Por regla general, no es permitido exigirle la prueba de embarazo a una mujer para ser contratada, tal como lo ha determinado la Corte Constitucional en muchas ocasiones, pues ha señalado que hacer exigencias adicionales a una mujer que por obvias razones no se le hacen a los hombres, como lo es la prueba de embarazo para acceder a un cargo, es una violación a la Constitución Política Nacional que establece en su artículo 43 lo siguiente:
“La mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades. La mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación. Durante el embarazo y después del parto gozará de especial asistencia y protección del Estado,…”
Sin embargo, aunque el Ministerio de Salud y Protección Social y la Corte Constitucional ha hecho lo correspondiente para evitar la discriminación de la mujer y más en estado de embarazo en cumplimiento de lo establecido en la Constitución Política; se ha considerado pertinente establecer algunas excepciones en las cuales si se puede exigir la prueba de embarazo en el proceso de contratación. Dichas excepciones son las labores establecidas en el artículo 2 del Decreto 2090 de 2003, a saber:
En los casos en los que se necesite a una mujer en actividades de alto riesgo, pero que no se encuentre mencionadas en el listado citado anteriormente, es recomendable solicitarle a la Administradora de Riesgos Laborales – ARL, que califique la actividad como de alto riesgo, antes de exigirle la prueba de embarazo a las aspirantes al cargo.
Una vez se tenga el concepto de la ARL con la calificación de la actividad, se debe acudir ante el inspector de trabajo y solicitar autorización para poder exigirle a las aspirantes al cargo la prueba de embarazo.