Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
Poner la lupa en Colpensiones a través de una reforma pensional controlaría distorsiones como la regresividad de los subsidios y la insostenibilidad del sistema.
Analistas le apuestan a la necesidad de integrar los dos regímenes pensionales con el fin de hacerlos complementarios.
El Consejo Privado de Competitividad –CPC–, en su Informe nacional de competitividad 2022-2003, capítulo “Pensiones”, afirma que, a pesar de las controversias técnicas, políticas y económicas, existe un consenso generalizado en cuanto a la responsabilidad impostergable que tiene el Estado de tramitar una reforma pensional estructural.
En este sentido, el Gobierno nacional ya tiró sus cartas con una reforma pensional basada en tres pilares. Por su parte, el CPC expone en su informe cuatro elementos que se deberían considerar y analizar en medio de dicha discusión.
Asofondos y Anif han explicado la insostenibilidad del régimen público de pensiones debido a la informalidad del mercado laboral y la transición demográfica. En este sentido, proponen el cierre de nuevas cotizaciones a Colpensiones con un régimen de transición hacia la capitalización de todos los afiliados:
Si bien con este modelo se controlan distorsiones como la regresividad de los subsidios y la insostenibilidad futura del sistema, también enfrenta desafíos. Por un lado, en el corto plazo aumenta el déficit fiscal, en tanto, Colpensiones dejaría de recibir recursos provenientes de las cotizaciones, llevando a que este faltante sea cubierto por el Gobierno.
Por otro lado, el mercado de las AFP tiene limitaciones en el otorgamiento de pensiones vitalicias, así como altas tasas de reemplazo, lo que podría derivar en tensiones políticas y rechazo social que pongan en duda la legitimidad del sistema.
Finalmente, esta propuesta no resuelve el problema de cobertura porque el sistema de capitalización se mantiene anclado a la contribución desde el empleo formal.
Aunque los requisitos para acceder a una pensión varían entre regímenes, la edad de retiro, el número de semanas cotizadas o el cálculo de la tasa de reemplazo inciden directamente sobre la cobertura, suficiencia y sostenibilidad del sistema pensional.
Estos parámetros pueden ser modificados a través de reformas. Sin embargo, estos ajustes, aunque necesarios, resultan impopulares.
Una de las propuestas de ajuste paramétrico que ha tomado relevancia es modificar el cálculo del ingreso base de liquidación –IBL– al promedio del total de la vida laboral del pensionado.
Actualmente, el cálculo de la pensión en el régimen público se realiza sobre la base de los últimos 10 años de ingreso laboral, lo que genera incentivos de traslado, a la vez que agudiza la regresividad y sostenibilidad del sistema.
Ampliar el horizonte salarial para este cálculo llevaría a una reducción de los subsidios implícitos, especialmente para las pensiones más altas.
Diversos analistas le han apostado a la necesidad de integrar los dos regímenes pensionales con los que cuenta Colombia con el fin de hacerlos complementarios.
El CPC explica que los sistemas de pilares se componen de: 1) un pilar cero que entrega transferencias monetarias a adultos mayores, financiado a través de gasto público (Colombia Mayor); 2) un pilar contributivo y de reparto que garantiza una tasa de reemplazo definida (régimen público); 3) un pilar basado en el ahorro obligatorio en cuentas individuales de capitalización (régimen privado); y 4) un pilar de ahorro voluntario flexible.
Para el CPC, el impacto de esta alternativa varía ampliamente en función del umbral de cotización al pilar de reparto, así como del monto de las pensiones entregadas por este.
A medida que el umbral de cotización obligatoria al primer pilar aumenta, el número de afiliados al RAIS y el ahorro pensional disminuyen, lo que puede conllevar a un desincentivo para las AFP de continuar en el mercado, suponiendo un riesgo para su operación.
Por otro lado, un sistema de pilares puede, o bien mejorar la sostenibilidad o bien empeorarla frente al estado actual, dependiendo de la focalización de los recursos para cubrir pensiones.
Finalmente, algunos analistas han propuesto una pensión universal ciudadana y financiada a través de la tributación que a su vez puede ser complementada con un ahorro voluntario, lo que posicionaría la pensión como un derecho, reduciendo la regresividad en el sistema y llevando la cobertura a la totalidad de adultos mayores.
No obstante, aunque esta alternativa resuelve el problema de cobertura, pone en riesgo la suficiencia del monto otorgado, en tanto deposita una alta confianza en la capacidad de previsión de los trabajadores para constituir un ahorro voluntario complementario.
Dadas las condiciones del mercado laboral, así como las falencias en educación financiera, es probable que una alta proporción de la población se enfrente a bajas tasas de reemplazo en su retiro.
Fundada en el año 2000 con la misión de “elevar el nivel profesional del Contador Público”
