Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
Dar vía libre a la competencia a la baja tributaria beneficia a los más ricos del mundo, así como a las grandes multinacionales.
La decisión de la Ocde de cobrar un impuesto mínimo global a las grandes multinacionales es un paso en la dirección correcta, sin embargo, no es suficiente.
La competencia a la baja tributaria consiste en que algunos países optan por tarifas impositivas muy reducidas para, de esta forma, atraer capitales o para que los billonarios les lleven su riqueza. Así lo explica Rodrigo Uprimny en el artículo Por una justicia tributaria global.
En un principio, estas políticas pueden parecer racionales individualmente, pues a veces atraen mucha riqueza y capital. Sin embargo, el resultado colectivo es desastroso ya que erosiona la capacidad de los estados de recolectar suficientes impuestos para cumplir sus funciones, desarrollar sus programas sociales y redistribuir la riqueza para evitar desigualdades corrosivas.
La competencia a la baja tributaria erosiona la capacidad tributaria de los otros países y ha beneficiado a los más ricos del mundo y a las grandes multinacionales. ¿El resultado? Incremento de la desigualdad y menor capacidad de los Estados para satisfacer los derechos de su población.Desde su punto de vista, la estrategia más perversa de competencia a la baja tributaria son los paraísos fiscales, lugares que se caracterizan por no establecer tarifas mínimas, casi nulas, e incorporan un secreto bancario reforzado.
De igual manera, sus autoridades no cooperan con otros países para combatir la evasión y elusión tributaria. Por lo anterior, se facilita el lavado de activos provenientes de actividades criminales.
Para Uprimny, la lucha contra los paraísos fiscales y la competencia a la baja tributaria es un elemento esencial de cualquier esfuerzo por lograr un mundo más justo. Pero, ¿cómo hacerlo?
El ICRICT –Independent Commission for the Reform of International Corporate Taxation–, propone establecer una tarifa mínima corporativa global de 25 % sobre las ganancias que toda multinacional deba pagar en los países donde lleva a cabo sus actividades.
La decisión de la Ocde de cobrar un impuesto mínimo global a las grandes multinacionales es un paso en la dirección correcta, pero es insuficiente, ya que la tarifa prevista del 15 % es muy baja y los mecanismos de cobro beneficiarían a los países más ricos.
Por eso resulta interesante la iniciativa de varios países del Sur Global de impulsar en la ONU un tratado fiscal en esa dirección. Iniciativa que los gobiernos progresistas de la región, como Chile, Colombia y próximamente Brasil, deberían apoyar vigorosamente.
El cobro del impuesto global es una buena noticia para América Latina y el Caribe –ALC– y otros países en desarrollo, ya que puede contribuir para aumentar su recaudación tributaria desde las grandes empresas multinacionales.
Según el Banco Interamericano de Desarrollo –BID–, en su artículo Avances y desafíos de la nueva fiscalidad internacional, estimativas preliminares indican que el impacto recaudatorio podría superar los 3.000 millones de dólares anuales para ALC.
Con el impuesto se busca afrontar dos puntos. El primero, el creciente grado de digitalización y los nuevos modelos de negocios que proveen servicios y acceso de información de sus usuarios, permitiendo a las empresas tener una participación relevante en un mercado sin tener presencia física.
Segundo, que siga siendo posible reducir la carga tributaria trasladando utilidades a países de baja tributación, lo cual reconoce las debilidades de los mecanismos vigentes. En una economía abierta y globalizada, estos dos problemas afectan a todos los países.
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