sospechosas –ROS–; el nivel de comprensión de los riesgos de LA/FT en el sector privado es irregular; el sector financiero no conoce los riesgos de FT y los sujetos supervisados por la Superfinanciera han desarrollado sistemas de gestión de riesgos según los requerimientos del Sarlaft, pero no hay documentación que respalde que dichas medidas mitiguen efectivamente los riesgos LA/FT.

¿Qué deben hacer estas?

Entiéndase por instituciones financieras los bancos, las sociedades de valores, las aseguradoras y las cooperativas de ahorro y crédito, las cuales deben:

• Afinar la gestión del riesgo de FT: los sistemas de gestión deben incorporar elementos, medidas de prevención y control frente a los riesgos de FT, previa comprensión del fenómeno.
• Cumplir con las obligaciones derivadas del beneficiario final: sensibilizar a aquellas IF que no tienen pleno conocimiento de estas obligaciones, para que adopten medidas específicas que garanticen que la información de todos los tipos de personas jurídicas es adecuada, precisa y actualizada.
• Mejorar la calidad de los ROS y reportar las operaciones intentadas: implementar mecanismos de retroalimentación de la calidad de los ROS entre la UIAF y los sujetos obligados, con el propósito de que la inteligencia financiera pueda servir como aporte para iniciar investigaciones y procesos penales de LAFT y sus delitos precedentes.

Calificación y medidas a tomar

El IEM dejó a Colombia en seguimiento intensificado. Por lo tanto, es urgente llevar a cabo modificaciones normativas para cumplir con las recomendaciones que no alcanzaron la calificación máxima. Para lograrlo se debe realizar un plan de acción que tenga como objetivo satisfacer las expectativas de los grupos relacionados en la lucha contra el lavado de activos/financiación contra el terrorismo/financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva –LA/FT/FPADM–, así como prevenir y mitigar los efectos derivados de estos flagelos.

Desde el punto de vista de Asobancaria es necesario:

• Actualizar la evaluación nacional de riesgos –ENR– con rigor metodológico: realizar una nueva ENR con la participación de todas las entidades involucradas en la cadena de prevención, detección, investigación y judicialización del LA/FT/PADM. La nueva evaluación debe darle igual importancia a la FT, y a la FPADM, como actualmente se tiene en materia de LA.
• Contar con una base da datos de beneficiarios finales: diseñar un sistema integrado y eficiente que facilite la identificación precisa y actualizada de los beneficiarios de estructuras complejas e internacionales.
• Aumentar las condenas por LA con delitos de fuente diferente al tráfico de estupefacientes: investigar y procesar sistemas complejos y con montos altos de LA que concuerden con el perfil de riesgo del país. También es necesario que la desnarcotización de estos fenómenos se vea reflejada en la identificación de las actividades ilícitas detrás del delito.
• Actualizar las tipologías de FT: el IEM indica que Colombia tiene una vulnerabilidad y una amenaza alta en este tema. Por lo tanto, se deben consolidar tipologías que puedan materializarse en las actividades licitas del país.
• Judicializar y sancionar los casos de FT: investigar, procesar y obtener condenas por el delito de FT acorde con el perfil de riesgo del país.

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