Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
Desde el punto de vista del Ministerio Público, la norma es inconstitucional y acarrearía cargos injustificados para el Estado.
La Procuraduría pidió a la Corte Constitucional declarar inexequible la norma que establece que en los contratos de alianzas público-privadas anulados el Estado deberá reconocer al contratista todo lo ejecutado, con interés y actualización según el IPC, incluidos los convenios declarados nulos por causas relacionadas con conductas ilícitas.
La norma establece que en los contratos de alianzas público-privadas –APP– anulados “el Estado deberá reconocer al contratista todo lo ejecutado, con interés y actualización según el índice de precios al consumidor –IPC–, incluidos los convenios declarados nulos por causas relacionadas con conductas ilícitas”.
La ley fue demandada por el excontralor Edgardo Maya al considerar que podría abrir la puerta para que el Estado termine pagando a Odebrecht el soborno que cobró en el país por varias obras de infraestructura como la “Ruta del Sol”, que no se terminó.
Fuente: Procuraduría General de la Nación.
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